Anticorrupción pide otros 59 años de cárcel para Villarejo por sus 'proyectos' para Iberdrola

El escrito de acusación, presentado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, insta sentar en el banquillo al abogado de las empresas de Villarejo, Rafael Redondo, para quien la Fiscalía pide 50 años y medio de prisión; junto al comisario retirado y otrora jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, al que se insta una pena de 42 años también por cohecho y revelación.

Asimismo, los tres de manera solidaria deberán afrontar indemnizaciones a las nueve personas cuyos secretos se vieron vulnerados que suman 285.000 euros de los que responderán subsidiariamente Iberdrola y la Administración General del Estado. En todo caso, insta el decomiso de «de los 1.455.064,14 euros abonados por el Grupo Iberdrola a Grupo Cenyt por la ejecución de los diferentes proyectos de investigación».

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Isabel Vega

A lo largo del escrito de acusación, la Fiscalía relata la decena de encargos que la eléctrica hizo a Villarejo entre 2004 y 2012 y que arrancaron con el denominado proyecto Arrow, por el que según la tesis de Anticorrupción, Asenjo, a sabiendas de que el comisario estaba en activo y «se serviría de dicha condición», le encomendó «una investigación» por los problemas que estaba teniendo Iberdrola para la construcción de una central térmica en Arcos de la Frontera (Cádiz).

En ese contexto, Villarejo se habría hecho con los tráficos de llamadas de dos responsables de Endesa, pues sospechaban que había una «conducta obstruccionista» desde la competencia, así como del que había sido alcalde en una localidad vecina y Arcos, junto a «todo tipo de información personal y profesional», de su concejal de urbanismo y de un activista que participaba en las protestas vecinales, entre otros.

Mientras, «través de terceras personas, procedieron a difundir noticias favorables para la compañía en los diferentes medios de comunicación de la zona, así como a neutralizar las informaciones que pudieran perjudicar a Iberdrola». En paralelo, se dedicaron a «magnificar e impulsar otros conflictos que algunos vecinos mantenían con la corporación municipal, como el que afectaba a una serie de parcelistas que demandaban infraestructuras para sus fincas» a fin de «desviar la atención» sobre la central.

Tras aquello llegaría el proyecto Aglow, en septiembre de 2004, que según la Fiscalía fue un punto de inflexión entre Asenjo y Villarejo. «En esta ocasión se planteó entre ambos encausados la posibilidad de establecer una colaboración permanente, a desplegar durante al menos un periodo de seis meses, y dirigida a obtener información de cualquier tipo que pudiera resultar relevante para la compañía Iberdrola y con la que pudiera defenderse frente a cualquier actuación en su contra en la zona de Cádiz -donde se había desarrollado el proyecto Arrow-, aunque pudiendo ampliarse de manera puntual a cualquier otra parte de España».

Después, constan «Black Board» y «Quarter», que incluyeron un espionaje al que fue ministro y luego presidente de Endesa, Manuel Pizarro, al hilo de una OPA en 2005 de Gas Natural; «Wind», por la que los investigados lo fueron de una empresa Suiza que tenía un conflicto con Iberdrola Renovables en Rumanía y directivos la propia energética española; o «Front» en busca de 'traidores' entre los trabajadores de la Nuclear de Cofrentes (Valencia).

Se les acusa asimismo por otras iniciativas, como «Posy», que en 2009 puso en el punto de mira del comisario Villarejo al presidente de ACS y ahora también del Real Madrid, Florentino Pérez, o «Sugus», también con datos reservados de terceros.

«Por la prestación de todos estos servicios de investigación, el Grupo Iberdrola abonó -mediante diferentes transferencias bancarias- al Grupo Cenyt, cuyo titular real era el encausado José Manuel Villarejo Pérez, el importe total de 1.047.324,14 euros entre los años 2004 y 2012. De dicha cantidad, Iberdrola Renovables, S.A. abonó 29.500 euros y el resto -1.017.824,14 euros- fueron abonados por Iberdrola, S.A», dice Anticorrupción.

De hecho, la filial llegó a estar investigada como persona jurídica, igual que el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, pero fueron exonerados durante la instrucción, en el caso de él, porque los hechos que se le atribuían habían prescrito.

Y las facturas que se expidieron, según la acusación, se falsearon, Primero, porque Villarejo, Redondo y Asenjo «procedieron a manipular los conceptos haciendo constar servicios diferentes a los efectivamente prestados y ello con la finalidad de ocultar la verdadera naturaleza» de los mismos. Segundo, porque el propio jefe de Seguridad de Iberdrola, «con la finalidad de ocultar los servicios encomendados» infringió las normas internas de contratación de la compañía.

«En efecto, el encausado Antonio Asenjo Martín procedió a tramitar las facturas emitidas por Grupo Cenyt entre 2004 y 2012 por el procedimiento interno de facturas sin pedido, y ello a pesar de que la normativa de la compañía no contemplaba que las facturas emitidas por Grupo Cenyt se pudieran gestionar para su correspondiente pago a través de dicha modalidad de contratación». Además, los primeros trabajos se encargaron por cuenta de Castellana de Seguridad (CASESA) «con pleno conocimiento y aquiescencia» de Asenjo.