Las siete vidas de la presidenta Dina Boluarte

El pasado mes de febrero, el propio Alberto Fujimori declaraba, en una entrevista tras salir de la cárcel, que «no se justifica (una destitución), el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado», aseguró el exmandatario (1990-2000) –patriarca de la familia que ejerce un poder político en el país desde hace tres décadas–, que con estas palabras confirmaba el pacto del Gobierno con el partido que dirige su hija, Keiko Sofía Fujimori.

El tránsito de Boluarte por la presidencia peruana ha sido de todo menos tranquilo. El 7 de diciembre del 2022 llegó a la Presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, quien en un intento desesperado por salvarse de las denuncias de corrupción, dio un autogolpe de Estado para controlar el poder y zafarse de la Justicia. El Congreso destituyó a Castillo por incapacidad moral y fue sustituido por Boluarte. Tras jurar el cargo, la nueva presidenta tuvo que enfrentarse a las primeras protestas de su mandato, que dejaron 49 muertos tras la respuesta de las fuerzas de seguridad. Aquello desencadenó la primera denuncia de la Fiscalía contra Boluarte por genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, que fue finalmente archivada.

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pao ugaz | corresponsal en lima

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La presidenta, con una popularidad que se sitúa entre el 7% y 8% de aprobación, no tiene bancada propia en el Congreso lo que la ha llevado a construir una alianza 'de facto' con varios líderes políticos. El Gobierno le ha cedido el Ministerio de Salud a un miembro del partido de Acuña, César Vásquez; ha firmado presupuestos extras al también alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; y ha indultado al padre de Keiko Sofía Fujimori, Alberto Fujimori, además de organizar la defensa del indulto a Fujimori en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La denuncia por la represión estatal no es el único problema al que ha tenido que hacer frente la presidenta. La Fiscalía, que ordenó el allanamiento de su casa en marzo y que la volvió a interrogar la semana pasada, la investiga por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho (asociación para conseguir favores) por recibir regalos como tres relojes Rolex, una pulsera de oro y aretes a cambio de prebendas a favor del gobernador regional de Ayacucho.

A esto se suman las tres mociones en su contra presentadas por congresistas de izquierda y de centro, que el pasado viernes fueron rechazadas por mayoría simple. En ellas se le exigía a Boluarte dar explicaciones por la presunta obstrucción a la justicia al ordenar destituir a todos los policías que allanaron su casa; así como presuntamente enviar a su abogado personal, Mateo Castañeda, a ofrecer cargos en el Gobierno para «limpiar» a su hermano Nicanor. Pero la acusación más grave de todas era la de haber favorecido al gobernador regional, Wilfredo Oscorima, en la entrega de presupuesto a cambio de joyas y apoyo en Ayacucho, donde en diciembre del 2022 el ejército mató a diez personas que protestaban contra el Gobierno de Boluarte.

El exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, en declaraciones a ABC, señaló que «el destino de la señora Boluarte va a depender en gran medida de hasta cuándo los partidos políticos en el Congreso y los empresarios la quieren mantener en el poder. Si sigue pasando todo lo que le está pasando, toda la corrupción menuda que la rodea como las joyas y las cirugías, los poderosos del país la van a soltar y va a caer. Creo que su conducta como presidenta la va a llevar inevitablemente a la cárcel».

Tras el archivo de las tres mociones contra la presidenta, el primer ministro Gustavo Adrianzen envió una advertencia: «Al grupo reducido de bancadas y parlamentarios le decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos».

No solo Boluarte está en el punto de mira de la Justicia peruana, su familia también. Hace una semana, la fiscal anticorrupción, Marita Barreto, ordenó la detención preventiva de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, y del abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, por pertenecer presuntamente a una organización criminal denominada Los waykis en la sombra.

Al hermano se le investiga por pedir dinero a cambio de nombramientos en el Gobierno de Dina Boluarte y por armar una red de funcionarios para construir un partido político; y a Castañeda, por reunirse con policías que trabajan para la Fiscalía con el fin de cerrar las denuncias contra Nicanor Boluarte.

Si bien el hermano y Mateo Castañeda fueron liberados a través de un 'habeas corpus', la investigación abierta contra ellos involucra directamente a la mandataria peruana. El pasado viernes, policías de investigación del equipo especial de la Fiscalía denunciaron ante el Congreso que Boluarte ordenó su destitución por la molestia que le generó el allanamiento a su casa y la investigación a Nicanor Boluarte.

Por otra parte, la red del hermano es una bomba de tiempo para el Gobierno porque los policías han registrado en audios a Boluarte, a su hermano y al abogado Mateo Castañeda, buscando esquivar la acción de los investigadores, así como planear acciones contra el actual Fiscal general, Juan Carlos Villena.

En un país donde en la década de los años 90, el exbrazo derecho de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, uso los vídeos y los audios para perseguir a los enemigos políticos del régimen y que fue parte fundamental de su caída -un vídeo donde Montesinos aparece sobornando a un congresista de la oposición en el año 2000- , el anuncio de un paquete de audios son malas noticias para Boluarte y sus aliados.