Presiones a los oncólogos: partidos y juristas piden más controles en defensa de los pacientes y médicos

«Las leyes que tenemos son útiles, simplemente hay que ejecutarlas, es decir, que se cumplan. Hay que vigilar especialmente que la sanidad funcione en base a la normativa y el código deontológico», señala la abogada Priscila Giraldo, especialista en Derecho Sanitario, que en el pasado ejerció como enfermera y gestora sociosanitaria.

En este sentido, esta jurista hace hincapié en que cuando se produce un caso de presiones, los facultativos «tienen que buscar ayuda y acudir a su colegio a denunciar el caso para que se supervise». También «echa de menos» más actividad de los colegios profesionales: «Tienen que vigilar fehacientemente que sus colegiados realicen su trabajo con libertad absoluta, independientemente de que trabajen en el sistema público o en el privado», explica.

A nivel estatal, Giraldo hace hincapié en la necesidad de reforzar «los controles del Ministerio de Sanidad para garantizar que, efectivamente, la sanidad privada sigue los mismos principios de universalidad y equidad que la sanidad pública». El foco de preocupación de esta abogada son los pacientes de Muface, Isfas y Mugeju que no tienen la posibilidad de acudir a la Sanidad pública si sufren una mala práctica. «Aquí el Ministerio debe reforzar aún más controles y ser aún más exhaustivo», señala.

Además. Giraldo propone introducir un modelo de indicadores en el sistema sanitario no solo de economía y eficiencia solo también de transparencia, equidad, trato de los pacientes, y actualización de la formación de los médicos. «La sanidad norteamericana tendrá sus pros y sus contras, pero una parte positiva que creo que nuestro sistema debe importar, son esos controles de indicadores», señala.

Por su parte, Raquel Sánchez, también abogada especialista en derecho sanitario y miembro del comité asesor de Gepac, incide en la «plataforma digital» que Atrys Bienzobas reconoce que usa para supervisar y recomendar tratamientos. «Es una suerte de coctelera de datos de los medicamentos y pacientes. No sabemos cuáles son y llevan a un indicador de resultados de efectividad. Aquí entramos en los riesgos de la inteligencia artificial», explica.

«Si esto no se controla desde ya podemos acabar con lo que es un acto sanitario como tal, y una relación de diálogo y confianza médico- paciente, que es lo que nunca jamás se tiene que perder», avisa. Por ello, pide regular el uso de este tipo de herramientas tecnológicas ajenas al médico.

Precisamente, la semana pasada la Comisión Europea publicó las cláusulas que deben cumplir las administraciones para contratar herramientas tecnológicas, clasificándolas entre alto y bajo riesgo. «Si la herramienta genera algún tipo de riesgo de cara a la seguridad o a la salud de las personas debe considerarse de alto riesgo. Es decir, la salud es un bien máximo protegido», explica esta jurista.

Fuentes del sector hospitalario que prefieren no identificarse por miedo a represalias de Atrys Bienzobas añaden otras dos propuestas concretas. La primera es hacer obligatoria la identificación con nombre, apellidos y número de colegiado de los asesores oncológicos que revisan las prescripciones de los médicos. «Muchas veces no sabes quiénes son y ni si quiera sabes si tienen el título de médicos».

La segunda propuesta es regular el sistema de cápita -el cobro de un pago fijo por asegurado y año- con el que varias aseguradoras contratan a Atrys. «Al tener asegurado un pago fijo, independientemente de los tratamientos que necesiten los pacientes, se favorece que se intente no gastar. Ante pacientes que necesitan terapias caras, este sistema fomenta que se intenten derivar a la Sanidad pública o se apliquen tratamientos baratos», señalan las citadas fuentes. «Hay cápitas de menos de un euro y de menos de dos euros por paciente», aseguran.

Desde los partidos políticos, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, Kilian Sánchez, entiende que las presiones que denuncian los oncólogos son «muy preocupantes» y califica de «muy oportunas» la investigación que ha iniciado la Sociedad Española de Oncología Médica. «En esta línea está el Ministerio de Sanidad, que la semana pasada se reunió con la SEOM para estudiar la situación y aportar transparencia», asegura.

El portavoz socialista considera «fundamental» salvaguardar la libertad de prescripción de los facultativos, basada en criterios éticos y clínicos, así como el derecho de los pacientes a recibir el tratamiento adecuado, ya reconocidos en la regulación vigente. «Por tanto, parece más efectivo seguir fortaleciendo y mejorando los canales de resolución de conflictos que ya están establecidos, como el diálogo entre profesionales, pacientes y administración, los servicios de atención al paciente, las segundas opiniones médicas y la regulación sobre la autonomía del médico y los derechos del paciente», señala.

En este sentido, considera de «gran importancia» el cumplimiento y seguimiento de las indicaciones terapéuticas aprobadas por las agencias reguladoras y recomendadas en las guías de práctica clínica reconocidas. «El marco regulatorio actual y las guías de práctica clínica forman la base para una toma de decisiones adecuada y personalizada en oncología, asegurando que los tratamientos sean eficaces, seguros y accesibles. Y debe de ser así tanto en el ámbito público, como en el privado», aseguran.

En relación con los funcionarios mutualistas, Sánchez subraya que el Consejo de Ministros pidió una evaluación «exhaustiva» a la Airef sobre el sistema con el fin de transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario a medio plazo.

El Partido Popular coincide en que «los actores en todos los procesos oncológicos han de cumplir con la normativa en esta materia. Tanto la que corresponde a los especialistas como la que corresponde a la gestión del medicamento». En esta línea, fuentes del partido aseguran estar convencidas de que las prácticas que denuncian los oncólogos «no son habituales» ni en la Sanidad pública ni en la privada, y ponen el foco en que los médicos españoles «no pueden prescribir fármacos autorizados en otros países porque el tiempo medio de acceso en España supera los 600 días».

En relación con las soluciones que proponen para garantizar la libre prescripción de los médicos y el derecho del paciente a conocer todas las posibilidades de tratamiento, el PP insiste en que «existen mecanismos para que un facultativo tenga la posibilidad de recurrir a ellos cuando tenga dificultades de ese tipo». Así, sobre la base de su convicción de que los oncólogos españoles «tienen una excelente formación» subrayan que los centros sanitarios públicos y privado cuentan con comités multidisciplinares que adoptan y actualizan sus protocolos de acuerdo con la evidencia científicos y los convenios internacionales. «Desde el Ministerio de Sanidad se deberían coordinar estas situaciones», piden.

Preguntados por si deben reforzarse los conciertos para los funcionarios que optan por mutuas o ampliar las posibilidades de cambio a la Seguridad Social, el PP cree que los ministerios implicados «tendrán que analizar lo sucedido después de unos meses en los que no han estado a la altura» y arremete contra Sanidad por «la rapidez con la que corrió hace meses a demonizar a la sanidad privada». En su opinión, la sanidad «no debe ser una guerra entre lo público y lo privado», sino que «hay que buscar fórmulas para que la colaboración sea la más adecuada en cada caso».