El puente de la SE-40 de Sevilla costará 180 millones más que el de Cádiz

El Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Provincia publicaron ayer el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en AndalucíaOccidental por el que se somete al preceptivo periodo de información pública el trazado de este tramo, Dos Hermanas-Palomares-Coria del Río –cambia la denominación para incluir a Palomares, lo que era una reivindicación del municipio– que contempla el controvertido puente planteado finalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez para salvar el cauce del río Guadalquivir frente a la idea original de hacerlo a través unos túneles, que fueron enterrados definitiva.

Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, que consta de diez páginas, «la aprobación definitiva del proyecto de trazado, en su caso, implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. A este respecto, el anuncio de la Dirección General de Carreteras ya concreta e individualiza, así como pormenoriza, una nómina «de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de trazado».

Además de particulares y sociedades familiares, las administraciones afectadas por este proceso son, entre otras, los ayuntamientos de Dos Hermanas, Coria del Río, La Puebla del Río y Palomares del Río, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Transportes.

El departamento de Óscar Puente aprobó a finales del pasado mes de marzo de manera provisional el proyecto, o como señala el sector de la ingeniería el anteproyecto, de trazado de este tramo SE-40, y ordenaba a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental a incoar el correspondiente expediente de información pública con 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias.

El tramo objeto de este proyecto tiene una longitud de 5,069 kilómetros y está ubicado al suroeste de Sevilla, entre Dos Hermanas y Coria del Río. Conecta con el tramo Alcalá de Guadaíra (en la A-376) - Dos Hermanas (A-4) al oeste; y con el tramo Coria del Río (A-8058) - Almensilla (A- 8054) al este.

En estos cinco kilómetros se incluye el puente atirantado de 3,5 kilómetros que sustituye a los túneles inicialmente planeados e incluso contratados para este proyecto, tendrá un gálibo libre de 70,8 metros, 3.600 metros de estructuras singulares y se convertirá «en uno de los de mayor luz de España», según destaca la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Por comparar, el segundo puente de Cádiz, que sufrió muchas reprogramaciones y modificaciones durante su ejecución, y cuyo coste inicial casi se duplicó hasta los 511 millones finales. Cuenta con un gálibo de 69 metros sobre la lámina de agua. Es decir, costó 180 menos que lo presupuestado para el puente del Guadalquivir, sin tener en cuenta posibles derivadas como retrasos, encarecimiento de costes o modificaciones del proyecto, lo que podrían elevar el dinero a invertir en esta infraestructura.

El Gobierno de Pedro Sánchez, al enterrar la opción de los túneles, apostó por la alternativa del puente por ser la opción más económica. En concreto, al plantear el nuevo estudio informativo concluyó que la solución del puente reduciría la inversión necesaria a unos 458 millones de euros frente a los 1.077 y 1.826 millones de las opciones de túneles y que el puente podría estar quizá listo en 2028 (según las estimaciones de aquel momento) y los túneles entre 2032 y 2036, siempre según los cálculos de aquellos tiempos, como apunto en septiembre de 2022 el subsecretario general de Infraestructuras, Xavier Flores.

Estas optimistas previsiones de la Administración central no contemplaban la judicialización del dedazo a Ineco, empresa pública, para la redacción del proyecto del puente, que el sector de las ingenierías civiles y de las constructoras han puesto en manos de la Audiencia Nacional y, en paralelo, en el Tribunal Supremo, que recientemente -y como ya informó este periódico- ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la Federación de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España (CIES), que integra a la andaluza Asica, y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) contra el segundo encargo del Ministerio de Óscar Puente a Ineco y la aprobación del mismo por parte del Consejo de Ministros.