Francia tiene al Gobierno en funciones y las cuentas públicas se hallan en «estado inquietante»

Se trata de una situación desastrosa e inédita desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962.

Tras su derrota personal, la derrota de su partido y de sus amigos políticos, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas del domingo 7 de julio, Macron se tomó nueve días para aceptar la dimisión de su primer ministro, publicando un comunicado de seis líneas para anunciar un largo e imprevisible proceso, sin precedentes en la historia del régimen.

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Juan Pedro Quiñonero | Corresponsal en París

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«Con el fin de intentar que este periodo se acabe lo más rápidamente posible -dijo Macron- las fuerzas republicanas deben construir un proyecto común de acciones al servicio de Francia y los franceses». Tras tan brevísimas y elípticas frases, el presidente propuso un proceso largo y complejo, sin precedentes nacionales: rechazó los proyectos de los bloques mayoritarios, el Nuevo Frente Popular (NFP), que integra a todas las izquierdas, y Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen.

Macron deseó que sus amigos políticos y personalidades de izquierda moderada, reformistas, centristas y de derecha tradicional, calificadas de «fuerzas republicanas», negocien un proyecto común. Rechazó los extremos, y esperó que el resto del abanico político nacional negociara un proyecto común, que no ha existido hasta ahora.

La nueva Asamblea Nacional (AN) podrá reunirse a partir del 18 de julio, pero, de entrada, tampoco podrá decidir nada, limitándose a consumar un reparto de puestos parlamentarios, antes de tomarse las vacaciones, a finales de mes o primeros de agosto, a más tardar. Se teme que Francia continúe sin gobierno hasta finales de agosto, o más tarde, a pesar de que están a punto de comenzar los Juegos Olímpicos.

El NFP, el bloque electoral que ganó las elecciones, se ha dividido en cuatro grupos parlamentarios, que no consiguen proponer un jefe de gobierno común. Mal podría presentar un proyecto de gobierno propio. Por otro lado, AN y los amigos de Marine Le Pen forman el grupo más homogéneo y mayoritario, pero están solos, sin posible mayoría gubernamental. Los Republicanos (LR, derecha histórica) tiene un grupo minoritario de 45 diputados.

Para poder gobernar, sin riesgos de censura rápida, son necesarios 289 diputados para tener la mayoría absoluta en una AN de 577 escaños. Renacimiento y los amigos centristas de Macron suman, en total, 168 diputados, pero se han dividido en dos grandes tendencias: Attal, primer ministro dimitido, sueña con la formación de un gobierno de concentración nacional, del que podrían formar parte algunos socialistas y conservadores; Darmanin, ministro del Interior en funciones, sueña con una alianza entre los macronistas y la derecha tradicional.

¿Cuánto tiempo puede tomar la negociación de una coalición de centroizquierda o de centroderecha, difícilmente mayoritaria, tal como desea el presidente Macron? Tal vez días, semanas o meses. Nadie puede saber literalmente nada de unas negociaciones que no tienen precedentes.

Ese rosario de catástrofes tiene una ventaja: el gobierno técnico, en funciones, no podrá ser víctima de una moción de censura. Ni Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, ni el Nuevo Frente Popular (NFP), que reúne a las izquierdas, divididas, antes siquiera de haber conseguido proponer un candidato como jefe de gobierno, podrán votar la censura. En ese sentido, Marine Le Pen se frota las manos: la situación de crisis nacional grave puede favorecer el crecimiento del voto popular de la extrema derecha.

Horas antes que Macron aceptase la dimisión de su jefe de Gobierno, el Tribunal de Cuentas publicaba su informe anual sobre el estado de las cuentas de la Nación, que comienza con esta conclusión: «Las finanzas públicas francesas se encuentran en una situación inquietante». Tras constatar que los sucesivos gobiernos de Macron no tomaron las medidas necesarias para cumplir los compromisos con la zona euro, el Tribunal estima que los déficits del Estado y la deuda pública corren el riesgo de ser una amenaza potencial para la moneda única.