Los obispos ralentizan su plan de indemnizaciones a las víctimas de abusos

«Vamos más lentos de lo que queremos», ha respondido sobre la cuestión el secretario general y portavoz de los obispos, César García Magán, a preguntas de ABC en la rueda de prensa en la que ha comparecido para dar cuenta de los trabajos. Y ha explicado. «La Conferencia Episcopal tiene sus dinámicas de trabajo, las Plenarias son cuando son y el tema es de tal calado e importancia que tenemos que tratarlo todo bien». «Lo estamos trabajando, estamos pergeñando para hacer un trabajo mejor y más aquilatado. Ha habido un amplio diálogo sobre el tema y las aportaciones se van a recoger», ha añadido.

De esta forma, entre las decisiones tomadas en esta Asamblea Plenaria aparece la aprobación de los «principios informadores del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico» del que ahora emanarán las normas generales que se aplicarán en los casos de reparación. Conviene recordar que en su Plenaria del pasado noviembre los obispos ya habían decidido establecer un sistema de reparación de las víctimas, incluso sin necesidad de una sentencia judicial, si se tenía la certeza moral de que se había producido el abuso, para lo que, según sus palabras, habían aprobado «un íter de trabajo».

De acuerdo a ese procedimiento, el pasado enero, la Comisión Permanente ya revisó el texto de este plan de reparación para presentarlo en esta Plenaria de marzo. Ahora, a ese texto se incorporarán «las indicaciones del Consejo Episcopal para Asuntos Jurídicos y del órgano de 'compliance' de la Conferencia Episcopal». Lo que sigue sin concretarse son los plazos para su puesta en funcionamiento, los criterios para juzgar qué casos serán o no indemnizados y cómo funcionará -y quienes serán sus integrantes- de la comisión que tome estas decisiones. Para ello, por lo menos, habrá que esperar a la próxima Asamblea Plenaria, prevista para la tercera semana de noviembre.

«Este plan de reparación integral está orientado a evitar que los casos de abusos a menores vuelvan a repetirse. A la vez que plantea cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada dando respuesta a la demanda que cada caso particular requiere», ha recordado García Magán en la rueda de prensa.

En relación a la cuestión de abusos, los obispos también han recibido el informe de trabajo referente a 2023 realizado por las oficinas diocesanas y de las congregaciones religiosas creadas para tal fin, presentado por monseñor Jesús Torrente, director del Servicio de Asesoramiento a las Oficinas de Protección de menores. Según el informe, en este periodo se ha duplicado el número de personas que han recibido formación para la prevención de abusos.

De esta forma la Iglesia contabiliza un total de 250.000 personas que han asistido a esta formación, «entre ellas 180.000 niños y adolescentes, cerca de 30.000 profesores, 22.000 padres y madres, 8.000 sacerdotes y consagrados y 8.200 monitores», ha explicado el portavoz de los obispos. Además, más de la mitad de los seminaristas españoles recibieron formación sobre esta cuestión. Según ha podido conocer ABC, han sido unos 600 seminaristas quienes han recibido esta formación, de los 956 que hay en España, según los últimos datos de la Conferencia Episcopal) Para García Magán «la labor de formación es el eje de la prevención de los abusos que está desarrollando la Iglesia».

En 2023, las oficinas acogieron el testimonio de 155 personas que habían sufrido abusos desde los años 40 hasta nuestros días. «Con ellos se siguieron los protocolos indicados», ha señalado el portavoz. En los dos primeros años se presentaron 728 denuncias, que sumadas a los 155 de 2023, suponen un total de 883 casos, que no se recogerán en la próxima edición del informe interno de la Iglesia, 'Para dar luz', que se publicará en próximas fechas.

Sobre esta cuestión también ha sido preguntado el portavoz de los obispos, en concreto sobre los cambios de número de víctimas que ha experimentado, en enero y febrero, la versión en PDF del segundo informe, que oficialmente fue presentado a finales de diciembre. García Magán ha aclarado que ya en su preámbulo, el texto explicaba que se trata de un «estudio vivo» y ha señalado que los cambios se deben a «actualizaciones para hacerlo más preciso, y no son manipulaciones».

A fecha de hoy, la última actualización recoge 1.057 denuncias recibidas por las distintas instancias eclesiales cuando el 21 de diciembre, cuando fue hecho público, hablaba de 806 casos de abusos. En ese sentido Josetxo Vera, director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal y miembro del equipo que elabora este informe, ha reconocido que en aquel momento «faltaban datos de congregaciones, que se han recibido después, además de que ha habido algún error significativo».

«Todos los que hacemos informes sobre abusos nos vemos sometidos a muchísimos datos y correcciones. Es un esfuerzo en el que no nos podemos cansar. Los datos son importantes porque detrás hay personas», ha explicado. «Otros tendrán que quitar casos duplicados y casos falsos», ha añadido en referencia a los otros estudios sobre los abusos en la Iglesia española.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]