La Generalitat se procura un informe técnico que avala una quita de hasta el 40% de la deuda de Cataluña

Un informe recién publicado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, la institución que fiscaliza la gestión contable de la Generalitat al estilo de lo que hace el Tribunal de Cuentas con las del Estado, ha proporcionado al gobierno de Illa la munición académica que necesitaba para afrontar una negociación que se antoja complicada, ya no solo por la oposición de las autonomías del PP a esa condonación de deuda sino por las dudas de los expertos respecto a esta solución.

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El informe atribuye sin ambages la explosión del endeudamiento de Cataluña tras la crisis financiera a las lagunas del actual sistema de financiación autonómica, imputa a la supuesta infrafinanciación de la Generalitat hasta 33.570 millones de euros de sus deudas actuales (cerca de la mitad de la que adeuda al Estado por los mecanismos de financiación) y avala la transferencia al Estado hasta del 40% del pasivo actual que arrastra la administración autonómica catalana.

No es un simple diagnóstico de situación más. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña urge de forma expresa al Parlamento catalán y al gobierno de la Generalitat a negociar con el Estado la revisión de las necesidades de financiación para Cataluña sobre las que se construyó el sistema de financiación autonómica actual, que según la institución se han revelado como claramente infraestimadas; respetar el principio de ordinalidad en la distribución de los recursos del sistema, de modo que su contribución a la solidaridad no deterioro en exceso su capacidad fiscal; y emprender las acciones necesarias para conseguir «la revisión del endeudamiento de manera total o parcial», en referencia a la célebre quita que ERC acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El informe apuntala la premisa defendida por los partidos independentistas y avalada ya en varias ocasiones de manera formal por el Gobierno -aunque cuestionada por varios y prestigiosos académicos- de que Cataluña ha estado infrafinanciada en el actual sistema de financiación y en realidad supone un ejercicio de estimación de la magnitud del agujero generado en las cuentas de la Generalitat en función del parámetro que se utilice.

«Las carencias del sistema de financiación de 2009 han contribuido a la generalización del endeudamiento de Cataluña a partir del año 2009. En consecuencia, es condición necesaria para evitar que los problemas de endeudamiento generalizado se continúen produciendo, que estos defectos sean corregidos en la próxima revisión del sistema de financiación autonómica», concluye el informe, que ha contado con el asesoramiento del Instituto Valenciano de Investigación Económica, puntero en el cálculo de las deuda ilegítimas de las autonomías.

El trabajo del tribunal de cuentas catalán llega a la conclusión de que se mire por donde se mire Cataluña ha resultado perjudicada por el actual sistema de financiación y su deuda se ha visto inflada por este factor.

Hasta tal punto que, según el informe, si Cataluña hubiera recibido la misma financiación por habitante respecto al resto de comunidades autónomas que se le reconocía en el sistema de financiación autonómica anterior su endeudamiento al cierre de diciembre de 2022 no sería de 89.248 millones de euros, sino únicamente de 50.947 millones. La aceptación de esta singular premisa metodológica, que da por sentado que Cataluña ya estuvo infrafinanciada entre 2002 y 2008 pero que luego ese déficit se agravó, justificaría que el Estado asumiera nada menos que el 40% del endeudamiento catalán y tuviera que renunciar a prácticamente la mitad de los recursos que le adeuda Cataluña por la financiación barata a costa del Estado recibida del FLA y del resto de mecanismos de liquidez.

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Ese es, no obstante, el escenario más extremo. El trabajo de la Sindicatura concluye que si solo se tuviera en cuenta el agujero generado en las cuentas de la Generalitat por el desplome de los ingresos impositivos a partir de 2009 como consecuencia de la gran crisis financiera -una opción, por cierto, que se ha barajado en los contactos informales que el Gobierno ha mantenido con las autonomías y que asoma como una de las opciones para el cálculo de la quita- la magnitud de este sería de 32.692 millones de euros y la condonación debería alcanzar al 38% del endeudamiento total.

La cuenta de nuevo tiene sus singularidades, ya que considera como déficit de financiación la brecha entre los ingresos fiscales disponibles durante los años más duros de la crisis financiera con los ingresos medios que generó Cataluña en el periodo 2002-2008, en plena burbuja inmobiliaria. En cualquier caso el informe aclara que esta infrafinanciación fue colectiva y afectó a todas las comunidades autónomas de régimen común.

El trabajo perfila otros dos escenarios más, asociados por un lado a la pérdida de financiación asociada a las subidas de impuestos indirectos (IVA y especiales) decretadas por el Estado durante la crisis, que redujeron la dotación del Fondo de Suficiencia y la financiación por habitante ajustado y que según la Sindicatura explicarían hasta 22.810 millones de euros de la deuda catalana, si se agregan el impacto directo y el coste financiero del mismo, por encima de la cifra de 15.000 millones que el Gobierno acordó con ERC en los acuerdos de investidura.

El último escenario tenido en cuenta parece menos orientado a la quita que a la revisión del sistema de financiación autonómica, ya que estima el perjuicio que ha sufrido Cataluña por tener una financiación ajustada por habitante inferior a siete comunidades autónomas que tienen una capacidad fiscal inferior, lo que se pretende corregir con la instauración del principio de ordinalidad en el sistema. La Generalitat habría perdido 6.273 millones de euros, que explican el 7% del endeudamiento que tenía Cataluña al cierre de 2022.