Alemania endurecerá su ley de deportaciones ante la ola de inmigración ilegal en sus fronteras del este

El borrador ya redactado, entre otras cosas, extiende el período de detención de diez a 28 días para los extranjeros a la espera de ser deportados, la denominada «custodia de salida», permite a la policía la entrada en alojamientos comunitarios, que ahora tenía vedados si el fugitivo compartía con otras personas, y otorga a las autoridades y a la policía más poderes para hacer cumplir las devoluciones. También prevé que los solicitantes de asilo participen en el procedimiento de solicitud bajo amenaza de sanciones.

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Rosalía Sánchez

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Una violación de las prohibiciones de entrada y residencia se define como razón independiente para la detención y se introduce una sanción si un solicitante de asilo no proporciona información, incorrecta o incompleta sobre su identidad en el procedimiento de asilo.

Esta carencia de documentación es uno de los principales obstáculos de las deportaciones, porque las autoridades alemanas no tienen país a los que remitir a las personas, y la nueva ley prevé una mejor conexión entre los servicios de inmigración y los servicios sociales: el registro central de extranjeros deberá dejar constancia de si los allí registrados reciben beneficios de subsistencia, qué autoridad es responsable de esto y durante qué período de tiempo se otorgan los beneficios. Una vez concedido el permiso de residencia, para aliviar a las sobrecargadas autoridades de inmigración, se extenderá su validez de uno a tres años.

El gobierno alemán se dispone a adoptar esta nueva normativa ante la alerta emitida por los sindicatos policiales, que advierten sobre cifras récord de entradas ilegales a través de las fronteras del este del país, procedentes de Bielorrusia, y que avanzan un movimiento migratorio aún más fuerte en el otoño. La policía insiste en la necesidad de que sea posible rechazar a los inmigrantes ilegales directamente en los pasos fronterizos con Polonia y la República Checa.

A finales de junio, la policía federal había registrado más de 45.300 entradas ilegales en Alemania, un 50% más que en el mismo período del año pasado, y la experiencia ha demostrado que las cifras de segunda mitad del año son siempre significativamente más altas que en la primera. 2.233 personas que ingresaron ilegalmente al país fueron detenidas en una sola semana en julio y, de acuerdo a la actual normativa, deben ingresar e iniciar el proceso de solicitud, que dura fácilmente años y que da lugar a menudo a la deportación.

«Es una locura. Nos damos reglas estrictas que funcionan mal», ha declarado a medios alemanes el presidente del sindicato GdP de la policía federal, Andreas Roßkopf, «es urgentemente necesario cambiar el estatus legal de la policía federal en las fronteras con Polonia y la República Checa, porque los policías federales no pueden devolver a nadie en el Este en caso de transferencias ilegales, a diferencia de lo que ocurre en Baviera». También el jefe del otro sindicato policial mayoritario (DPolG), Heiko Teggatz, insta al gobierno a actuar con rapidez para que puedan ser rechazados al menos los que ya hayan solicitado asilo en otro país de la UE o para los que exista una prohibición de reingreso.

«Desencadenará una reacción en cadena disuasoria, y sería una señal para la República Checa, por ejemplo, para proteger mejor sus fronteras hacia Hungría y Eslovaquia. Después de todo, cualquiera que llegue a la frontera germano-checa ha viajado ya por al menos cuatro países de la UE sin solicitar asilo. Es la prueba de algo no funciona correctamente aquí en Schengen», alega Teggatz.

Lo que parece descartado por el momento es un aumento de los controles fronterizos. Así lo ha comunicado recientemente la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, en una reunión con su homólogo checo, Jan Lipavsky. Todos los días, 70.000 personas cruzan la frontera germano-checa para trabajar, visitar o ir de compras. Es lo que Baerbock define como el «pulso de las regiones y el pulso de Europa». Kopelke ha solicitado controles en toda la frontera en Alemania Oriental para «habilitar un sistema de controles flexibles en puntos focales cambiantes como en Francia», pero esa solución requeriría permisos europeos y causaría graves daños, como demostraron durante la pandemia los cierres fronterizos. Faeser solo aceptaría los controles como «ultima ratio».

El número de deportaciones ha aumentado ligeramente este año: 7.861 repatriaciones en el primer semestre frente a las 13.000 de los dos años anteriores, según una portavoz del Ministerio de Interior. El pico se alcanzó en 2019, con más de 22,000 devoluciones, antes de que la pandemia paralizase todos los procesos. Pero dos tercios de las deportaciones planificadas siguen fracasando por los obstáculos legales que el gobierno alemán se apresta ahora a eliminar.