Las preguntas sin respuesta de Petro sobre el galeón San José

«¿Se firmará un acuerdo de cooperación con España? Y con ello, ¿se despejará la duda sobre una eventual disputa en estrados internacionales argumentando el principio de inmunidad soberana? ¿Qué sucederá con el complejo proceso que tendrá que adelantar el Estado colombiano para defenderse de Sea Search Armada en la Corte Internacional de Arbitraje? ¿Qué acciones legales se esperan de la otra empresa cazatesoros, Maritime Archaeology Consultants, a quien no se le adjudicó la APP (alianza público-privada) estructurada durante el gobierno de Juan Manuel Santos para saquear el pecio? ¿Cómo avanzan las acciones interpuestas por la comunidad Qhara Qhara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?«, se preguntan una veintena de académicos de distintas universidades colombianas, apoyados por expertos de la Universidade Nova de Lisboa o del National Museum of Royal Navy.

Para los integrantes de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido (RUPCS), las últimas declaraciones de Petro del pasado 28 de febrero sobre que su intención «es sacarlo todo» del galeón San José revelan que «siguen siendo nítidos el carácter y el afán extractivo del presidente«, a pesar de que la campaña publicitaria de la iniciativa se haya recubierto »estratégicamente de ciencia, tecnología y cultura«.

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Solo cinco días antes del pronunciamiento del mandatario, se celebró un congreso en Cartagena en el que invitados internacionales «básicamente se dedicaron a exaltar la iniciativa del gobierno, contribuyendo a darle un sello científico internacional«, señalan desde la RUPCS. Sin embargo, »no se invitó a ningún investigador con experiencia confirmada en arqueología de yacimientos profundos«, tampoco hubo espacio para preguntas del público, pese a su pretendido espíritu participativo, »y solo se concedió un espacio de 30 minutos a las posturas críticas«, denuncian.

A raíz de la intervención del arqueólogo Juan Guillermo Martín, en representación de los críticos, el ministro de las Culturas Juan David Correa anunció la modificación de la Ley 1675 de 2013, que aún permite operar a los cazatesoros y comercializar piezas arqueológicas. Los académicos se preguntan ahora cuál es el proyecto de reforma de la ley y la agenda legislativa prevista, así como qué pasos y cómo se va a diseñar la política pública sobre el patrimonio cultural sumergido que la directora del ICANH prometió para finales de año.

También urgen a que se haga público el documento científico que soporta la intervención en el galeón San José y la necesaria autorización que por ley debe expedir el ICANH antes de cualquier acción sobre el patrimonio arqueológico. Solicitan además que el gobierno explique qué equipos de trabajo se han conformado para intervenir en el galeón y quiénes y con qué credenciales académicas y experiencia los integran.

«Tampoco hay claridad sobre el rol de los invitados internacionales», añaden los críticos, que piden más información sobre ese «consejo consultivo» o «equipo asesor», que se dio a conocer en una reciente carta abierta, apoyando los planes de Petro. «¿Cuál es el alcance de esta instancia consultiva? ¿cuál es su naturaleza? ¿cómo y cuándo se creó esa figura y bajo qué normativa? ¿se trata de un consejo ad honorem? y ¿cómo se definieron los perfiles de los miembros y qué experiencia certificada tienen cada uno en proyectos de arqueología de profundidad?».

En cuanto a la inversión de 4,5 millones de dólares (4,16 millones de euros) anunciados para la fase de extracción de abril o mayo, requieren explicaciones sobre su origen o por qué tipo de contrataciones se van a realizar, si son directas, por concurso o licitación. Y se preguntan si el gobierno cuenta con el proyecto que requiere el museo que quiere crear en Cartagena para albergar los materiales del galeón San José.