El Supremo de EE.UU. amonesta a Trump por su guerra contra el juez de las deportaciones exprés

Desde entonces, la Administración Trump ha protagonizado un enfrentamiento, igual de extraordinario, con Boasberg. El punto más alto ha llegado este martes, cuando el presidente de EE.UU. exigió el 'impeachment' o juicio político del juez, una petición de gran gravedad.

«Este juez, al igual que muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser llevado a juicio político», escribió Trump, en letras mayúsculas, en un mensaje en su red social. También calificó a Boasberg de «juez lunático de extrema izquierda», «problemático y agitador» y «tristemente nominado por Barack Hussein Obama».

Pocas horas después, el juez Roberts, uno de los nueve magistrados del Supremo, uno de los seis que forman la mayoría conservadora del tribunal, elegido por un presidente republicano (George W. Bush), dio el paso de tomar cartas en el asunto.

«Durante más de dos siglos, se ha establecido que el 'impeachment' no es la respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial», escribió Roberts, sin mencionar de forma específica a Trump. «El proceso normal de apelación existe para ese propósito».

«No hay jueces de Obama, o de Trump, o de Bush o de Clinton», añadió el magistrado principal del Supremo. «Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces haciéndolo lo mejor posible para dar tratamiento justo a todos los que comparecen ante ellos».

«Esa independencia judicial es algo a lo que todos deberíamos estar agradecidos», añadió Robers, una declaración que resuena en un momento en el que Trump está testando la fortaleza de la separación de poderes en la democracia más vieja y estable del mundo.

La exigencia de 'impeachment' de un juez por parte de Trump es el último episodio de lo que para algunos en EE.UU. es una incipiente crisis constitucional entre los poderes ejecutivo y judicial, con acusaciones al Gobierno de que no está cumpliendo órdenes judiciales y entre críticas feroces de los aliados del presidente -en especial, el más poderoso, Elon Musk- a los jueces que han puesto coto a la frenética actividad ejecutiva del multimillonario neoyorquino.

El caso en el que Trump ha llevado el desafío a la Justicia a su punto más intenso hasta el momento es la deportación de un grupo de inmigrantes indocumentados a los que su Administración acusa de formar parte de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua. Trump invocó la mencionada ley de finales del siglo XVIII -utilizada hasta ahora solo en tres ocasiones, siempre en tiempo de guerra, para evitar los procesos legales que permiten la deportación- para expulsar a 137 de esos inmigrantes de forma exprés, sin pasar por los tribunales, y mandarlos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Ante la demanda de los abogados de algunos inmigrantes, Boasberg ordenó que se parara la deportación para determinar si la Administración Trump puede aplicar aquella ley, en plena operación de expulsión, con los aviones ya rumbo al país centroamericano. El Gobierno de EE.UU. desoyó la orden y los aviones, contra la exigencia de Boasberg, no se dieron la vuelta.

El juez ha tratado esta semana de decidir si la Administración Trump incumplió o no su orden. Se ha encontrado a un Gobierno combativo, que ha negado siempre que incumpliera la orden, pero que rehusó en una vista del lunes dar información sobre el momento de salida de los aviones, entre otros detalles, y que ha pedido al tribunal superior de apelaciones que aparte a Boasberg del caso.

El martes, mientras el enfrentamiento del presidente con la Justicia movía a actuar al magistrado jefe del Supremo, la Administración Trump respondió de forma limitada sobre la hora de salida de los tres aviones que llevaron inmigrantes a El Salvador el pasado sábado, después de que Boasberg impusiera un plazo límite para responder a las doce del mediodía (cinco de la tarde en España). Un representante de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) comunicó al juez que solo uno de los aviones partió después de que la orden del juez apareciera en los registros oficiales electrónicos a las 7.25pm del sábado y que esa nave no llevaba ninguno de los inmigrantes afectados por la invocación de la ley de 1798.

Pero Boasberg ya había dado órdenes de forma verbal antes de las siete de la tarde y es cuestionable la defensa de la Administración Trump sobre los dos aviones que sí llevaban afectados por la deportación exprés: no tenían que dar la vuelta porque ya estaban fuera del territorio de EE.UU. cuando el juez ordenó su regreso.

Boasberg tendrá que decidir si requiere más información, si considera suficientes las explicaciones del Gobierno, si considera que incumplió su orden y, en ese caso, qué respuesta dar. De momento, hay una vista prevista para este viernes para tratar el fondo del asunto: si estas deportaciones encajan dentro de la ley de 1798.