La Generalitat coacciona a los centros educativos durante la misión europea para evaluar la inmersión

La impresión de los miembros de la delegación europea no fue, según precisan a ABC fuentes conocedoras del encuentro, mejor que la que obtuvieron el lunes al observar como la representante del sindicato mayoritario en la enseñanza catalana, Ustec-Stes, se pavoneaba ante ellos afirmando que en Cataluña se incumplen sentencias firmes desde hace tiempo porque «lo que piensa la mayoría está por encima de ellas».

Los seis eurodiputados que integran la comisión oficial, encabezados por la estonia Yana Toom (Renew), arrancaron su segunda jornada en Cataluña con un encuentro con los representantes del estamento judicial.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y el presidente de la Sala Contencioso, Javier Aguado, mantuvieron con ellos y los seis acompañantes un encuentro de una hora y media que les dio una fotografía real sobre lo que ocurre en Cataluña con los fallos del 25% de castellano y la sentencia firme de diciembre de 2020 que obliga a extender esa proporción de castellano en todo el sistema educativo público.

Según ha podido saber este diario, los eurodiputados conocieron por boca de los representantes del estamento judicial las maniobras políticas de la Generalitat para paralizar la aplicación de este último fallo histórico y también supieron de la «inacción» de la Alta Inspección educativa del Estado ante este incumplimiento. La Generalitat aprobó una ley y un decreto-ley dirigidas a bloquear su aplicación, y el TSJC, tras constatar que la nueva normativa impedía aplicar su sentencia sobre el 25%, planteó entonces al Tribunal Constitucional (TC) que se pronunciara sobre la constitucionalidad de las normas catalana.

A la pregunta de los eurodiputados de qué pasará si finalmente el TC concluye que debe impartirse un 25% de castellano en todo el sistema, el presidente del TSJC señaló: «Volveremos a la situación de hace 30 años y entre dos y tres generaciones de catalanes no habrán tenido el derecho a escolarizarse en castellano». Los miembros judiciales denunciaron ante Europa la falta de respuesta de la Alta Inspección educativa ante la situación. «La Alta Inspección no abrió la puerta al TSJC», denunció Barrientos ante la comitiva europea.

En la reunión se abordaron también los mensajes amenazantes que recibió el padre de Canet de Mar (Barcelona) en las redes por pedir más castellano para su hija, que fueron denunciados ante la Fiscalía y se encuentran judicializados. «En Europa estos mensajes dirigidos a los padres, y los insultos y amenazas que ayer recibimos al abandonar la reunión serían tratados como delitos de odio», precisó la presidenta de la comisión la estonia Yana Toon. Preguntados por los eurodiputados sobre si se sienten amenazados, Barrientos y Aguado reconocieron que hay coacción y violencia hacia los jueces y que están muy expuestos, precisan fuentes judiciales.

Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada vino tras la visita al TSJC, cuando los miembros de la misión llegaron a los dos centros educativos para calibrar el efecto del sistema lingüístico catalán en las aulas. Estaban citados a la reunión los miembros del equipo directivo, aunque, según relatan fuentes próximas al encuentro, aparecieron representantes de la inspección educativa del Govern y de los servicios territoriales. La intromisión política no agradó a los portavoces de la Eurocámara.

Toon reconoció frente a los representantes del gobierno autonómico que consideraba que su presencia coartaba la libertad de expresión de los directores de los centros. «Es terrible. Ellos mismos desmontan el relato que hacen desde hace años», señaló una eurodiputada. Según aseguran fuentes conocedoras, los representantes de la Generalitat respondieron a muchas de las preguntas que los miembros del Parlamenteo europeo lanzaban a los centros. «No les dejaban expresarse en libertad», precisan. La misión europea visitó primero el Centro de Educación Especial Can Rigol de El Prat de Llobregat (Barcelona), que escolariza a alumnos con necesidades educativas especiales. Los responsables del centro negaron que se impusiera el catalán a estos alumnos, especialmente vulnerables. La comitiva europea se desplazó después al instituto Salvador Dalí, de la misma localidad, uno de los que siguiendo instrucciones de la Generalitat suspendió la aplicación del 25% de castellano pese a haber una resolución judicial firme que lo concedía.

Los responsables del centro justificaron ante Europa que todas las asignaturas se imparten en catalán porque es una zona con mayoría de alumnos castellanohablantes y debe reforzarse la lengua autonómica. Tras la visita a las escuelas, la misión se citó con los representante de los docentes y de la Consejería de Educación. En un encuentro conjunto con la asociación Docentes Libres, que denuncia lay la Fundación Bofill, los eurodipitados se interesaron sobre el porcentaje de castellano en las clases. «¿Qué pasaría si se aplicara el 25% de español en todas las escuelas?», le preguntaron a los portavoces de Jaume Bofill. No hubo respuesta. Desde Docentes Libres se denunció con pruebas la exclusión del castellano del sistema. El encuentro con la consejera de Educación Anna Simó y los miembros de su departamento fue tenso. Según ha podido saber este diario, la consejera defendió ante la comitiva extranjera las bondades y equilibrios del sistema catalán.