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Milei presenta un proyecto de ley para derogar el aborto en Argentina

La iniciativa que contempla penas de cárcel de hasta tres años para las mujeres que interrumpan su embarazo

La Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar las restricciones a la píldora abortiva

El presidente de Argentina, Javier Milei Reuters

Agencias

El partido que lidera el presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza, han presentado un proyecto de ley para derogar la legalización del aborto, cuya norma, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, entró en vigor hace apenas tres años.

Este proyecto de ley, entregado hace dos días, pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención. En concreto, penaliza a la mujer en la mayoría de los casos y pretende que el Código Penal argentino sea más restrictivo que en 1921 al eliminar las causales de riesgo para la salud y violación.

La propuesta pide penalizar de nuevo a quien realice un aborto en cualquier etapa de la gestación, así como reinstalar la «inhabilitación especial» a los sanitarios que «abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen a causarlo». Habría penas de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento —que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre—. En el caso de que haya consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer fallece.

También busca penalizar la práctica del aborto con consentimiento de la mujer, planteando que además «la tentativa de la mujer no es punible» y que el juez «podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito».

La legalización y despenalización del aborto en Argentina se consiguió durante el mandato del predecesor de Milei, Alberto Fernández, después de años de lucha por parte de las organizaciones feministas, que destacaron que la entrada en vigor representaba «un triunfo de la lucha colectiva» y esperaban que se cumpliera en todo el país, ya que hasta entonces eran legales las interrupciones en caso de violación o que pusieran en peligro la salud de la mujer.

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