Crimea y Rusia, ¿y ahora qué?

Un referéndum de cuestionable legalidad

Los habitantes de la Península de Crimea han decidido en referéndum su secesión de Ucrania y su anexión a la Federación Rusa. Es el segundo paso en un proceso incierto y de dudosa validez jurídica, iniciado con una declaración del Parlamento del territorio el pasado día 6. Según el viceprimer ministro del Gobierno regional, Rustam Temirgaliyev, la declaración parlamentaria de anexión a Rusia tenía aplicación con carácter inmediato y el referéndum de ayer no ha sido más que una mera ratificación de una decisión ya tomada.

La población de la península, mayoritariamente de origen ruso, ha respaldado romper con Ucrania y acepta así el abrazo del oso ruso, pero eso no convierte en absoluto la decisión en firme. Como explica Carlos Espósito, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid, «el resultado de la votación no será aplicable, porque el punto de partida es ilegal». Crimea forma parte de Ucrania y, como han recordado distintos líderes occidentales, el referéndum choca con la Constitución ucraniana. La presencia militar rusa sobre el terreno supone otro factor de distorsión que menoscaba la legitimidad del referéndum, convocado además por un Gobierno, el encabezado por el prorruso Serguéi Aksiónov, que se hizo con el poder tras derribar a otro legalmente establecido.

Rusia dará el sí, ¿pero cómo?

Una vez los crimeos se han pronunciado en las urnas, será Rusia la que decida. Obviamente, la parte anexada voluntariamente necesita la aquiescencia de aquel estado al que quiere anexarse. No parece que los vecinos rusos vayan a poner pega alguna al deseo expresado en las urnas por los crimeos, algo que ya han dejado claro las declaraciones de los presidentes de las dos cámaras legislativas rusas, que han asegurado que no dejarán solo al pueblo crimeo en lo que se ha calificado como su «decisión histórica». De hecho, la Duma ya ha programado un debate para hoy mismo, solo 48 horas después de que voten los crimeos. Pero aunque la respuesta afirmativa se dé por hecha, esto no resuelve todas las dudas. Como señala Espósito, «las importantes deficiencias jurídicas de entrada en este referéndum pueden crear problemas a corto y medio plazo y Moscú se puede encontrar con una reivindicación enquistada. Generalmente, ir contra el derecho no es gratuito, termina por tener costes».

El encaje de Crimea en Rusia

Tampoco el encaje de Crimea en la Federación Rusa se presenta fácil. Los legisladores rusos se enfrentarán a una labor de ingeniería jurídica, pero ya se han puesto manos a la obra. Según la Constitución rusa de 1993, el marco jurídico surgido tras la caída de la URSS, Rusia «está integrada por repúblicas, demarcaciones, departamentos, ciudades de rango federal, un departamento autónomo y circunscripciones autónomas». El artículo 65 de la Carta Magna especifica qué territorios forman parte de Rusia y formula el vago principio de que «la admisión en la Federación de Rusia y la formación de un nuevo sujeto dentro de la misma se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto por ley constitucional federal». El partido Rusia Unida de Vladimir Putin ya ha presentado una propuesta legislativa para llenar las lagunas jurídicas y arbitrar un sistema para el ingreso en la Federación de elementos ahora ajenos a ella.

No está claro con qué estatus ingresará la península arrebatada a Ucrania en la Federación, aunque lo lógico sería que lo hiciera como república autónoma, la misma condición que ha ostentado como elemento integrante de Ucrania y que le garantizaría cierto margen de autogobierno. Tampoco cabe descartar que la anexión requiera al final del proceso una reforma del texto constitucional.

El difícil consentimiento de la comunidad internacional

Aunque el derecho internacional se escribe con frecuencia a fuerza de hechos consumados, un proceso secesionista que nace viciado de antemano por las circunstancias que lo alumbran tendrá que superar numerosos obstáculos. En cualquier caso, Putin parece más preocupado por asegurarse el control político efectivo de la estratégica región crimea que por el hecho de que ese control tenga amparo legal.

El más reciente ejemplo de colisión entre el derecho y la «realpolitik» fue el de Kosovo, que terminó escindiéndose de Serbia a pesar de que una gran parte de la comunidad internacional, incluida España, no lo reconoce como estado. Es el mismo problema que podrían tener que afrontar una Rusia y una Crimea unidas, ya que, como han advertido todas las potencias occidentales, ninguna dará validez a los resultados de un referéndum que consideran inconstitucional. Carlos Espósito recuerda que, aunque Kosovo es de de facto un estado independiente y ha sido a la postre reconocido por un centenar de países, «tiene que superar disfuncionalidades importantes en su funcionamiento» derivadas de la cuestionable legitimidad jurídica de su nacimiento.

Kosovo es el precedente que demuestra que en relaciones internacionales el pragmatismo suele imponerse sobre los principios jurídicos y supone además una notoria paradoja, ya que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de pesos pesados del bloque occidental reconocieron a la república kosovar en 2008 el derecho a segregarse de Serbia, el mismo que ahora niegan a Crimea respecto de Ucrania. Rusia actúa a la inversa, admite el caso crimeo pero no el de Kosovo. Los intereses mandan.