Mazón debe irse ya

La decisión de la juez de Catarroja que investiga las responsabilidades por las 228 muertes que se produjeron en la dana del 29 de octubre en Valencia de imputar a la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y a su número dos de Emergencias, Emilio Argüeso, así como la contundencia de la relación de hechos contenida en su auto hacen inviable políticamente la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Aunque la instructora no ha procedido contra el presidente de la Generalitat porque es aforado, lo que ralentizaría una investigación que parece marchar a buen ritmo cuatro meses después de los hechos, le ha ofrecido declarar de manera voluntaria, cosa que podría hacer en cualquier momento.

El auto, dictado en una fase inicial de la instrucción, ya concluye de forma tajante que las responsabilidades por el retraso en el aviso a la población se concentran en el Ejecutivo autonómico. Un elemento muy ilustrativo son los ejemplos que recoge de otras instituciones que sí adoptaron medidas de prevención, como la Universidad de Valencia, que decidió suspender las clases, y asegura que había información «sobrada» para proceder así. Y tampoco duda en considerar que esa «inactividad patente», que se tradujo en el retraso en dar la alarma, privó a las víctimas de la dana de la posibilidad de ponerse a salvo. Son valoraciones muy tajantes, aunque estén dictadas en una fase inicial de la instrucción y, por tanto, puedan modificarse en cualquier sentido si surgen nuevas evidencias o nuevas apreciaciones en otro momento procesal. La investigación judicial, a medida que avanza, ofrece conclusiones que evidencian, al margen de cuál sea su traducción penal y de la posible y futura implicación de otras administraciones, la pésima gestión de la catástrofe por la Generalitat dirigida por Carlos Mazón.

Es verdad que el auto inadmite una querella contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cual resulta muy llamativo y discutible, sobre todo porque obvia la implicación objetiva de esta institución en el apagón informativo sobre lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo. Sin embargo, hay que señalar que, aunque otras administraciones hayan tenido responsabilidad en lo sucedido, y debe investigarse con la misma exhaustividad que al Gobierno valenciano, eso no alivia un ápice el nivel de negligencia exhibido por la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, cuya figura ha quedado hipotecada políticamente para siempre por este luctuoso episodio. La sola imputación por parte de la juez de la persona que él designó para la Consejería de Justicia e Interior, a la que luego destituyó para sustanciar inicialmente las responsabilidades políticas de este caso, lo sitúan en una posición política insostenible.

El Partido Popular dice que «el auto no ha cambiado nada» y es verdad, todo el mundo sabe que, desde el día siguiente de la tragedia, Mazón es un presidente con respiración asistida, que juega los minutos de la basura del partido y al que sólo lo sostiene la incapacidad de los populares para pactar con Vox un sustituto. El paso del tiempo y las evidencias que la misma Generalitat ha tenido que aportar demuestran que su noción de los tiempos resulta interesada y cuestionable: primero dijo que llegó al Cecopi después de las 19.30 y más tarde señaló que a las 20.28, nada menos que casi una hora de diferencia.

Su reciente intento por presentarse en Madrid para darse un segundo aire resultó un verdadero fracaso y no fue arropado por ninguna figura relevante de su partido. Pese a eso, en privado, la dirección del PP ha estado ocultando que no tiene una solución para la crisis o que le incomodaría tenerla y se autoengaña creyendo que quizá Mazón sea capaz de «liderar la reconstrucción». El problema es que las encuestas indican que la hipoteca de Carlos Mazón es más pesada y extensa de lo que puede intuir un Feijóo al que es cierto que no le gusta entrar en el terreno de sus barones. Pero tiene enfrente una izquierda que se está rearmando gracias a su larga experiencia en aprovechar políticamente las desgracias de este tipo, como demostró la tragedia del Metro ocurrida en Valencia o el 'Prestige' en Galicia. Quizá quitar a Mazón no arregle la situación en la Comunidad Valenciana, pero mantenerlo en el poder desde luego resulta un grave error y aboca a una profundización de la crisis con un líder débil.