Una juez de Boston bloquea la deportación de más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua

El programa les permitía llegar a EE.UU. sí contaban con un patrocinador financiero y pasaban un control de antecedentes. Los inmigrantes accedían a un permiso de trabajo durante dos años. Ese periodo no se podía prorrogar y los inmigrantes debían cambiar su estatus a través de una petición de asilo o de residencia permanente.

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Enrique Serbeto | Corresponsal en Bruselas

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Biden decidió impulsar este programa en un momento de inmigración irregular masiva en EE.UU., con muchos de los que cruzaban la frontera de forma ilegal con origen en esos países. El objetivo era ordenar la entrada de inmigrantes y animarles a entrar en el proceso migratorio de forma legal.

Trump dio la vuelta por completo a la política migratoria nada más llegar a la Casa Blanca y este tipo de programas de admisión temporal -al igual que otro específico para venezolanos, cuya eliminación también ha sido bloqueada por la justicia- fue una de sus primeras víctimas.

La Administración Trump decidió el mes pasado que la fecha de eliminación del programa sería el 24 de abril, dentro de semana y media. Pasada esa fecha, ese medio millón de inmigrantes debería abandonar el país por sus propios medios o quedar a riesgo de infringir la ley, estar en situación irregular y ser objeto de deportación.

El Gobierno justificó su decisión en que la presencia de una «población grande de extranjeros en EE.UU. sin una vía clara a un estatus duradero» solo agravaba los problemas de inmigración masiva en la primera potencia mundial.

Esa decisión fue una pésima noticia para esta comunidad de inmigrantes, que han llegado a EE.UU., se han establecido, han encontrado trabajo e incluso han formado familias yendo por la vía legal.

Según la juez Talwani «la eliminación anticipada, sin una justificación caso a caso, del estatus legal de extranjeros que han cumplido con los programas del Departamento de Seguridad Nacional y han entrado en el país de forma legal socava el cumplimiento de la ley».

El auto de la juez abre una nueva batalla judicial para la Administración Trump en su intento de reformar de forma completa la política migratoria, en medio de sucesivos bloqueos en tribunales a sus acciones ejecutivas.