Europa aprueba el fin de la inmersión lingüística y exige proteger el castellano y a las familias que lo piden en Cataluña

Esther Armora

Barcelona

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19/03/2024
Actualizado a las 09:58h.

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Luz verde definitiva desde Europa a «acabar con la dictadura lingüística» en las escuelas de Cataluña. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el apoyo de los grupos Renew (Cs), PP y Conservadores y Reformistas (Vox), un histórico informe, fruto de la misión que se realizó en diciembre a esta Comunidad para comprobar los efectos del sistema monolingüe catalán, que censura con contundencia la discriminación del castellano en los colegios catalanes, y que exige la aplicación de las sentencias del 25% de español en la educación, en una clara alusión al incumplimiento por parte de la Generalitat del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que dicta extender «al menos» esa proporción de español en todo el sistema educativo.

El documento aprobado por mayoría -19 votos a favor y seis votos en contra (dos del grupo de Los Verdes/Alianza Libre, uno del Grupo de Izquierdas Left, afín a Podemos, otro de los socialistas europeos, y dos de diputados no inscritos)- «tumba» la inmersión lingüística, durante 40 años defendida por los nacionalistas catalanes como un «modelo de éxito e integración», en la medida que reclama un «tratamiento igualitario» al catalán y el castellano en las aulas, y e insta a las autoridades a buscar un equilibrio en la presencia de ambas lenguas en el currículo sin que eso suponga «discriminar» a ninguna de ellas.

El informe supone un «duro toque de atención» a la Generalitat, que ha perpetuado el modelo en las escuelas e institutos y que «lleva décadas incumpliendo las sentencias lingüísticas en Cataluña», según señalan los impulsores de la misión, que han celebrado el pronunciamiento como un «punto de inflexión» en la política lingüística del Govern tras «casi cuatro décadas de dictadura del catalán». El texto pide a la Generalitat directamente que «no obstaculice» la ejecución de la sentencia del 25% de castellano, y le recuerda que saltarse las sentencias «vulnera el Estado de Derecho». Govern y partidos de izquierda e independentistas, han hecho caso omiso del toque de atención de la UE y se han limitado a acusar a los impulsores de la iniciativa de «instrumentalizar al Parlamento europeo con fines políticos».

La Generalitat, directamente apelada por el documento, ha seguido instalada en la insumisión. La Consejería de Educación, que dirige Anna Simó (ERC), preguntada por este diario, ha preferido no pronunciarse. Desde el Govern, su portavoz, Patricia Plaja, se ha limitado a afirmar que el informe supone «el punto y final de una misión que no debería haber existido, promovida por el PP español, que lo único que ha hecho es gastar recursos públicos de la Eurocámara por unos intereses partidistas y particular para favorecerse ellos mismos». Por su parte, el Ministerio de Educación, consultado por ABC, asegura que no conoce todavía el contenido del documento y prefiere no pronunciarse.

El texto aprobado por la Eurocámara, estructurado en dos grandes enmiendas transaccionales y adelantado por ABC, pide, entre otras cosas que se ponga «fin a la violación de derechos fundamentales» de padres y niños que piden escolarización en castellano, y que se acabe de una vez por todas con el acoso a estas familias. En este sentido, exige que las autoridades vigilen estas situaciones y plantea , por primera vez, sanciones para los acosadores, y reclama al Gobierno y a la Generalitat que «ayuden a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y a protegerlos».

Las enmiendas aprobadas hoy por la Comisión de Peticiones recogen y «endurecen» la esencia de las 15 recomendaciones del documento final de la visita y se estructuran en dos grandes bloques o «compromisos». En el primero, se recuerda, entre otras cosas, que «el deber de saber español y el derecho a recibir enseñanza en el uso del español están consagrados en la Constitución española en su artículo 3, que establece la oficialidad del castellano en toda España y la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan otras lenguas como oficiales dentro de su territorio». Se recuerda, además, que «el Estatuto de Cataluña utilizó esta posibilidad para establecer el catalán como cooficial en su territorio».

El texto deja también claro que «el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo trato al español y al catalán como lenguas de enseñanza en el horario curricular o lectivo» y que el sistema educativo «debe tomar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas, pero en ningún caso estas medidas pueden implicar la exclusión de alguna de las lenguas oficiales como lengua vehicular».

Aclara también que «la enseñanza de materias complementarias, como la educación física o las actividades extraescolares, no puede equipararse ni computarse en términos idénticos a la enseñanza de materias básicas, como matemáticas o historia» y subraya que «el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea» y que «cualquier discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». En este sentido, insta «a las autoridades regionales y nacionales competentes que garanticen que los niños no sean discriminados por ningún motivo, incluido el de ser castellanohablantes».

Manifiesta igualmente «su preocupación por que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña genere graves disfunciones para los alumnos con necesidades educativas especiales cuya lengua materna es el español» y exige que este alumnado «pueda estudiar en su lengua materna, cuando dicha lengua sea oficial, si sus familias así lo desean».

El documento hace un llamamiento a las autoridades nacionales y autonómicas españolas a que «vigilen estrechamente si en la organización de los sistemas educativos en Cataluña se respeta un contenido equilibrado de la enseñanza de las lenguas y se da un trato igualitario a las lenguas cooficiales, y si se cumplen los objetivos educativos en ambas» y «sugiere» al Gobierno que revise cómo la Alta Inspección educativa «controla en Cataluña los estándares mínimos para un contenido equilibrado de la enseñanza de lenguas».

El informe validado por la Eurocámara apunta, por otro lado, que la inmersión lingüística limita la libertad de circulación porque «impide a las familias que se trasladan a Cataluña estudiar en castellano, lengua oficial, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país y, por tanto, en la Unión». Pide igualmente a la Comisión de Peticiones que «siga de cerca la aplicación en Cataluña del artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de las autoridades regionales por la diversidad cultural y lingüística, y que tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el Estado de Derecho».

Por último, en el texto se recomienda enviar este informe a la Generalitat de Cataluña, a las autoridades nacionales españolas, incluido el Ministerio de Educación, al Síndic de Greuges español, al Síndic de Greuges de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional español a la espera del fallo. Aconseja también que este informe se envíe al Grupo de Vigilancia del Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la comisión LIBE.

Tras la aprobación de los dos «grandes compromisos» que conforman el texto final, los impulsores de la misión y las formaciones políticas que refrendaron el documento de recomendaciones (PPE, Cs, y Vox) han celebrado la llegada de este primer compromiso de Europa que supone «un paso de gigante para crear la mejor política lingüística para todos los catalanes», ha señalado en declaraciones a ABC la eurodiputada de Cs y vicepresidenta de la Comisión de Libertades, Maite Pagaza.

«Después de siete años se ha logrado finalmente que el monolingüismo ilegítimo e ilegal de Cataluña se vea en Europa. Hoy empieza el final del tabú de la política lingüista de los secesionistas», dice Pagaza. «Prometimos que haríamos todo lo posible para desenmascarar el fundamentalismo lingüístico y proteger a las familias y a los niños. Este informe pide a la administración responsable, y al Gobierno nacional que apliquen la ley, respeten las libertades civiles y el sentido común para que la mejor educación plurilingüe sea posible», concluye la eurodiputada.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat (PPE) ha expresado también su satisfacción por la aprobación del documento. «Es una gran noticia y demoledora para el independentismo político y el socialismo, que arrincona el castellano en la educación. Europa manda un mensaje claro: que las sentencias se deben cumplir y los derechos de niños garantizar», ha dicho Montserrat. «Debe castigarse el acoso a niños y familias que piden esta opción«, dice Montserrat.

Ha recordado que desde el PPE pedirán al Govern y al Gobierno de España que atiendan las recomendaciones europeas y las cumplan. «Han intentado maniobrar para que este informe no salieran adelante pero la fortaleza democrática del PE hoy ha ganado. Celebramos este informe como un gran paso en defensa de la libertad, la justicia y el bilingüismo. Pedimos que las lenguas convivan y no se discriminen como ocurre en las calles de Cataluña»· «El Parlamento Europeo pide al Gobierno y a la Generalitat que garanticen que los niños no sean objeto de discriminación. Parece una obviedad, pero desgraciadamente en Cataluña el sectarismo del independentismo ha invadido todo, también la educación de nuestros hijos», ha declarado la presidenta de la Comisión de Peticiones.

La eurodiputada Rosa Estaràs (PPE), que también participó en la misión, ha celebrado que «hoy es un gran día porque ha ganado la democracia, la Constitución y el Estado de derecho». Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, ha calificado de «histórico» el informe aprobado sobre la «vulneración, por parte de las fuerzas separatistas, de los derechos de las familias, alumnos, profesores y personal, de usar normalmente el español en las escuelas en Cataluña», algo que ha tachado de «apartheid lingüístico».

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una de las peticionarias de la misión a Cataluña, celebra el pronunciamiento de Europa que, según precisa, «pone de manifiesto que el sistema de inmersión no se ajusta a la legalidad, vulnera los derechos de los niños y de sus familias y, además, restringe la libertad de movimientos».

«El documento supone un punto y aparte en el sistema de inmersión, lo agujerea, al constatar que existe discriminación», señala la AEB. Ana Losada, presidenta de la entidad, recuerda que que el texto requiere también a la Comisión Europea para que considere en sus informes sobre el Estado de Derecho la forma en que se aseguren los derechos de los niños hispanohablantes en las comunidades bilingües.

«El informe es más incisivo y contundente que el inicial. Exige el equilibrio en el uso de las dos lenguas oficiales en la enseñanza, pero lo más importante, subraya que al fijar ese equilibrio no se puede discriminar a ninguna de ellas», destaca Losada.

Jordi López, otro peticionario de la misión y padre reclamante del 25% de castellano, ha celebrado en declaraciones a ABC la llegada del documento. «No esperábamos menos. Es el inicio del fin de la inmersión», ha dicho López, quien ha criticado el hecho de que los socialistas no hayan validado el documento. «No se entiende que siendo una fuerza constitucionalista no lo haya validado», ha señalado.

Desde las formaciones de izquierda, que han votado en contra del informe y responsables de la mayoría de las enmiendas presentadas, se ha destacado que «éste no tiene carácter vinculante» y han recordado que «Europa no tiene competencias en materia educativa». La eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha denunciado la «instrumentalización» del Parlamento Europeo por parte «de las fuerzas de la derecha» y ha insistido en que «solo los estados miembros pueden decidir en materia educativa». Toni Comín, eurodiputado de Junts y socio de Carles Puigdemont, ha cargado contra el PPE como «líder de la estrategia de españolización del Parlamento Europeo».

Tal como avanzó ABC, las propuestas de este informe final fueron transaccionadas por el PPE, Renew y ECR, mientras que, según indican a ABC fuentes del PE, «el resto de fuerzas se inhibieron en la parte final del proceso como un gesto de boicot al texto».

La mayoría de las enmiendas apuntadas por las formaciones de izquierda que desde un primer momento se mostraron contrarias a la misión y que rechazaron también el documento de recomendaciones exigen la «supresión del informe de recomendaciones de los eurodiputados» y «defienden la inmersión lingüística en catalán como un modelo de éxito educativo y de inclusión», según ha podido comprobar este diario. Destaca la posición de algunos eurodiputados como Toni Comín que «se han limitado a pedir la retirada del documento sin apuntar ninguna enmienda», denuncian desde la AEB.