Prohibir o regular, el acuerdo imposible sobre la prostitución

Convenció de ello al erudito el que los conventos de los siglos XVI y XVII estuvieran rebosantes de mujeres de antigua vida alegre, el que los nobles tuvieran todos, como mínimo, una amante oficial, que el Rey Felipe IV contara con una legión de hijos bastardos y, sobre todo, el gran número de burdeles regulados por el propio Estado. «El objetivo era intentar acabar con la prostitución callejera o clandestina, estableciendo una red de mancebías p úblicas como únicos lugares autorizados para la prostitución, al tiempo que se conminaba a la persecución y castigo de las mujeres que ejercieran fuera del establecimiento público y sin cumplir sus ordenanzas», explica Isabel Ramos Vázquez, catedrática de Historia del Derecho por la Universidad de Jaén.

San Agustín había reconocido que los prostíbulos eran «un mal menor» en la lucha eterna contra la corrupción de las costumbres y los desórdenes sexuales. Los burdeles públicos estaban extendidos por toda la Europa medieval, siendo lo verdaderamente excepcional del caso español el estrecho celo que se ponía en que las mujeres de estos espacios fueran sometidas a controles sanitarios y a la insistencia de las autoridades religiosas por sermonearlas, aunque fuera de Pascuas a Ramos, para que dejaran aquella mala vida. Se calculan más de 800 casas públicas solo en Madrid , aunque en ninguna ciudad faltaban. Los Reyes Católicos y luego Felipe II fomentaron estos burdeles por razones económ icas (se les cobraban una tasa municipal llamada ‘derecho de perdices’), sanitarias y también para reducir la alta criminalidad generada por la prostitución callejera.

«No se puede hablar de legalización porque el modelo legalista, por el que algunos abogan en la actualidad, supone el reconocimiento de la prostitución como un trabajo más , otorgando derechos y obligaciones a las prostitutas, y ese no era el caso de esos burdeles», señala Ramos Vázquez, autora del libro ‘Una visión jurídica de la prostitución en la Edad Moderna castellana’ (2005). Las «mujeres públicas» eran consideradas mujeres marginales con un estatuto que las abocaba a la discriminación. Cuando Felipe IV, atormentado por su propia mala conciencia y por la nueva moral salida del Concilio de Trento , cerró de golpe estos burdeles y viró las leyes hacia la prohibición , las grandes damnificadas fueron otra vez ellas, forzadas a la clandestinidad y a ser recluidas en las llamadas Galeras de Mujeres, «para expiar su culpa y apartarlas del mal». «Las infelices que se hacen prostitutas son llevadas a las cárceles, cuando se les antoja a los alguaciles», anotó Goya en uno de sus Caprichos.

Desde entonces, España ha serpenteado entre el abolicionismo y el regulacionismo en un ciclo sin fin. Ni las medidas abolicionistas del siglo XVII, ni las de 1935, ni las de 1956 impidieron el desarrollo de una prostitución más o menos perseguida, frente a la cual el poder estatal y el municipal tarde o temprano se ha resignado a mirar a otro lado, aunque intentando a la vez poner limitaciones. «Las medidas abolicionistas no acabaron con la prostitución. La clandestinidad era relativa y se pasó con el final del franquismo y la democracia a una semitolerancia», recuerda el historiador Jean-Louis Guereña, autor de ‘Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950)’ (Cátedra, 2018).

Tras las intentonas de la Segunda República y de Franco, ahora es Pedro Sánchez quien ha prometido que va acabar definitivamente con la prostitución. « Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país», afirmó el presidente del Gobierno en la clausura del último Congreso Federal del PSOE, unas declaraciones que las asociaciones abolicionistas no parecen tomarse muy en serio. Estos grupos apuntan a la reforma del código penal de 1995 , que introdujo de manos socialistas la figura del «proxenetismo no coercitivo», como el origen del auge de estos negocios. «Pasamos de ser un país más bien abolicionista a uno donde el crecimiento exponencial de la industria del sexo ha convertido los prostíbulos en un lugar más de ocio», sostiene Rosario Carracedo Bullido, abogada y portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Según ella, la llegada de miles de mujeres procedentes del este de Europa transformó España en un gran parque temático del sexo .

Buena parte de los locales de carretera que integran el paisaje español, tanto como los toros de Osborne o los asadores castellanos, proceden de esa época. «Se usa el término alegal, pero la actividad del proxenetismo está admitida. Los puteros forman parte de la cultura urbana de España », defiende Carracedo Bullido. La normalización de los burdeles legales o semiclandestinos como espacios de sociabilidad ha contribuido durante siglos, en opinión de Jean-Louis Guereña, «a que en España, como en otros países de tradición católica, haya anidado una cultura de la prostitución dentro del imaginario masculino».

Sin embargo, resulta difícil saber si realmente ha aumentado la oferta o la demanda de prostitución desde 1995, pues cualquier intento por poner datos sobre la mesa resulta un brindis al sol o, en el peor de los casos, la chispa para una nueva refriega entre grupos abolicionistas y regulacionistas. Dos cifras aparecen de forma recurrente en boca de políticos y asociaciones para ilustrar que el país tiene un grave problema: el 39% de los españoles ha contratado alguna vez los servicios de una trabajadora sexual y el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen obligadas.

El primer dato es de un pequeño estudio europeo de hace treinta y un años sobre una base de 409 españoles, que suele citar de manera errónea la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAM) como elaborado por la ONU ; mientras la segunda cifra la dio por buena la Policía Nacional en el año 2019, pero, a la pregunta de este periódico, su departamento de prensa no da una respuesta concreta sobre cómo se han obtenido esos números. Tanto los memoriales de varias ONGs como una reciente investigación de la Universidad Pontificia Comillas reducen esas cifras a entre el 10% y el 30% de mujeres forzadas . «Si de verdad hubiera cientos de miles de mujeres esclavizadas en este país, lo que habría que preguntarse es qué está haciendo la Policía. Para las prohibicionistas no somos mujeres, solo objetos. Se dedican a retorcer las cifras y solo se escuchan a sí mismas», señala Conxa Borrell, portavoz del sindicato de trabajadoras sexuales Otras, que a cusa a las abolicionistas de vivir de las subvenciones , al tiempo que ellas acusan a su organización de alinearse con los proxenetas.

Para poner fin a la supuesta bonanza del mercado del sexo, las asociaciones abolicionistas piden una ley que sancione a cualquier individuo que facilite el trabajo sexual, ayudas económicas para que las mujeres salgan del mercado y multas para los clientes. No se trata ya, como en la época de los Austrias, de que sean ellas quienes sufran la peor parte. Sin embargo, Borrell, que representa a cerca de 600 afiliadas, cree que precisamente eso es lo que va a pasar si se impone este modelo, que cuenta con el aval del PSOE y algunos sectores de Unidas Podemos: «Con la prostitución no van a acabar, pero sí con nuestras esperanzas de tener un contrato laboral y de salir de la indefensión». Sin locales donde trabajar y con los clientes perseguidos, sus condiciones laborales solo pueden empeorar . Las trabajadoras sexuales pueden hoy inscribir su actividad como autónomas y pagar impuestos por ello, pero no trabajar legalmente a cuenta ajena. Durante la pandemia, en los clubes de alterne únicamente ellas, fuente principal de los ingresos, se quedaron fuera de los ERTE .

Remover el asunto de la prostitución solo interesa a los políticos cuando es posible exprimir titulares, entre otras razones porque el debate sobre la legalización o la prohibición va más allá de fronteras ideológicas y abre en canal al movimiento femin ista. «Contagiada por un pensamiento neoliberal, la izquierda reivindicó medidas regulacionistas a principios de este siglo basadas en la supuesta libertad sexual, pero desde el marxismo y el feminismo es insostenible. Es una práctica de desigualdad, incompatible con los derechos humanos, que no se puede regular por el Estado», apunta Carracedo sobre una tesis que gana terreno en las filas de la izquierda y explica por qué en muchos actos feministas las representantes de Otras son abucheadas e insultadas. Irene Montero está a favor de multar a los proxenetas, pero no a los clientes, mientras que una de sus manos derechas (por muy zurda que sea), Ángela Rodríguez , también llamada ‘Pam’, es, además de secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, una conocida s impatizante de la legalización .

Frente al caso holandés y alemán, donde los dueños de los locales de prostitución están blindados legalmente, se confronta en Europa el prototipo de Suecia, Noruega y, sobre todo, Francia, donde se han aprobado leyes abolicionistas. «Este modelo considera la prostitución como una violencia en sí misma : el objetivo aquí no es permitir su normalización, sino abolirla, protegiendo a las personas en situación de prostitución, y atacando realmente a sus explotadores, así como a lo que alimenta y es la única razón de la existencia del tráfico: la demanda », dice Jonathan Machler, director de CAP Internacional (Coalición para la Abolición de la Prostitución).

Antes de 2016, los burdeles de todo tipo ya estaban prohibidos por ley en Francia y la prostitución era un delito, pero a partir de ese año lo que está penado es comprar estos servicios. Casi 8.000 compradores de actos sexuales han sido sancionados desde entonces con multas que van de los 1.500 euros a los 3.500 euros e incluso con penas de prisión para los reincidentes, al tiempo que se ha pasado de 2.500 personas castigadas al año por estar en situación de prostitución a cero. «Estoy seguro de que esta legislación se podría aplicar en España. En primer lugar, porque tiene quizás el movimiento feminista más fuerte y dinámico de Europa. El hecho de que la prostitución y el proxenetismo sigan legalizados en España es una anomalía en la historia de este país», señala este activista.

La ley incluye el reconocimiento de la condición de víctima de la prostitución , lo que va acompañado de ayudas económicas, acceso a un alojamiento y a una formación para reciclarse laboralmente. Hasta la fecha, más de 600 «víctimas de la prostitución» se han acogido a este programa integral. «Es una ley bastante represiva que n o reconoce la independencia de los trabajadores sexuales , que se siguen viendo como gente enajenada, antes como delincuentes y ahora como víctimas», considera Juan Florian, un colombiano que lleva cinco años ejerciendo en Francia y no se muestra tan entusiasmado con la nueva legislación. «Estamos obligados a trabajar en condiciones cada vez más precarias, sufrimos la caída de precios y el aumento de estafas . ¿Reconvertirnos laboralmente? Con 350 euros no se vive; y nosotros solo queremos que se reconozca nuestro derecho a trabajar con nuestro cuerpo. Unos lo hacen con las manos o el cerebro, otros con los genitales », defiende.