Anticorrupción pide 15 años y medio de cárcel para Villar por crear un agujero de 4,5 millones en la Federación con los amistosos de su hijo
La Fiscalía le acusa de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida, solicitando una multa de 900.000 euros
Villar contrató a un auditor que tapara el saqueo de la Mutualidad de Futbolistas

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años y medio de prisión para el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, en una pieza separada del caso Soule en la que le acusa de distintos delitos de corrupción por organizar partidos amistosos en beneficio de su hijo y en perjuicio de la Federación entre 2007 y 2017, tiempo durante el que estuvo al frente de la institución deportiva.
En el escrito de acusación presentado ante la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso ABC le acusa de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida, por los que solicita la pena de prisión, inhabilitación para el negocio y la industria y una multa de 900.000 euros.
De cara al juicio, el fiscal considera que Villar debe ser juzgado por los siguientes hechos: «Entre al menos los años 2007 y 2017, los acusados Ángel María Villar y Juan Antonio Padrón, aprovechándose de los cargos que ocupaban como presidente y vicepresidente económico de la Real Federación Española de Fútbol (en lo sucesivo, RFEF), respectivamente, faltando a los deberes de lealtad en la gestión de los recursos de la asociación deportiva que representaban, beneficiaron a personas físicas y jurídicas de su entorno«.
Afirma que lo hicieron «bien con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la RFEF de retribuciones que o no se correspondían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían».
En particular, «desde al menos el año 2009, Ángel María Villar -continúa Anticorrupción- decidió la celebración de algunos de los partidos amistosos de la Selección Absoluta de Fútbol de acuerdo con lo convenido con su hijo, el también acusado Gorka Gorka Villar, en perjuicio de la RFEF y con el fin de beneficiar a éste personalmente y a través de su sociedad Sport Advisers SL mediante la obtención de contratos entre ellos y las federaciones que resultaban favorecidas con su selección para esos partidos. Con esta actuación la RFEF sufrió un perjuicio de al menos 3.830.000 euros y Gorka Villar y su sociedad obtuvieron unos ingresos de 366.583,08 euros. En definitiva, la actuación así desarrollada generó unos perjuicios totales a la RFEF de 4.514.441,72 euros», se expone en el escrito de acusación.
Después de los triunfos
Villar habría aprovechado, según la Fiscalía, el «aumento del prestigio y, consecuentemente, del caché, de la Selección Absoluta de Fútbol (SEFútbol) derivado de sus triunfos en los Campeonatos Europeos de Naciones -Eurocopas- de los años 2008 y 2012 y en la Copa Mundial de la FIFA del año 2010» para, «eludiendo todos los órganos competentes de la RFEF», decidir los equipos rivales de dicha federación en los amistosos y beneficiar a su hijo.
Así se convinieron partidos amistosos con las selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia, a pesar de carecer Gorka Villar «de cualquier relación laboral o contractual o poder de representación de la RFEF».
«Gorka Villar seleccionó los rivales, el lugar de celebración de los partidos amistosos de la SEFútbol y sus términos económicos en función de su conveniencia y de la sociedad Sport Advisers SL que gestionaba, no obstante conocer que resultaban perjudiciales para la RFEF», continúa la Fiscalía.
La sociedad Sport Advisers fue constituida el 21 de diciembre de 2010 por Gorka Villar (socio al 99%) con el objeto de dedicarse al asesoramiento jurídico deportivo «aprovechándose del cargo que tenía su padre en la RFEF, como había venido haciendo a título personal desde 2009».
Anticorrupción destaca que la Federación «carecía de protocolos o medidas dirigidas a prevenir y descubrir los delitos que se pudieran cometer con sus medios o bajo la cobertura de la persona jurídica».
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