Los fabricantes reclaman una agencia estatal para impulsar el coche eléctrico

Ante ello, la patronal automovilística Anfac ha identificado dieciséis medidas que podrían aliviar la crónica carencia de este equipamiento clave. Además, la asociación de fabricantes reclama la creación de una agencia estatal que supervise el cumplimiento de los objetivos marcados en cuanto a puntos de carga y promocione este tipo de vehículos, que el año pasado supusieron el 4,84% de las ventas (frente al 0,05% en 2011), pero son apenas el 0,2% del parque automovilístico. Entre las medidas, Anfac sugiere, en un documento que se publicará este jueves y al que ya ha tenido acceso ABC, reconocer de interés estratégico nacional los proyectos de despliegue de infraestructuras de alta potencia (de más de 250kW), mejorar los incentivos para quiénes apuesten por su instalación y reducir, con exenciones fiscales y bonificaciones, los ingentes costes fijos que lastran esta infraestructura y que la hacen muy difícil de rentabilizar.

«Es importante que las administraciones empujen», aseguró ayer José Vicente de los Mozos , presidente de Anfac, que se entrevistó por la tarde con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El también máximo responsable de Renault en España alertó de un inicio de año «bastante malo» para el sector. Por ahora, las ventas de coches caen un 60%, tras el alza del impuesto de matriculación. El apoyo de las administraciones es especialmente necesario para impulsar el mercado de vehículos eléctricos y su red de recarga. «Es necesaria una actuación más contundente y comprensiva por parte de las administraciones para acompañar el enorme esfuerzo que están haciendo las empresas», según José López-Tafall, director general de Anfac. El directivo lamenta «el gran escollo» que supone la falta de infraestructura, que frena las ventas de eléctricos «pese a la gran oferta de modelos disponibles».

En octubre, Ribera prometió que en 2023 habrá 100.000 puntos de recarga. Una meta a la que Transición Ecológica destinará buena parte de los 1.100 millones que prevé asignar de los fondos europeos a la movilidad sostenible, pero que a día de hoy sigue muy lejana. Y no tanto por la dotación económica (aunque instalar un punto de alta potencia puede llegar a costar más de un millón de euros) sino por los farragosos trámites que exige la instalación, que pueden retrasar la apertura en hasta dos años. De ahí que la asociación solicite la declaración de interés estratégico nacional para los puntos de más de 250 kW , lo que supondría un procedimiento de «ventanilla única» que ahorraría trabas, especialmente en el ámbito local (reclaman además ayudas y bonificaciones a los municipios) y reduciría a la mitad los plazos ordinarios.

Las propuestas de Anfac pasan también por establecer un objetivo intermedio vinculante de 45.000 puntos de acceso público al final de 2022, con la previsión de alcanzar 350.000 en 2030. Ese año, según el Plan de Energía y Clima del Gobierno, debería haber cinco millones de eléctricos en España. Para supervisar que se logran los objetivos, Anfac propone la creación de un comité de coordinación dependiente del Consejo de Ministros o de la futura Comisión de Reconstrucción, además de la mencionada agencia estatal. La propuesta se completaría con la creación de un Consejo Asesor para Despliegue de las infraestructuras, en la que los miembros de la agencia tendrían representación, junto a asociaciones sectoriales y representantes industriales. Un organismo similar existe en Alemania desde hace una década . Denominada Agencia Alemana de Movilidad del Futuro (NPM, antes Agencia de Electromovilidad), actúa como asesora del Gobierno federal. Y participan fabricantes como BMW o Volkswagen pero también la oficina de transportes VDA (equivalente a la DGT), sindicatos, eléctricas y científicos.

Además, los fabricantes piden que se establezca un registro de puntos de recarga de acceso público antes del 30 de marzo, y que se pueda recargar con una única aplicación o tarjeta en todos ellos, en lugar de necesitar una para cada operador. Y reclaman modificar la Ley del Sector Eléctrico para garantizar que los costes son transparentes.