Trump invoca la ley de guerra de 1798 para acelerar la deportación de venezolanos

Se trata de una decisión sin precedentes, con la que ya amagó en campaña. La Ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act) fue promulgada durante la presidencia de John Adams como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Francia.

Esta norma extraordinaria, diseñada para tiempos de guerra e insurrección, otorga al presidente un poder casi ilimitado para deportar extranjeros, incluso sin cargos en su contra. Hasta ahora, la administración Trump ha deportado aproximadamente 11.000 personas al mes sin recurrir a esta ley.

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La medida fue bloqueada de inmediato por el juez federal James E. Boasberg, quien argumentó que las deportaciones ya habían comenzado sin un proceso legal establecido. La Casa Blanca ha apelado la decisión, alegando que frenar el decreto socavaría la capacidad del gobierno para responder a amenazas de seguridad nacional.

Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha emitido un comunicado en el que informa de que «cientos de criminales violentos fueron expulsados ​​de nuestro país» en dirección El Salvador, y ha aprovechado para agradecer a su presidente por acoger en sus cárceles a los deportados: «Quiero expresar mi sincera gratitud al presidente Nayib Bukele de El Salvador por su papel fundamental en este traslado. Se ha ofrecido voluntariamente a encarcelar a estos violentos criminales». Todavía no está claro si Washington ha expulsado a estos miembros del Tren de Aragua antes o después de que el juez bloqueara la medida.

En su decreto, Trump vincula directamente al Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que la organización criminal opera en conjunto con el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico dirigida por el régimen venezolano. Según el documento, la banda criminal ha infiltrado las fuerzas militares y policiales del chavismo y se usa como una herramienta para desestabilizar a Estados Unidos y otras democracias en la región.

Trump también acusa a Maduro de liderar el Cártel de los Soles y de utilizar el narcotráfico como arma para «inundar Estados Unidos de drogas». Además, el decreto recuerda que en 2020 el gobierno estadounidense imputó a Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por narcoterrorismo. En su proclama, Trump declara: «Maduro ha cedido cada vez más control a estas organizaciones criminales. Maduro lidera esta empresa de narco-terrorismo, utilizando drogas como un arma para inundar Estados Unidos».

Parte de los detenidos vinculados al Tren de Aragua podrían ser enviados a cárceles en El Salvador y Honduras, países que ya colaboran con las deportaciones bajo el segundo mandato de Trump. En un principio, el expresidente mencionó la base naval de Guantánamo como destino, pero los inmigrantes trasladados allí han sido redistribuidos, en su mayoría entregados a Venezuela.

Trump sorprendió al inicio de su mandato al enviar a su emisario Ric Grenell a Caracas para reunirse con Maduro. El encuentro resultó en la liberación de varios estadounidenses encarcelados y en el compromiso del chavismo de aceptar vuelos de repatriación. Incluso, el régimen llegó a ofrecer su aerolínea estatal Conviasa para facilitar el proceso. Sin embargo, poco después, Trump impuso nuevas sanciones al petróleo venezolano, cerrando cualquier posibilidad de un acercamiento.

Reducir la inmigración irregular es una prioridad del presidente tras los años de Joe Biden, en los que unos tres millones de indocumentados ingresaron al país cada año. En febrero de 2025 se registraron 28.000 detenciones en la frontera, una cifra significativamente menor a los 256.000 del mismo mes del año anterior.

La medida ha sido duramente criticada por grupos de derechos civiles. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en la demanda contra la Casa Blanca, advirtió: «La intención de la administración Trump de utilizar una autoridad de tiempos de guerra para la aplicación de leyes migratorias es tan inédita como ilegal. Puede ser la medida más extrema hasta ahora, y eso ya es mucho decir».

En su discurso inaugural del 20 de enero, Trump defendió su decisión con una promesa contundente: «Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno utilizar todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que están trayendo un crimen devastador al suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y barrios».

Aunque el Tren de Aragua ha sembrado el terror en América Latina y es visto como un instrumento de injerencia del chavismo, expertos en crimen organizado aseguran que su presencia en Estados Unidos sigue siendo limitada. Se estima que el grupo cuenta con solo unos cientos de miembros en el país, una fracción mínima dentro de los casi 800.000 venezolanos que residen en territorio estadounidense.