Los padres del 25% ven peligrar sus derechos conseguidos vía judicial

Es decir, los directores que señalen, en la encuesta remitida por Gonzàlez-Cambray, que en sus aulas aplican el 25 por ciento deberán modificar sus proyectos lingüísticos para impedir ese 25 por ciento. Todo un desafío a la Justicia y, lejos de apaciguar o resolver los incumplimientos legales, una manera de cronificar el conflicto entre las direcciones y los padres.

Alrededor de 47 escuelas e institutos aplican parcialmente el 25 por ciento de español por orden judicial . Los casos en total de padres que han ganado a la Generalitat en los tribunales, desde que se instaurara por primera vez el porcentaje, asciende a más de 80. Por distintos motivos (fin de la escolarización del niño, traslado de residencia de la familia...) el número, hasta ahora, no aumentaba porque la Generalitat y el centro afectado solo lo aplicaban a la clase del niño cuyos padres habían pleiteado, y ganado, judicialmente. Pero no a todo el centro. Y una vez el alumno dejaba el lugar de enseñanza, este volvía al monolingüismo. Esta ‘trampa’ de la administración es lo que la sentencia de 2020 pretende evitar y lo que la Generalitat no quiere acatar . No solo eso.

La idea de Gonzàlez-Cambray es que también esas 47 escuelas e institutos pierdan el bilingüismo que aplican (hay otro puñado de colegios e institutos que llevan a cabo sistemas bilingües o trilingües sin orden judicial). ABC ha contactado con algunos de los padres que, tras meses de reclamaciones, consiguieron, finalmente, que los tribunales les dieran la razón . Lamentan la situación, defienden el uso de los dos idiomas oficiales en las escuelas y se muestran firmes en la defensa de los derechos de sus hijos.

Sin embargo, la preocupación de estas familias es máxima y valoran con tristeza una regresión. Es un derecho que tienen reconocido todos los alumnos, pero la administración educativa no está dispuesta a ofrecerlo. Eso sí, todos aseguran que, llegados a este punto, denunciarán ante los tribunales cualquier intento de reducir el 25 por ciento de español de sus hijos.

Según cálculos oficiales, más de 1.500 padres han solicitado por escrito a la Generalitat el modelo bilingüe a lo largo de los últimos años, pero menos de 100 llevaron la petición hasta las últimas consecuencias, aun sabiendo que la Justicia les dará la razón, como así ha sido en todos los casos.

Consuelo Santos, la primera madre a la que la Justicia concedió un 25 por ciento de castellano para sus hijos hace ya doce años –diciembre de 2010–, no ha tenido apenas tiempo de saborear la «victoria judicial» que ordena cumplir esa proporción de español en todo el sistema educativo catalán.

Un fallo del Tribunal Supremo proporcionó más castellano para sus dos hijas –una de ellas ya está cursando un grado y la otra sigue en la Educación Secundaria Obligatoria–. Hace unas semanas, en un encuentro con ABC, esta madre expresaba su satisfacción por la nueva situación lograda tras la sentencia de 2020 y tras casi treinta años de litigio. Ahora, tras las instrucciones aprobadas esta semana por el Govern, dirigidas a esquivar esta sentencia, su sonrisa se desdibuja. «No permitiré bajo ningún concepto que se me arrebate un derecho reconocido por los tribunales», señala en un nuevo encuentro con este diario.

Santos advierte, además, de un efecto colateral de esta guerra sin precedentes contra el uso del castellano en las aulas. «La Generalitat no sólo carga contra el 25 por ciento de castellano que ya disfrutan algunas familias, sino que dispara también contra el inglés y otras lenguas usadas en la docencia, ya que hay centros que imparten porcentajes de clases en lengua extranjera», indica. Y añade: «No creo que hayan calibrado que al sacrificar el castellano también sacrifican el inglés y desaparece el modelo multilingüe, el único que hace a los alumnos realmente competitivos». «Será un retroceso ilógico en un mundo globalizado», lamenta.

«Al final, es una cuestión de utilidad, el catalán no es una lengua útil de trabajo ; una lengua que potencie tu competitividad fuera de las fronteras de Cataluña. Por contra, el castellano y el inglés, lenguas con infinidad de hablantes, sí lo son», asegura Consuelo Santos, que envía un mensaje a la Generalitat: «A golpe de decretazos para saltarse lo que dicen los jueces, lo único que va a conseguir es que el catalán se convierta en una lengua antipática para muchos catalanes que la usábamos de forma natural».

«No lo tendrán fácil conmigo», advierte Jordi respondiendo a este diario sobre cómo afrontaría que la Generalitat le arrebatara el 25 por ciento de castellano que los jueces le han concedido a sus dos hijos. «Tengo una rabia e impotencia encima que es difícil de explicar. Ideologías al margen, las sentencias deben cumplirse, eso es indiscutible », señala el padre, que el pasado mes de marzo obtuvo unas medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que su hijo mayor, con necesidades educativas especiales y que cursa Educación Secundaria Obligatoria, pueda tener un poco más de castellano en sus clases.

Otro hijo suyo escolarizado en Primaria también tiene el respaldo judicial para cursar más castellano. «No voy a permitir que atenten contra un derecho reconocido por los tribunales para mis hijos. Voy a luchar hasta el final», afirma en declaraciones a este diario. «Otra cosa es que me lo retirara un juez, entonces litigaría por la vía judicial para recuperarlo, pero no voy a consentir que una administración me lo quite por cuestiones meramente políticas», precisa, y denuncia a aquellos políticos que defienden el modelo de inmersión solo en catalán que se aplica en la enseñanza pública, y luego llevan a sus hijos a la concertada, donde hay más proporción de uso de la lengua castellana en asignaturas no lingüísticas. «No se molestan ni en predicar con el ejemplo», indica.

Por último, este padre lanza una última advertencia a la Generalitat: «Los derechos de mis hijos no se tocan; y menos una administración. Lo tienen claro, han dado con un padre cabezón», sentencia.

Los hijos de López, escolarizados en El Prat de Llobregat (Barcelona), fueron los primeros –en abril– en conseguir el aval de los jueces a un 25 por ciento de español tras el acoso independentista a la familia de Canet de Mar (Barcelona), cuyo 25 por ciento ha sido ratificado esta semana, y la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que extiende el bilingüismo a todo el sistema escolar de la comunidad.

En 2015, unas cuarenta familias solicitaron por escrito a su escuela, en Castelldefels (Barcelona), que el proyecto lingüístico del centro fuera bilingüe. La escuela y la administración educativa se negaron. En noviembre de 2016, los tribunales obligaron a cambiar el proyecto lingüístico .

A partir de ese momento, desde la jefatura de estudios del colegio y mediante un grupo de padres de la misma escuela –liderados por una exconcejal de la población– se presionó para que otros padres protestasen por la aplicación del bilingüismo y se diera a conocer la identidad de los que propiciaron el cambio del proyecto lingüístico . En junio de 2017 se filtró a TV3 que habían sido 30 las solicitudes para acabar con el monolingüismo.

Poco después, el Ayuntamiento de Castelldefels se posicionó contra la sentencia que establecía el 25 por ciento de español en las aulas de uno de los colegios de la población y acusó a los padres de poner en riesgo «la convivencia» . Pese a todo y desde entonces, la ley se cumple tal y como determinó la Justicia.

Uno de los padres ganadores de aquella hazaña es Dafne Ungerer. Ahora, a la espera de ver en qué queda el intento de suprimir el 25 por ciento de español en los centros en los que ya se aplica, como en el que todavía está uno de sus hijos, asegura que hará «todo lo que sea necesario para mantener este porcentaje» y advierte de que, en realidad, «lo más razonable sería que se impartiera el 50 por ciento de las clases en una de las lenguas oficiales, y el otro 50 en la otra».

Ungerer, en contacto con este diario, se pregunta: «¿Cuál es el problema que tienen en la Generalitat con el castellano? ¿Cuál es el problema de que los niños aprendan los dos idiomas ? ¿Por qué quieren que solo aprendan uno?». Estas cuestiones, cuando las ha planteado a la dirección del centro educativo y a la administración autonómica han caído en un saco roto. «Nunca me han contestado», apunta.

La estratagema de la Consejería de Educación es, para esta madre, «una falta de respeto a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». Y añade: «Está fuera de lugar. Los nacionalistas se creen superiores».

Dory López, junto a su marido, solicitó para su hijo, escolarizado en un colegio de Barcelona, la aplicación del bilingüismo. La petición no fue solo de esta familia. López recogió firmas a las puertas del centro educativo. Lo hizo entre diciembre de 2020 y finales de 2021, entre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que extiende a todo el sistema el 25 por ciento de español, y la ratificación de este fallo por parte del Tribunal Supremo. Se consiguieron 30 firmas . Tras la negativa de la Generalitat, que es el ‘modus operandi’ para no aplicar voluntariamente el bilingüismo, ninguna familia se atrevió a llevar el caso ante los tribunales de Justicia. La presión es brutal . Esta madre es de una de las familias damnificadas por las tretas del Govern.

«Que no se aplique el 25 por ciento es gravísimo. La consejería actúa a saco en este tema, ya que no tiene ninguna cortapisa por parte del Gobierno de España», lamenta López, en declaraciones a ABC. «Solo nos queda la Justicia, que actúa cuando lo hace y con los plazos que tiene. No es tolerable lo que está pasando», añade.

En relación al decreto ley de la Generalitat, que pretende cerrar la puerta a posibles recursos judiciales de familias como la de López, esta madre indica que es una estrategia típica del nacionalismo: «Volvemos a empezar. Recursos y más recursos». Y pone la lupa en el Ejecutivo: «El procedimiento judicial debería contar con el apoyo del Gobierno . Pero este se inhibe».

En el caso de su hijo, además, la asignatura de lengua española, dos horas a la semana, el único momento de contacto con esta lengua de lunes a viernes en el colegio, se imparte por la tarde, y es habitual, denuncia a este diario, que se reprograme para dar cabida a charlas y otras actividades no regladas. «Si los bomberos, por ejemplo, tienen que dar una charla a los niños, pues vienen en las horas de lengua española», asegura.

A esta queja López añade otra: la manipulación. «Se trata de fabricar votantes independentistas. Propaganda». La familia está pensándose acudir a los tribunales por el 25 por ciento, pero lamenta: «Cataluña no es una democracia en el sentido de igualdad».