Isabel García Mateo, la heredera que ha logrado un hito en el Supremo: «Esperan a que nuestro familiar muera para cerrar el caso. La dilación es una corruptela»

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María Jesús Pérez

La comunicación de la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de abril se dio a conocer el pasado día 11. Isabel (y Lali) han ganado una pelea que ha tenido a la hija postrada estudiando leyes y articulados durante años. Ha hecho, dice al otro lado del teléfono, lo que le dictaba su conciencia. Como hija, como tutora legal de su madre desde su enfermedad y como abogada, la victoria es grande: «Restablecer el honor de Pilar –insiste–, el derecho que la asistía como persona dependiente con grado III reconocido, con un baremo de la ley de 95 puntos sobre 100 de incapacitación y pendiente de la resolución del PIA (Programa Individual de Atención), que tenía ya aprobado». En segundo lugar, la causa de Isabel también abre la puerta a que miles de familias reclamen lo que ponen por delante para que sus parientes no queden desatendidos. Y, tercero, ha ganado la contienda a una Administración a la que el Alto Tribunal le dice ahora que no puede dilatar sin más los plazos y que tiene una obligación con los dependientes, estén vivos o mueran en el proceso. Con todo esto en su mochila, García y su abogada Alicia Rodríguez Barrera aseguran estar «muy satisfechas».

Con todo esto en su mochila, García recuerda en este momento a Rocío Morales, su procuradora, y a la propia Rodríguez Barrera, letrada y socia fundadora de RoME Abogados, ambas sus amigas personales y colegas que la han ayudado mucho -confiesa- en la logística del caso. Además, se da la circunstancia de que en la pelea de estas «tres guerreras», dos de ellas -Rocío e Isabel- perdieron a sus madres dependientes, por lo que se convirtió en una liza más emotiva aún. Pero no aparta de su memoria a su madre, una mujer de origen vasco luchadora incansable por sus hijos y su primer ejemplo, así que no se ha doblegado en la partida de cartas con la Justicia. «Todos sabemos la dificultad de conseguir una resolución favorable en el Supremo. El fallo sienta jurisprudencia», afirma.

Sobre todo, recalca, emprendió esta lucha al ver que la Administración trataba mal a su madre, «como si fuese escoria». «Fui veinte veces a reclamar y en todo ese tiempo la Seguridad Social no me llamó para nada». Ahora, al escuchar a la consejera del ramo de la Junta de Andalucía aceptar que tienen que estudiar la sentencia, espera una muestra de cercanía.

Isabel y sus hermanos reclamaron casi 62.000 euros por los gastos adelantados en una residencia privada y la sentencia del Supremo lo rechaza. Lo hace obedeciendo a que el pago de la plaza de residencia concertada a la que sí tenía acceso su madre no costará eso, pero casi. El dinero nunca fue el objetivo de los García Mateo. Aunque no cabe duda de que para los cuidadores o herederos sufragar los gastos por adelantado a la espera de una resolución de la ley de Dependencia supone un esfuerzo muy importante. Entre fisioterapia, logopedia, residencia y cuidados Isabel y sus hermanos pagaron unos 2.600 euros al mes.

Pilar era viuda y deja ocho hijos, cuatro residían cerca, en Sevilla, el resto en diferentes lugares de España. Isabel, la séptima en orden, se convirtió en su tutora legal al comprobar en aquel box número 7 del hospital San Juan de Dios de Sevilla que su progenitora estaba «irreconocible y en estado vegetal». Hemipléjica, con afasia completa, la edad mental de una niña de 2 años, sin poder tragar, con lesiones físicas irreversibles... El golpe fue «grande, la verdad», comenta emocionada. «Rompo mi silencio ahora por la indignación sentida durante años al comprobar que los servicios públicos no se hacen cargo de nuestros seres queridos justo en el momento en que más lo necesitan. Yo no quería que mi madre sufriese más y después de mucho mirar la ingresamos en la residencia privada de la Fundación Samu, experta en derecho cerebral, de Dos Hermanas, con todo mi agradecimiento por su ayuda a su presidente, el doctor Carlos Álvarez Leiva», aprecia.

Fueron dos años y dos meses de gastos en pañales, fármacos, tratamiento para mantenerla con vida. El 4 de diciembre de 2018 (a los 18 meses del ictus) la asistente social comunicó que la esperanza de vida de Pilar era «nula» y así lo expuso en su informe, una prueba de fechas irrefutable para el Supremo. El 14 de diciembre tenían el PIA aprobado y acreditaba que había que internarla en una plaza concertada por la Junta de Andalucía. Pero, en opinión de Isabel, las administraciones esperan tanto tiempo que las personas fallecen y los expedientes se archivan. Así sucedió esta vez. Pilar murió el 18 de marzo de 2019 y en julio sus hijos conocieron el resultado del PIA y el carpetazo administrativo al caso.

«El fallo sienta jurisprudencia: dice que los dependientes tienen un derecho que es transmisible a sus herederos»

Isabel García

Hija de Pilar, ha ganado un pleito contencioso a la Administración

Pero el Supremo ha dicho que aquí nada cierra por defunción, que los dependientes tienen derecho a que no se supriman sus expedientes y que los herederos lo tienen a recibir los gastos adelantados, al menos a que pleiteen por ellos. Y que si una Administración (es el caso de la andaluza, pero también de la canaria o la catalana, por poner algunos ejemplos) tarda más de seis meses en resolver estos procedimientos de acreditación de la dependencia y el recurso público que asiste a cada persona, no acaba su derecho.

«Yo tenía la obligación moral de luchar por mi madre, pero me ha costado muchísimo. Soy experta en Derecho Civil y Mercantil, no de lo contencioso, y ha sido trabajoso conocer todo el proceso», asume más aliviada Isabel, que asiste impávida al cruce de reproches entre ejecutivos sobre quién debe financiar la dependencia y sus recursos.

«El Alto Tribunal ha determinado que no es una expectativa de derecho, sino un derecho de las personas dependientes y es transmisible a los herederos. La dilación de sus causas también es una corruptela. Los dependientes no les importan», se desahoga. Lo crucial del fallo es que da la vuelta a la tortilla: al morir no se esfuma la causa. «Cuando empecé, me resistía a pensar en que se pudiera tratar tan mal a nuestros seres queridos». Esta sentencia pionera restituye a Lali. Y a Pilar.