La entrada de Sidenor en Talgo se enquista a la espera de un aplazamiento de la multa de 116 millones de Renfe

En el entorno de Sidenor hablan de «continuidad de las negociaciones» con Trilantic, pero esta misma semana el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del País Vasco, Mikel Jauregi, admitía públicamente que sobre la mesa hay dos temas cruciales, «tanto la multa de Renfe como las condiciones de refinanciación de la deuda que tiene Talgo con los bancos», dijo. Jauregi mostró su esperanza por cerrar pronto la operación, pero son dos asuntos delicados de los que habla. Sobre todo en cuanto atañe a la multa de Renfe. Tanto el operador como el Ministerio de Transportes como responsable último de este no están cerrados a aplazar o fraccionar la multa de 116 millones de euros -en el cajón aguarda otra sanción de 50 millones de euros por el lucro cesante de la no disponibilidad de los convoyes-, como ya comentó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pero se están viendo atados de pies y manos para hacer una concesión de ese calibre. El problema está en que el contrato adjudicado en 2018 para la fabricación de los 30 trenes Avril contiene una cláusula que obliga a Renfe a reclamar compensaciones ante eventuales retrasos en los pedidos, según un informe jurídico en manos de la empresa pública.

Noticia Relacionada

El Gobierno vasco quiere movilizar 4.000 millones con fondos públicos para «proteger la economía» de la región

Gerard Bono

Implica un endeudamiento de 1.000 millones a largo plazo con la modificación de los actuales presupuestos, justificado en la actual inestabilidad internacional

Mientras busca el encaje legal para ello, Renfe tiene paralizado un pago de 120 millones de euros a Talgo y este le ha llamado a un proceso monitorio para desbloquearlo y recibir el dinero, tal y como adelantó 'El Economista' y confirman a este periódico fuentes cercanas a la operación. Talgo amenaza incluso con llevar el proceso a los tribunales.

En cuanto a la refinanciación de la deuda, en sus últimas cuentas consta que Talgo deberá devolver 54 millones de euros este año a las 23 entidades financieras que conforman su 'pool' bancario y el año que viene casi 118. Mientras que entre 2027 y 2030 tiene pendientes otros 202 millones de euros.

Es decir, que para los próximos cinco años hay ya previstas devoluciones por valor de 374 millones de euros, una cifra que podría engordar por la cartera récord de pedidos que tiene Talgo, que la obliga a pedir más crédito a los bancos para poder avanzar con los trabajos. El consorcio vasco en el que Sidenor, el Gobierno vasco a través del fondo Finkatuz, y BBK aportan a la compra 45 millones a partes iguales, y Vital otros 20, quiere llegar a un acuerdo con varias de las entidades acreedoras para tratar de alargar los plazos de retorno de la deuda.

Ese sería el primer balón de oxígeno, mientras no se decarta la entrada de otros socios privados para ayudar a Talgo en capacidad de financiación y potenciar un plan industrial que resulta urgente. El Gobierno sigue guardándose el as en la manga de la SEPI para irrumpir en el fabricante y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a tender la mano públicamente a la polaca Pesa y a la india Jupiter Wagons para que puedan entrar en los próximos meses en la compañía. Ambas amagaron con lanzar una opa en febrero hasta que el propio Gobierno español les invitó a apartarse para dejar el camino libre a Sidenor y sus socios.