caso nóos
La declaración de la Infanta y la de los peritos dejan a Castro sin argumentos
El magistrado sopesa sobreseer la imputación de Doña Cristina porque sabe que si él no lo hace será la Audiencia de Palma la que la exculpe
O sobresee él, o lo hace la Audiencia de Palma. Ese es el dilema al que se enfrenta ahora el juez Castro, que sabe que la imputación de la Infanta Cristina por delito fiscal y de blanqueo de dinero ya no tiene recorrido, si es que en algún momento lo tuvo.
Lo supo el pasado 25 de enero, cuando los inspectores de Hacienda que han hecho el auxilio judicial en el caso Nóos y la inspectora jefe de la Policía que ha llevado el caso desde el primer momento le desmontaron, uno por uno, todos los razonamientos técnicos en el que basó el auto en el que llamaba a declarar a la hija menor de los Reyes. Y lo confirmó el pasado sábado, cuando quemó su último cartucho con el interrogatorio de la Duquesa de Palma: ni la pudo poner en aprietos, ni la soprendió con datos nuevos, ni consiguió que incurriera en contradicciones.
Fueron cuatro horas de comparecencia ante Castro, durante las que no faltaron preguntas agresivas y hasta innecesarias aunque no fueron suficientes para poner en apuros a Doña Cristina. «Por momentos se trató de un ejercicio de humillación -relatan a ABC testigos de la comparecencia-, porque la extraña insistencia en preguntar por el préstamo de 1,2 millones que hizo el Rey a su hija para ayudarla a comprar la casa de Pedralbes no venía a cuento. Parecía que el mensaje era el de no te podré imputar, pero te voy a dejar al pie de los caballos». De hecho, fue el único momento en el que la Infanta estuvo al borde de las lágrimas, porque el resto del tiempo se mostró tranquila.
También sorprendió la pregunta del juez sobre si su presencia en Aizoon tenía como objetivo ser un escudo para Hacienda. Sobre todo, porque esa afirmación fue supuestamente realizada por Miguel Tejeiro, la persona que llevaba la contabilidad de Aizoon, al notario ante el que se inscribió la sociedad, que es quien la relata. Es decir, un testigo de referencia habla de lo que le cuenta otro de oídas, con la particularidad además de que el resto de las declaraciones del fedatario público son puestas en cuestión por el propio astro.
Bien es cierto que desde un punto de vista técnico la Infanta tenía una declaración relativamente sencilla, pero no lo es menos que si no superaba la presión a la que iba a ser sometida podía cometer un error de consecuencias catastróficas para sus intereses. Ahí se demostró que llevaba la lección aprendida, para desesperación del magistrado y de las acusaciones populares, que veían cómo se quedaban sin argumentos.
Punto de partida
El punto de partida de la delicada comparecencia era inmejorable: la Audiencia de Palma, al resolver el recurso de la Fiscalía a la primera imputación, ya había afirmado que ni estaba al tanto de los manejos de Diego Torres e Iñaki Urdangarín al frente del Instituto Nóos, ni había posibilidad de acusar a Doña Cristina de tráfico de influencias, ni se podía mantener que conocía los tejemanejes de su marido para hacer negocios poco claro con las administraciones.
No solo eso; los peritos, incluso el famoso «mercenario jurídico tributario» de Manos Limpias, parte de cuyos argumentos hizo suyos el instructor del caso, confirmaron que no había un delito fiscal de Aizoon en el impuesto de sociedades. Por lo tanto, para mantener la imputación de la Duquesa de Palma había que considerarla cooperadora necesaria del delito fiscal presuntamente cometido por su marido en el impuesto sobre la renta de 2007.
De por sí, la construcción jurídica de esa acusación no tiene precedentes, ya que todas las fuentes consultadas aseguran que ese delito solo lo puede cometer la persona que presenta la declaración de la renta. Pero es que además Castro no especificó a la Infanta durante su interrogatorio cuál era el delito fiscal concreto de que se la acusaba, del tal modo que tuvo que ser el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach quien la preguntara si sabía de qué se le acusaba concretamente... La imputada explicó que se lo habían intentado explicar sus abogados, pero que ni siquiera así lo tenía claro.
Respecto al blanqueo, de nuevo la construcción jurídica que debería hacer el instructor para mantener ese cargo es más que complicada, ya que no se sabe cual sería el delito antecedente; es decir, aquel del que se habría obtenido el dinero que luego es lavado. Porque intentar demostrar que es el cometido por Urdangarín con el IRPF, del que ella sería cooperadora necesaria, no deja de ser una quimera, según las mismas fuentes.
Todo apunta, pues, al archivo. Pero no hay que olvidar que en el caso Nóos siempre hay sorpresas...
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