Portugal tendrá elecciones anticipadas tras la caída de Costa

Marcelo Rebelo de Sousa anunció este jueves la que considera ser la solución menos mala para resolver la grave crisis política que atraviesa Portugal: disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones legislativas anticipadas para el próximo 10 de marzo. António Costa se mantendrá en su cargo hasta diciembre para poder aprobar así el 29 de noviembre los Presupuestos del Estado de 2024. Tras estar reunido con el Consejo de Estado durante cerca de cuatro horas, el presidente de la República lusa comunicó esta decisión a los portugueses indicando que cuenta con el consenso de los partidos políticos pero que dividió a los consejeros. Por lo tanto, ha sido «por decisión propia en el ejercicio de un poder conferido por la Constitución de la República portuguesa». Enumeró varias razones para optar por esta vía, entre ellas por entender que la naturaleza del voto de las pasadas elecciones, con mayoría absoluta socialista, fue fruto de la candidatura, campaña y abrumadora victoria de António Costa. Habló también de la «fragilidad de la formación socialista con otro primer ministro que no contaría con la legitimación del voto popular». Opta así por devolver la palabra al pueblo «sin dramatismos y temores». En su breve intervención quiso destacar «el servicio a la causa pública durante décadas» de António Costa y confía en que el tiempo «permita aclarar lo que ha pasado, respetando la presunción de la inocencia».

La decisión se produce tras la dimisión del primer ministro, António Costa, el pasado martes, quien alegó incompatibilidad entre sus funciones y la sospecha de haber cometido un delito. «He decidido disolver la Asamblea de la República y programar elecciones para el 10 de marzo de 2024», anunció el presidente, subrayando que lo había decidido después de escuchar a los partidos y al Consejo de Estado.

La actualidad informativa de este proceso, al que se ha denominado investigación Influencer, también estuvo este jueves marcada por la noticia de la aparición de 75.800 euros en el despacho del jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, uno de los detenidos el pasado martes. Fue precisamente ese día cuando los procuradores y agentes encontraron esta elevada cantidad de dinero guardado en varios sobres dentro de libros y de cajas de vino. Según el abogado de Escária, el dinero no está relacionado con esta investigación y proviene de su «actividad profesional». Poco después de conocerse la noticia, António Costa procedió a la exoneración del cargo de su jefe de gabinete.

La aparición de este dinero no ha hecho sino «aumentar el clima de sospecha», afirma a ABC David Dinis, director adjunto del semanario 'Expresso'. «Estamos solo en el principio de la historia, vamos a ver qué otras pistas existen y puede que el dinero sea de otro proceso pero es inevitable que el ambiente sea ahora aún más explosivo», matiza. Son muchas las voces que hablan de un proceso judicial arriesgado una vez que un primer ministro y su gobierno han caído tras el comunicado de prensa divulgado por la Fiscalía en el que se hace referencia al proceso crimen abierto a António Costa. No obstante, «partimos del presupuesto de que la Fiscalía ha confirmado al presidente de la República que esto no es solo un párrafo de una nota», señala Dinis.

Cierto es que la investigación deberá aclararse y que se debe tener en cuenta que cualquier gobierno tiene como función desbloquear problemas para atraer inversión extranjera, lo cual conlleva reuniones, comidas y cenas. «La cuestión aquí es entender si en algún momento se ha violado la ley, si ha sido un negocio normal o hubo algo ilícito».

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Este jueves se conoció también el nombre de dos nuevos imputados. Por un lado, João Tiago Silveira, ex secretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros y ex secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Sócrates. Por otro lado, la empresa Start Campus, responsable del megaproyecto de data center en Sines, quien contrató a Diogo Machado, consultor del Gobierno en importantes dosieres como TAP o BES, además de ser amigo personal de António Costa. También fue asesor económico del propio Costa y anteriormente de José Sócrates. El Ministerio Público sospecha que el objetivo de esta contratación fue presionar a las entidades para dar un empujón al proyecto. Según la prensa lusa, Machado recibía 6.500 euros líquidos al mes de esta empresa por sus trabajos como consultor. Su abogado afirmó ayer que faltan pruebas que sustenten el proceso y que espera que al final «el Ministerio Público se pueda mantener en pie».

El PS ha hecho todo lo posible para mantenerse en el poder después de conocerse la investigación. Antes de que António Costa anunciase su dimisión, él mismo indicó a Marcelo Rebelo de Sousa cuatro nombres como posibles sustitutos de su cargo para mantener así el Gobierno socialista con mayoría absoluta en el Parlamento. Mário Centeno (Gobernador del Banco de Portugal), António Vitorino (ex comisario europeo), Augusto Santos Silva (presidente de la Asamblea de la República) y Carlos César (presidente del PS) formaron la lista aunque el último aseguró no estar disponible. El Partido Socialista debe resolver también el vacío de liderazgo con la salida de Costa y ya se habla de dos posibles candidatos. Uno de ellos, Pedro Nuno Santos, ex ministro de Infraestructuras, de quien se espera que avance en breve con su candidatura. Francisco Asís es otro de los nombres de los que se habla para suceder a Costa, representando un ala más moderada del partido.