El Consejo de Ministros se reúne mañana a las 10 para decretar el estado de alarma
El Gobierno cuenta con apoyos suficientes sin el concurso del PP para prorrogar la medida extraordinaria cuando pasen los 15 días iniciales

Las piezas encajan en el puzle político que, hasta ahora desencajado, ha sido incapaz de responder a la fuerza y a la velocidad con la que la segunda ola se ha instalado en todo el país. Pero todo se encamina ya a un ... tercer estado de alarma, tras el decretado el 14 de marzo y el que decae hoy en la Comunidad de Madrid.
Finalmente se celebrará este domingo un Consejo de ministros extraordinario, convocado para las 10 de la mañana. La decisión está ya tomada, y La Moncloa especifica en un mensaje a los medios que la reunión se dedicará a «estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma». Será el tercero en lo que va de año.
El Gobierno recuerda que «el presidente ofreció nuevamente el viernes a las Comunidades esa posibilidad», si bien fue una invitación velada y no tan rotunda como en otras ocasiones. Y se justifica que la decisión de decretar el estado de alarma se va a producir porque la mayoría de las Comunidades Autónomas «así lo han solicitado». Ese era el plan .
Un estado de alarma que se aplicaría en todo el país, con los presidentes autonómicos ostentando el mando único para poder tomar medidas excepcionales. Siendo la primera la limitación de movimientos nocturnos, el llamado toque de queda, El jueves, en el Consejo Interterritorial de Salud, esta medida recabó un amplio apoyo en términos sanitarios. Pero el problema era jurídico, ya que el Gobierno sigue defendiendo que esas limitaciones requieren del estado de alarma, Y eso abría un problema político porque se necesitan apoyos en el Congreso de los Diputados para poder prorrogar la medida.
El Gobierno insistió en una idea: actuar solo a petición de las autónomas. Lo hizo Pedro Sánchez en una inusual comparecencia desde La Moncloa en la que no anunció medidas concretas sino que planteó un panorama muy negativo pero sin anunciar medidas específicas. Estaba preparando el terreno para actuar no a iniciativa propia, sino a petición de las regiones.
Una invitación
Fuentes de la presidencia del Gobierno explicaban en la noche de ayer que «lo que ha hecho el presidente es invitarles a que pidan el estado de alarma». En esa comparecencia Sánchez insistió en que «estamos preparados para aprobar todas las medidas necesarias». En La Moncloa recuerdan que se refirió al nivel de alerta 4, riesgo extremo, y a la solicitud por parte de las del estado de alarma. Miembros del Gobierno aseguraban en la noche de ayer que «todo va encajando». Se evitaba confirmar que se celebrará un Consejo de Ministros Extraordinario para decretar el estado de alarma. Pero ya no se descartaba. Oficialmente desde La Moncloa se emplazaba a esperar. Ya en la noche del viernes se apuntaba al domingo como día para su celebración. «Cada cuestión requiere su momento. Y ahora el presidente está ya en Roma», con motivo de la audiencia que ha celebrado este sábado con el Papa Francisco. Se ha esperado a que el presidente regresase de su viaje para proceder a la convocatoria.
La decisión del Gobierno de no actuar por su cuenta, reforzada con el discurso de Sánchez, fomentó desde el jueves respuestas unilaterales para restringir la movilidad. Plagadas de dudas jurídicas todas ellas. Esa sensación de inacción, fomentada desde La Moncloa lanzó a las a solicitar formalmente la declaración del estado de alarma en todo el país.
El primero fue el País Vasco. Un apoyo clave. Por la tarde lo hacía Cataluña. Otro más. Con esos partidos, unidos a los diez escaños de Ciudadanos que Inés Arrimadas ofreció por la mañana, el Gobierno ya tiene los apoyos suficientes para poder prorrogar la medidas en el Congreso de los Diputados.
Entre País Vasco y Cataluña se fueron acumulando las solicitudes de todas las comunidades autónomas presididas por el PSOE. Las que no lo hicieron formalmente advirtieron que lo apoyarían. La incertidumbre sobre el alcance de la medida excepcional se encuentra en las regiones insulares.
A última hora de ayer ninguna comunidad autónoma del PP había solicitado la medida, pese a que todas ven necesarios aplicar limitaciones a la movilidad nocturna. El Gobierno central tiene interés en que el PP se sume al apoyo, pero ya tiene apoyos suficientes para proceder sin el concurso de Pablo Casado.
Restricción sin aval judicial
Andalucía y Castilla y León estarían de acuerdo con un toque de queda para frenar el coronavirus, pero se resisten a solicitar el estado de alarma. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, está convencido de que es «el único marco legal que nos queda, pero es el Gobierno quien debe tomar esa decisión».
En Castilla y León, el toque de queda empieza a aplicarse desde las diez de la noche de hoy y hasta las seis de la mañana del día siguiente. La medida durará 15 días por la «urgentísima necesidad» de frenar los contagios en el ámbito doméstico y evitar el «colapso sanitario» sin perder «ni un día más». La decisión, amparada en la Ley de Salud Pública de 1986 y que dejará sin efecto los confinamientos perimetrales de varios municipios de la Comunidad, deberá ser refrendada por el TSJ de Castilla y León. Si este órgano judicial lo rechaza, la Junta solicitaría al Gobierno la aplicación inmediata del estado de alarma para mantener la restricción de movilidad nocturna , informa Miriam Antolín.
En Madrid, el Gobierno regional ha optado por seguir dos caminos simultáneos: por un lado, una orden de Sanidad que sustituye desde las 14.47 horas del sábado al estado de alarma, y en la que se establece la limitación de las actividades desde las doce de la noche a las seis de la mañana: estará cerrado la hostelería, el comercio, el ocio y la cultura, y tampoco estarán permitidas las reuniones en espacios públicos o privados de personas que no convivan juntas.
Un intento de frenar las fiestas y reuniones sociales, además de los botellones, que concentraban el 80 por ciento de los nuevos contagios. Para llevar a cabo este particular «toque de queda» que Madrid no quiere llamar así, piden amparo al Gobierno Central, de quien esperan «un paraguas legal y administrativo», pero no piden el estado de alarma. Combinando con esto, Madrid emite una segunda orden con restricciones por zonas básicas de salud, que entran en vigor el lunes y afectarán a barrios de doce municipios, incluidos algunos en la capital, y a un total de 671.000 personas, un 10 por ciento de la población madrileña, informa Sara Medialdea.
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