El diálogo social entra ahora en la fase más dura tras encallar el SMI

De momento, la decisión sobre la cuantía del alza del SMI está en manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que deberá calibrar el equilibrio entre la negativa de los empresarios a subir ahora esta cuantía y la exigencia sindical de no llevar a cabo aumentos meramente estéticos.

Ayer, el pistoletazo de salida lo dio la mesa con la que se reiniciaba la negociación sobre pensiones. Más rutinaria que de contenido, la cita se saldó con el compromiso por parte de Seguridad Social de remitir una propuesta negro sobre blanco con algunos de los flecos que quedaron por atar en el acuerdo alcanzado en la primera parte de la reforma aprobada antes del verano, como la propuesta de cotización de los becarios, las parejas de hecho o el nuevo sistema por ingresos reales para los autónomos.

No obstante, quedó aplazado para próximas reuniones -la siguiente será el día 27- el comienzo de las conversaciones para diseñar el mecanismo de equidad intergeneracional que deberá sustituir al derogado factor de sostenibilidad. Gobierno y agentes sociales deberán concluirlo antes del 15 de noviembre y se incluirá en el proyecto de ley vía enmienda.

Precisamente otra de las grandes incógnitas está en el trámite parlamentario. El paquete aprobado llega este otoño al Congreso donde emprenderá un camino que no se antoja amable, tal y como ya le hicieron saber los grupos parlamentarios al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , durante su última comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo . Y es que la reforma aprueba la vinculación de las pensiones con el IPC, lo que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sistema, especialmente en un momento en que la inflación se deja ver como uno de los principales riesgos de la recuperación tras la pandemia. Pero también introduce algunos mecanismos para retrasar la edad efectiva de jubilación, y otros para incentivar su demora, lo que no ha gustado a muchos de los grupos políticos. También se aborda la transferencia de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social al Estado.

Mañana será el momento de reactivar la mesa que trabaja en la reforma laboral. Las negociaciones en esta materia están actualmente bloqueadas, aunque el tiempo apremia y el compromiso pasa por tener la nueva legislación lista antes de que termine el año. Los empresarios rechazan rotundamente la propuesta planteada por Trabajo y siguen manteniendo en la guantera la posibilidad de denunciar ante Bruselas unos cambios que consideran van en contra de lo que la Comisión reclama.

El Gobierno busca simplificar los tipos de contrato con la idea de reducirlos a tres, dando al indefinido la preferencia absoluta frente al resto, aspecto que la CEOE rechaza por considerar que será un escollo para ciertas actividades productivas. La patronal defiende que la temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, por lo que reducirla «perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios».

Otra de las materias a negociar será el diseño del nuevo modelo de los ERTE permanentes, las condiciones de las subcontratas o el reequilibrio de la negociación colectiva, en las que también se parte de posiciones muy alejadas.

Un día después, el jueves, comenzará la la negociación para definir cuál será el futuro de los ERTE que fueron activados en la pandemia a partir del 30 de septiembre , momento en que expira su vigencia. El poco margen en la negociación es precisamente uno de los puntos que menos ha gustado tanto a empresarios como a sindicatos. Actualmente quedan unos 260.000 trabajadores aún acogidos a un ERTE, una cifra muy alejada de los 3,6 millones que protegió en el peor momento de la pandemia, pero que pertenecen a los sectores más castigados.