Las energéticas se rebelan contra Aagesen por su plan antiapagones

Se trata de un mecanismo que busca capacidad en el sistema eléctrico para que pueda estar siempre disponible para entrar en acción. Es decir, como si fuera una especie de seguro, el Gobierno abrirá una subasta pública para que las compañías ofrezcan sus centrales de producción de energía por si se origina un apagón. El plan se presentó a finales de 2024, y ha estado abierto una consulta pública hasta febrero. Según ha podido conocer ABC en fuentes del sector, ha habido un gran número de empresas y organizaciones sectoriales que han realizado sus opiniones y, en muchos casos, con críticas por cómo se ha formulado.

Noticia Relacionada

Golpe de EE.UU. a las renovables españolas con aranceles del 29%

David Alandete | CORRESPONSAL EN WASHINGTON

El malestar del sector arranca, en primer lugar, en el hecho de que no haya habido una negociación previa, en su momento con Teresa Ribera, para que no se hubiera llegado a esta situación donde casi nada convence.

Este plan, que destinará unos 800 millones de euros —aproximadamente—, aunque tampoco se tiene una noción muy clara, y esta es otra crítica, irá a parar a las empresas que pongan sus centrales a disposición del sistema. Por la tipología de lo que se necesita, las plantas de gas, los denominados ciclos combinados, serían los principales receptores. De hecho, se trata de una reivindicación de las compañías.

Con la entrada masiva de renovables, las centrales de gas han dejado de ser tan necesarias, y apenas se hace uso de ellas. Sin embargo, el Gobierno ha previsto en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) que de cara a 2030 todavía estén disponibles 25 GW, todo lo que hay ahora mismo.

Por eso, este plan antiapagones era una solución perfecta para todos, sobre todo los dueños de las plantas de gas. Como las renovables son intermitentes, y el fin de la energía nuclear se acerca, se necesita una tecnología de respaldo. Pero dicha tecnología, los ciclos combinados, tienen altos costes de mantenimiento. Por eso, con los mecanismos de capacidad se resolvía —en parte— el problema. Las empresas cobran por tener las centrales abiertas, y el Gobierno mantiene el sistema eléctrico equilibrado.

El problema ha surgido en cómo se han hecho las cosas. Las críticas llegan porque se genera una incertidumbre temporal. Por ahora se han diseñado unas subastas provisionales, pero dentro del sector no tienen claro cómo será el funcionamiento. En cuanto a la cantidad, también hay mucha incertidumbre. Fuentes del ministerio prefieren no llevar a cabo ningún tipo de pronóstico. Lo que se sabe es que el gasto lo asumirá el sistema eléctrico, cuya traducción simple es: todos los consumidores.

En este sentido, en la documentación referente a la consulta pública tampoco se quiere desvelar la cifra. El proceso es de subasta cerrada, es decir, las distintas empresas ofrecerán la capacidad de sus centrales, con una propuesta de lo que querrían cobrar por ello, y el Gobierno determinará en función de las necesidades lo que quiera. Por eso, argumentan que se provocaría un elemento distorsionador si se lanzan aproximaciones de lo que supondría este mercado de capacidad. Habrá que esperar por tanto a que se celebren las subastas.