El Gobierno multiplica por cuatro el dinero de la 'hucha' de las pensiones con las nuevas cuotas a empresas y trabajadores

La cifra anunciada por el departamento que dirige la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, supone que a finales de año el dinero de la 'hucha' se habría multiplicado por más de cuatro en sólo dos años, respecto a los 2.141 millones que registraba a finales de 2022. Ahora, bien la historia del Fondo de Reserva de estos dos últimos años está lejos de ser un periplo de mejora de los ingresos por el aumento del empleo que ha sido tan grande como para proveer al sistema de superávits suficientes como para alcanzar esa cifra de los 9.300 millones -300 millones de euros más de los esperado por el Gobierno para este año-.

Nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que entre 2022 y 2024 se ha experimentado una mejora sustancial del empleo. Según las afiliaciones registradas por la propia Seguridad Social los 21,19 millones de cotizantes registrados en el mes de septiembre son casi un millón más que los 20,29 millones del último mes de 2022 (concretamente 901.936 más). Pero también es relevante en este contexto que estos nuevos cotizantes han sido altamente insuficientes para cubrir el alza del gasto que se ha contabilizado en estos dos últimos ejercicios: de los 170.000 millones de 2022 a los 200.000 millones del presente ejercicio, unos 30.000 millones más.

Según los cálculos de Fedea, las contribuciones de empresas y trabajadores logran cubrir sólo el 70% de coste de las prestaciones contributivas. Es aquí donde se plantea una doble cuestión: ¿de donde sale el dinero para logar pagar todo el montante monetario de las pensiones? y, ¿por qué pese a la situación deficitaria del sistema, que arrastra un saldo negativo anual desde 2011. se está logrando multiplicar el 'ahorro' de la 'hucha' de las pensiones?

Ambas cuestiones obtienen respuesta en la normativa aprobada con la reforma de pensiones llevada a cabo por el Gobierno entre 2021 y 2023, pero las fuentes de financiación son de distinta naturaleza aunque tengan un mismo fin: aportar dinero extra a la Seguridad Social para que pueda afrontar sus compromisos de gasto anuales.

Para entender cómo la Seguridad Social logra dar cobertura a la totalidad del gasto, creciente, en pensiones de jubilación -las más costosas- y otras prestaciones hay que dar cuenta de las transferencias corrientes que viene aumentando el Estado de forma exponencial en los últimos años. Concretamente, la aportación procedente de los impuestos para el pago de pensiones se ha más que duplicado en el último lustro, pasando de los 19.910 millones de 2019 a los cerca de 43.500 millones de los que dispondrá este año -con presupuesto prorrogado de 2022-.

De este montante, la primera pata de la reforma de pensiones aprobada en 2021 es responsable de casi la mitad de la transferencia ya que casi 23.000 millones corresponden a lo que se denominaron como gastos impropios de la Seguridad Social, que se cargaron sobre las cuentas del Ministerio de Hacienda. Entre ellos: prestaciones contributivas de nacimiento y cuidado de menor, reducciones en la cotización a la Seguridad Social, subvenciones implícitas a REM. SEA y contratos de formación, integración de lagunas en cálculo de la pensión, complementos pensiones contributivas reconocidos en el art 60 de la LGSS, jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional, pensiones en favor de familiares, coste pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a edad ordinaria de jubilación, cuantía para cubrir otros conceptos de naturaleza no contributiva (subsidios desempleo) y complementos prestaciones contributivas sujetos a límites de ingresos (viudedad).

La segunda pregunta, de la que subyace la incoherencia del reflote de la 'hucha' de las pensiones en un contexto de cuentas deficitarias se suma el hecho de que este desequilibrio sería mucho mayor al reconocido oficialmente en la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social (poco más de 8.300 millones de euros) de no contar con esta asistencia económica procedente de los impuestos, tiene su respuesta parte en la primera pata de la reforma de pensiones y parte en la segunda sustanciada en marzo de 2023.

En la primera pata de la reforma se sustituyó el Factor de Sostenibilidad de las pensiones -aprobado por el PP en 2013 y que nunca llegó a entrar en vigor- por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que funciona como una nueva cuota finalista que se aplica sobre la nómina -buta- de la totalidad de afiliados a la Seguridad Social con independencia del nivel de la base reguladora, y de la que dan cuenta tanto empresas como trabajadores. En un principio estaba previsto que fuera un fijo del 0,6% pero que en la segunda parte de 2023 estableció una senda ascendente -0,7% del sueldo bruto en 2024 (0,58% lo paga el empresario y 0,12% se detrae de la nómina), que llegará al 1,2% en 2029.

Más allá, la curiosidad de esta cuota cuyos ahorros que se destinan directamente en el Fondo de Reserva están previstos ser consumidos en función de la necesidad financiera del momento a partir de 2032 para dar cobertura al denso gasto esperado por las jubilaciones del 'baby boom', no suponen una cuota contributiva del trabajado, es decir, no se contabilizan para el futuro cómputo de la pensión de jubilación.

Por lo que, el Gobierno habrá cuadriplicado el fondo de la 'hucha' de las pensiones a finales del presente ejercicio con dinero procedente de los sueldos -sin que esto cuente para su pensión- pese a que las cotizaciones que se pagan ordinariamente -contingencias comunes- y que ya salen de las retribuciones de los trabajadores están lejos de ser suficientes para el pago de las prestaciones de la Seguridad Social -con un déficit contributivo de cerca de 56.000 millones de euros contabilizando las Clases Pasivas del Estado-.