Armengol pagó a la trama del caso Koldo siete veces más rápido que el plazo medio

La orden de pago se hizo en tiempo récord y sin asegurarse de que el material cumplía con el estándar de calidad imprescindible, que después se comprobó que no alcanzaba. Fue el director general del IB-Salut, Juli Fuster, quien acordó que el contrato se tramitara por la vía de emergencia el pasado 4 de mayo, según el atestado policial que investiga el caso Mascarillas. Al día siguiente, el 5 de mayo de 2023, se dio la orden de pago, según ha podido confirmar ABC.

De haber seguido el tiempo medio establecido de 43 días y haber hecho la diligente supervisión del lote, se habría detectado que las mascarillas eran quirúrgicas y no FFP2 antes de abonarlas. Porque ya el 8 de junio el resultado del análisis solicitado a través del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) había confirmado que los cubrebocas de la empresa Soluciones de Gestión S.L. eran de ínfima calidad.

Este documento invalidaba la remesa y por ello se inmovilizaron las mascarillas sin usar en un almacén de Palma, donde a día de hoy siguen abandonadas y ya caducadas. Sin embargo, este informe fue ocultado y hasta ahora la investigación no ha podido localizarlo entre el material requerido al organismo balear de Salud, según se desprende de la investigación en curso. Pese a la advertencia de este informe, el gobierno de Armengol hizo la vista gorda y no comunicó a la empresa ahora bajo sospecha la mínima desavenencia con el lote recibido.

En agosto de 2020, el Ejecutivo balear entonces liderado por la actual presidenta del Congreso la avaló para que pudiera seguir recibiendo contratos públicos durante la pandemia, a pesar de que en dos meses había constatado que las mascarillas eran inservibles y las había dejado sin uso. El Gobierno autonómico respaldó a la empresa emitiendo un certificado en el que mostraba su «satisfacción» con el suministro de Soluciones de Gestión S. L. En el documento, que figura en el sumario del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional, el subdirector de Compras y Logística, Antonio Mascaró, certificó el 12 de agosto de 2020 que la empresa había realizado suministros de «manera satisfactoria» y «sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia».

El ejecutivo de Armengol también ocultó a las autoridades de Bruselas esta operación para endosar el pago a través de los fondos Feder. Cargó la compra a la Unión Europea por un importe total de 3,9 millones de euros, de los cuales 150.000 correspondían a la asistencia técnica y 56.000 al transporte, además de los 3,7 millones que costaron las mascarillas. La Fiscalía Europea asumió por ello la investigación de este contrato en junio del año pasado y aún tiene diligencias abiertas, como reveló ABC.

Es competente en los casos de malversación o fraude al presupuesto comunitario. El lote de un millón y medio de cubrebocas llegó en avión a Palma el 27 de abril de 2020 tras un «contacto verbal» que hasta la fecha no se ha identificado. Dos días después, el Servicio de Salud fabricó un expediente de contratación amparándose en la situación de emergencia que se vivía a raíz de la pandemia del coronavirus. Un 'modus operandi' cuestionado por la Guardia Civil, que considera que fue «contrario a la ley» y que la operación estaba «precondedida»: «La prestación del servicio» se ejecutó «antes de la formalización del mismo».

Tras perder las elecciones del 28M, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que por entonces presidía el Gobierno de Baleares, inició una reclamación por 2,6 millones el 6 de julio, el mismo día que la popular Marga Prohens era investida como presidenta de la comunidad autónoma y Armengol finiquitaba su mandato en las islas.

Las prisas para pagar los 3,7 millones de euros de las arcas públicas en el Servicio de Salud contrastan con la pasividad en esta reclamación, que se hizo tres años después de recibir el cargamento, en julio de 2023, y sin haber manifestado ninguna queja previa, para sorpresa de la empresa. Soluciones de Gestión alegó que la petición era «extemporánea» y y estaba fuera de lugar.

El informe de la UCO advierte de que en la documentación entregada a la investigación por el Servicio de Salud de Baleares el 19 de julio de 2022 no aparece ningún contrato previo ni posterior. Tampoco hay ningún escrito donde se especifique quién hace el encargo, cuándo lo hace por primera vez, cuáles son las condiciones de compra ni qué se pide exactamente.

La UCO considera que toda la operación vulnera claramente la Ley de Contratación, que exige que se detallen la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato y las condiciones de la recepción de lo que se compra. El expediente sí menciona que fue la empresa quien se puso en contacto con el Servicio de Salud para «avisar de que tenían un avión repleto de mascarillas FPP2», pero en la documentación entregada por este organismo no se incluye «comunicación alguna entre las partes».

Los empresarios tras la adjudicataria fueron notificados de la reclamación el pasado mes de octubre, como revela el sumario del caso Koldo, y además de alegar en contra pidieron al exasesor de Ábalos que intercediera para frenar la ejecución de manera que el expediente caducase y así el dinero ya no se les pudiera exigir. Los pinchazos revelan que él les iba diciendo que estaba haciendo gestiones, aunque algunas de las que anunció, como una reunión con el PP, no se han acreditado. Para Juan Carlos Cueto, empresario tras Soluciones, la reclamación contenía «unos argumentos pa' llorar, o sea, pa' meterle prevaricación». El dinero no ha vuelto a las arcas públicas de Baleares.