Los killacas, carangas y chichas de Bolivia se enfrentan a Colombia por el galeón San José

Además, Colombia no ha aclarado si habrá un papel para los cazatesoros de MAC, (empresa que tuvo contratada la extracción del tesoro en 2018) en el futuro, aunque sí hay presencia en el actual proyecto de quienes dirigieron las operaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, como el cazatesoros Roger Dooley y el exdirector del ICAHN Ernesto Montenegro.

En una reclamación presentada ante Unesco y de la que tendrán conocimiento el gobierno español y el colombiano próximamente, las naciones killakas, carangas y chichas han decidido hablar: «La memoria de nuestro pueblo está adherida a esos restos que descansan en esos buques hundidos, en una forma que nosotros no escogimos, como uno de los pueblos que dio la mano de obra y su propia historia al trabajo en las minas del Cerro Rico de Potosí», afirma el texto que exige que sean tenidos en cuenta y que ha sido redactado por el abogado José María Lancho, que les representa en este caso, que también se presentará ante la relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, y los gobiernos de España y Colombia.

«Nosotros no tenemos derecho a olvidar como tampoco España o ninguna de las Repúblicas Americanas, sociedades cultas y ricas, tienen derecho a borrar o a cambiar nuestra memoria», asevera la reclamación. Y continúa: «Extraer del fondo del océano fragmentos importantes de esa época pensamos que es como descubrir una isla y en esa isla habita nuestra memoria y los objetos que el trabajo de nuestros ancestros crearon, no para ellos, bien lo sabemos, pero a costa de un destino que todavía es el nuestro. No contar con nuestro consentimiento, nuestra participación y sin tener en cuenta cómo va a impactar en el presente y en el futuro de nuestras comunidades es irresponsable y contrario a la justicia».

El 'Tata Hilarión', como le gusta ser interpelado, se queja en la conversación telefónica de la continua opresión a la que están sometidos los pueblos originarios. «No debemos permitir, una vez que sacaron en el pasado las cosas, como se puede decir, robado, que otra vez nos hagan esto. No sería justo, hermano». Esa expresión de hermandad es continua en su conversación y llama la atención, después de casi diez años de polémicas sobre el galeón San José, que sean estas naciones las primeras que la usan para expresar la necesidad de abordar la arqueología del pecio como algo común.

«Tenemos conocimiento de los saqueos que tuvimos en Bolivia. Por eso estamos dispuestos a defender esa memoria en el galeón. Queremos reclamar, no en efectivo, sino en la historia, que sea narrada como debe ser, dando a conocer de dónde salió esa riqueza. Como naciones de Potosí estamos en esto para reclamar atención hacia la historia».

Mejía afirma con gran convicción que «habría que ver la posibilidad de armar también un museo en Bolivia, donde se cuente la vida real de aquellos años (s.XVII y XVIII). Tratamos de recuperar nuestra cultura, porque llevamos muchos años oprimidos, pero es difícil, muchos miembros de nuestras naciones no han podido conocer sus raíces, viven en zonas urbanas y siguen colonizados. Por esto resulta tan importante el tema del galeón».

Para el abogado Lancho, esta iniciativa tiene capacidad potencial de «frenar a la industria cazatesoros», y «acabar con el argumento falsamente moral de los expoliadores explicando que operan en nombre de los pueblos originarios», cuando lo que hacen es «destrucción y robo» para la venta del patrimonio. Por otro lado está convencido de que «tanto España como Colombia tienen una ocasión inédita de hacer justicia, sirviendo al mismo tiempo a la reconciliación de los pueblos».

Resulta llamativo que «las naciones originarias que defiendo no buscan excluir a España y tampoco excluir a Colombia, porque para ellos esos restos tienen un carácter de patrimonio común y compartido». Ese concepto, que Lancho ha propuesto a las autoridades académicas y políticas desde hace una década, «es compatible con las posibilidades de nuestro derecho y necesario en congruencia con una historia que ha abarcado varios continentes».

Lo esencial, según este abogado es que «si hay un elemento moral en la historia estas comunidades tienen derecho a ser parte en el destino de los restos del galeón. Si la explotación cultural del mismo genera rendimientos económicos sería una aberración que una parte significativa de los mismos no se dirija a mejorar el bienestar de estas comunidades, ligadas durante siglos a la explotación en condiciones claramente desiguales a las que disfrutaban los demás súbditos de la Corona de Castilla».

A Unesco, las tres naciones reclamantes le piden que haga pública su preocupación por la inseguridad jurídica, por la legislación de patrimonio vigente en Colombia, así como por «la exclusión de intereses culturales relevantes en el proyecto existente sobre el galeón». También que requiera a España para hacer valer la inmunidad soberana que podría proteger el galeón de intervenciones indebidas.