Las empresas denuncian la intervención económica del Gobierno por las subidas reiteradas del SMI: un 64% en ocho años

Esta senda, denuncian las empresas, supone un golpe a la línea de flotación de un buen puñado de pequeños y medianos negocios en España que aún se lamen las heridas provocadas primero por la pandemia y también en el último año por la crisis inflacionista que ha llevado a un incremento desorbitado de los costes de producción. Mientras que en este periodo las pymes no han encontrado una contrapartida en los niveles de productividad, que se ha reducido un 3,6%.

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En este sentido, el aumento de las bases mínimas de cotización asociado al alza del SMI eleva, paralelamente a la producción de bienes y servicios, la factura de costes laborales. «La subida del SMI produce un efecto arrastre en el rango salarial de las empresas, al deparar la subida de otros sueldos de personal de superior escalafón, cargo o antigüedad», advierte la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme sobre el impacto indirecto que también tiene esta medida.

«Se torna en una herramienta de intervención de algunas ramas de actividad», advierten los empresarios argumentando que en sectores como la hostelería, el SMI supera el sueldo del 95% de los trabajadores, tal y como refleja el informe 'Repercusión de la subida del SMI en la pyme española' elaborado por Cepyme. Esa intervención se refleja también en el hecho de que la subida se impone sobre la voluntad pactada en los convenios colectivos y en que limita la autonomía del empresario para fijar las remuneraciones en función del entorno económico al que se enfrenta.

En este punto la patronal recuerda que la actualización también supone una subida de cotización para las empresas a la que se ha añadido desde enero de este año la aplicación del mecanismo de equidad que supone una cuota del 0,6% (de la que el empleador abona 0,5 puntos porcentuales). Un mix al que también aplica la subida de las bases máximas de cotización del 8,6% para este año. En cuanto al último aumento del SMI, de 80 euros mensuales en 14 pagas para 2023, se traduce en un aumento del coste mensual a 110,47 euros, incluyendo las cotizaciones sociales. De modo que un trabajador con el SMI costará este año a la empresa 1.485,68 euros más.

Salario mínimo como porcentaje del salario medio

Datos para 2022

35,4%

Hungría

Letonia

Rumanía

Estonia

Lituania

República Checa

Eslovaquia

Bulgaria

Alemania

Irlanda

Croacia

Países Bajos

Plonia

Malta

Luxemburgo

Bélgica

Eslovenia

Reino Unido

Francia

Portugal

Grecia

España

37,1%

39,7%

40,2%

40,6%

41,0%

41,5%

41,7%

41,8%

42,9%

43,4%

43,6%

44,1%

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45,5%

47,4%

48,1%

48,1%

49,2%

51,3%

54,8%

Fuente: Cepyme sobre la base de Eurostat e INE

ABC

Salario mínimo como

porcentaje del salario medio

Datos para 2022

35,4%

Hungría

Letonia

Rumanía

Estonia

Lituania

Rep. Checa

Eslovaquia

Bulgaria

Alemania

Irlanda

Croacia

Países Bajos

Plonia

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Bélgica

Eslovenia

Reino Unido

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37,1%

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51,3%

54,8%

Fuente

Cepyme sobre la base de Eurostat e INE

ABC

«Pedimos poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos cinco años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 47% y las bases máximas cerca de un 20%», señala el informe publicado en el día de ayer.

Explica Cepyme que las empresas de hasta 50 trabajadores son las que más sufren este aumento. «Debido a la tipología de estas compañías, el nuevo SMI se sitúa en el 70,7% del sueldo medio de la pyme española, muy por encima del objetivo de la Carta Social Europea de que el SMI suponga el 60% del salario medio». Cabe recordar que las pequeñas y medianas empresas pagan una retribución media de 1.517 euros, inferior al sueldo promedio global, que se sitúa en el entorno de los 1.800 euros mensuales.

Además, el aumento del salario mínimo no es neutral para el mercado de trabajo. Según cálculos de Cepyme, el aumento del umbral salarial mínimo desde 2018 ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 150.400 empleos por el agravamiento de las condiciones financieras de contratación.