Las mujeres con discapacidad sufren más violencia de género: «Abusaron de mí durante 7 años, pero mi familia no me creyó»

«Sufrir una discapacidad es claramente un factor de riesgo para ser víctima de estos episodios», asegura en declaraciones a ABC María Amores, experta en violencia de género y psicóloga de la Fundación Hospitalarias, institución sin ánimo de lucro que se dedica a la acogida, cuidado especializado, asistencia integral y reinserción social de personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido y otras enfermedades.

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Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con datos de 2019 (la nueva estadística se publicará en el segundo semestre de 2025), el 57,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido algún tipo de violencia machista (física o sexual en el ámbito de la pareja o fuera de él, acoso sexual o acoso reiterado, también psicológico) a lo largo de sus vidas, lo que significaría 11,7 millones de mujeres.

Según la misma estadística, ese porcentaje se eleva hasta el 67,9% en el caso de las mujeres con algún tipo de discapacidad reconocida (superior al 33%). En el caso de este último colectivo, todos los tipos de violencia que se engloban son porcentualmente superiores a los de las mujeres sin discapacidad, recuerda la doctora Amores en declaraciones a este diario y concreta los datos. «La violencia de género en la pareja afecta en global a un 40,4% de las mujeres con discapacidad; la violencia sexual a un 10,3%, frente a un 6,2% de impacto en las mujeres sin discapacidad, y la violencia física a un 17,2%, frente a un 13,2% en el otro colectivo», apunta la experta. Acotándolo a mujeres con discapacidad intelectual la incidencia de este tipo de violencia también es muy elevada, más del 40 % la ha sufrido en alguna de sus manifestaciones, siendo la más común la física o sexual. En este caso, estos episodios acostumbran a producirse por una persona próxima a su entorno familiar o social.

Este último es el caso de Manuela López (nombre ficticio), una joven granadina de 21 años con una discapacidad intelectual reconocida del 35%, que sufrió abusos durante más de siete años y no se atrevió a denunciar durante todo ese tiempo por miedo a que no la creyeran. Cuando apenas tenía 10 años una persona conocida empezó a abusar sexualmente de ella. Las agresiones se perpetuaron en el tiempo y a los 17 años decidió explicar a su pareja de aquel momento lo que le pasaba. Él le animó, según explica a ABC, a denunciar la situación. «Me dijo que lo que me ocurría era muy grave y que no podía seguir silenciándolo», explica en declaraciones a este diario la joven andaluza. Primero denunció los hechos en su centro educativo y después interpuso una denuncia policial.

Arrancó este duro proceso sola porque su familia, según dice, le dio la espalda. «No me creyeron por mi condición, por mi discapacidad, y en aquel momento me sentí enormemente sola. Temía que nadie me creyera», dice Manuela, que se siente doblemente víctima. Tras denunciar los abusos, la joven pasó a un centro tutelado y actualmente se encuentra en uno para ex tutelados. «Tiré hacia adelante y no me derrumbé porque me ayudaron mucho en el centro y también mi familia colaboradora. Gracias a la denuncia me siento más feliz y segura», apunta Manuela, que ha dejado desde hace años de tener contacto con su familia. Tras su experiencia, anima a todas las personas con discapacidad como ella que sufren este tipo de violencia a que denuncien. «Les digo que lo expliquen, que denuncien aunque crean que nadie les va a creer. Si lo haces, siempre puede haber alguien que te ayude pero si callas es imposible», asevera.

Por otro lado, la prevalencia de la violencia de género en el caso de las mujeres con Trastorno Mental Grave (TMG) es especialmente elevada. La sufren tres de cada cuatro, siendo la más frecuente, la psicológica. Las situaciones de violencia en este colectivo acostumbran a producirse en el núcleo familiar o de la pareja, según recuerdan los expertos.

«La falta de credibilidad es un factor que impide, en muchos casos, el acceso de estas mujeres a la Justicia, porque son los propios agresores quienes les dicen que nadie las va a creer porque tienen un trastorno mental», explica Belén Gallo, directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas del Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat durante su intervención en la jornada 'Violencia en la mujer con especial vulnerabilidad. Realidad y abordaje', organizada este mes en Barcelona por la Fundación Hospitalarias con el apoyo del Ministerio de Igualdad. Laura Teresa González es un claro ejemplo de esta «doble condición de víctimas» que sufren las mujeres con discapacidad por trastorno mental, que sufren, por un lado, la agresión por parte de sus parejas o ex parejas, y por otro, la de las instituciones que les amparan en estas situaciones al «poner en cuestión» sus denuncias por su discapacidad. Cuando solo tenía 19 años, Laura conoció al padre de su hijo en Málaga, ciudad de la que es oriunda. Pronto empezó a percibir que «algo no iba bien»: «Me prohibía ir con mis amigas, no me dejaba salir y allí empezó mi aislamiento. Me anuló», relata a ABC. «Una vez, intenté ir a una cena de empresa y me llamó 'puta' y me dijo que quería acostarme con todos. No pude asistir», recuerda la denunciante. La cosa fue a peor, según explica, cuando se quedó embarazada. «Era muy joven y esa sensación de aislamiento aumentó. A ella se sumó el maltrato psicológico. Me ignoraba, le hablaba y miraba a la pared. Era terrible», afirma la joven en declaraciones a ABC.

Fue tras la pandemia, en 2022, cuando tras una agresión en la que su hijo estaba presente cuando se decidió a denunciar. «Empezó a amenazarme y finalmente dio un puñetazo fuerte contra la pared», dice la víctima. Laura cogió a su hijo y se refugió en casa de una vecina. Presentó una denuncia y se fue a un centro de acogida junto a su pequeño hasta que dictaron una orden de alejamiento para su ex pareja. A raíz de los años de reiterado maltrato por parte de su pareja, a Laura le diagnosticaron estrés postraumático complejo, un trastorno alimentario y depresión. «Mi vida ha cambiado a raíz de todo esto», indica la joven. Se siente también víctima de «maltrato institucional». «Cuando llegué al Instituto de la Mujer dudaron de mi testimonio. Me dijeron que lo que yo había sufrido eran problemas matrimoniales. Me pareció tan injusto que me derrumbé», denuncia indignada y reclama «una mayor sensibilización» por parte de algunas instituciones respecto a casos como el suyo.

La psicóloga María Amores, de la misma entidad, subraya la importancia de hablar de la 'violencia institucional', «obviada durante años». «Es una nueva forma de violencia que surge a partir de los prejuicios que algunas instituciones tienen aún con respecto a la salud mental», apunta la experta. «Se ejerce contra las mujeres con trastorno mental y se alimenta del estigma social que aún tienen esas enfermedades», dice Amores. En este sentido, denuncia como un ejemplo de este nuevo tipo de violencia la «exclusión» que se hace a estas mujeres del acceso a los recursos públicos.

«Queremos que esa barrera deje de existir y que todos los profesionales que están en el entorno de estas mujeres en esos momentos tan delicados para ellas trabajemos de forma coordinada para proporcionarles una buena atención», señala la especialista. Reconoce que en estos últimos años se ha «avanzado» en la detección de la violencia sexual e institucional en estas mujeres, aunque «aún quedan años por recorrer para que algunas instituciones vinculadas a ámbitos como la judicatura o el sistema sanitario procuren a estas mujeres víctimas con trastornos mentales graves el trato que merecen».