Iberdrola, Endesa y Naturgy abren las negociaciones para mantener Almaraz hasta 2030

Fue una solución de urgencia en la que todos estuvieron de acuerdo, aunque cada empresa tiene sus propios intereses. En los últimos cinco años se asumió esta circunstancia, pero en 2024 empezó a crecer una corriente pronuclear que, finalmente, ha estallado en 2025 cuando los grupos políticos también han entrado en este debate.

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En este contexto, el Gobierno tiene una postura muy clara: hasta que nadie proponga lo contrario, y se pueda desarrollar una potencial negociación, el cierre del parque nuclear empezará en 2027 con el inicio del desmantelamiento de Almaraz, tal y como se contempla en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).

Sin embargo, para llegar a ese punto, primero deben ser las empresas las que tomen una postura común sobre el tema. Así, según ha podido conocer ABC en fuentes del mercado, los tres socios que tienen el control de Almaraz, Iberdrola (53%); Endesa (36%); y Naturgy (11%) estarían en disposición de sentarse a negociar el futuro de la planta.

La base de esa negociación, según ha podido saber este medio, sería alcanzar una serie de mínimos que permitieran prolongar la vida útil de la central extremeña, al menos, hasta 2030. Momento en el que coincide la actualización del Pniec, por lo que se podría abordar una negociación mayor; y porque prolongar su actividad hasta esa fecha no supondría muchas trabas técnicas al respecto.

En esa fecha, además, coincide el cese de actividad de Ascó I, que es propiedad al 100% de Endesa; y Cofrentes, que pertenece también por completo a Iberdrola. Por tanto, lo que se busca ahora es un «apaño» que sirva para darse un margen en una posterior negociación más a fondo sobre la situación.

Sin embargo, resolver esta situación no es sencillo. El actual movimiento que hay a favor de la energía nuclear, donde grupos políticos como el PP y Vox se han sumado, pone el foco de la responsabilidad en el Gobierno. Es cierto que corresponde al Ejecutivo tomar la decisión final sobre la planificación del sistema eléctrico, pero desde el Ministerio para la Transición Ecológica tienen su hoja de ruta muy clara y, de hecho, insisten en que deben ser las empresas quienes planteen las posibles alternativas.

Y aquí empieza el problema. Las grandes propietarias están de acuerdo en iniciar un debate interno sobre qué postura tener. Una decisión final, además, que debe ser unánime. Pero antes de que todo eso se produzca, en el caso concreto de Almaraz, debe ser Iberdrola como gestor operativo de la planta quien traslade al consejo de la sociedad la propuesta. Por ahora, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán no quiere pronunciarse al respecto. Es decir, el propio dirigente de la eléctrica ha realizado comentarios favorables hacia esta tecnología, pero no se ha pronunciado en primera persona sobre la continuidad de Almaraz.

Por si fueran pocos los problemas, en última instancia las empresas tienen una línea roja que no van a cruzar, y algunas se han manifestado de forma pública: si no existe una rebaja de impuestos y tasas, será imposible llegar a un acuerdo con el ministerio energético que comanda Sara Aagesen. Es decir, que incluso aunque Iberdrola eleve la propuesta, se pongan de acuerdo, canalicen sus intereses y negocien con Transición Ecológica, todo podría darse al traste por la fiscalidad.