Sólo un cabildo acredita la implantación del canal interno para denunciantes de corrupción, obligatorio desde 2023

A pesar de que el plazo legal de implantación finalizó el 13 de junio de 2023, sólo uno de los siete cabildos canarios cuenta ya con el obligado canal interno para que cualquier persona pueda informar, de forma anónima y con garantías de protección, sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción en el seno de esas propias instituciones. 

A juicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el de Fuerteventura es el único cabildo que en la actualidad dispone de un marco normativo que desarrolla este sistema de información conforme a la legislación vigente. 

Otras tres corporaciones insulares, las de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, “ya han iniciado el camino” para desplegar este canal, pero aún no puede considerarse que lo hayan hecho de acuerdo a los requisitos establecidos, según un informe de este órgano fiscalizador fechado el pasado 28 de diciembre. 

El Cabildo de La Palma también dice haber iniciado el procedimiento para instalar este sistema, pero la Audiencia de Cuentas entiende que, a la fecha de cierre del informe, finales de octubre, ese extremo no había podido ser acreditado. La Gomera y El Hierro, por su parte, admiten no tener el canal interno de denuncias conforme a la norma. 

En febrero de 2023 se aprobó la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infacciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma ordena la implantación en entidades públicas de sistemas de comunicación interna para informar de “posibles infracciones de derecho interno o comunitario”. Su finalidad “encaja en la prevención y detección de conductas contrarias al interés público”.

Este sistema debe configurarse como “la vía preferente para canalizar” las informaciones relativas a “posibles incumplimientos legales”. Además, debe proteger a las personas que comuniquen las anomalías, “garantizando su indemnidad ante posibles represalias por su actuación”. La ley daba unos meses para implantar estos sistemas de información. Con carácter general, hasta el 13 de junio de 2023.

Según la Audiencia de Cuentas, el Cabildo de Fuerteventura acreditó la creación del canal interno para denunciantes de corrupción el pasado 1 de octubre, “con el nombramiento del responsable del sistema y la aprobación de las instrucciones específicas del procedimiento”. El resto de entidades insulares no dispone aún de sistema de información interno “conforme a los requisitos establecidos legalmente”, concluye el informe.

En el caso de Lanzarote, el Cabildo aportó una herramienta que, según la Audiencia de Cuentas, “no es accesible desde la página web de la entidad” y, además, “no dispone de un marco normativo específico”. Tampoco consta su aprobación por parte de los órganos de gobierno de la coproración conejera “ni la definición de la unidad u órgano responsable del sistema”.

Según el órgano fiscalizador, tampoco se puede considerar que el Cabildo de Tenerife disponga ya de un canal de denuncias que reúna las condiciones establecidas por la normativa. En el periodo de alegaciones, esta institución alegó que ya contaba con un sistema implementado para recepción de comunicaciones antifraude, pero la Audiencia de Cuentas contesta que sólo está vinculado a la ejecución de los fondos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que, por lo tanto, no es suficiente.

El Cabildo de Tenerife defendió, además, que ya disponía de un estudio técnico con las características del “mecanismo específico” para cumplir con la Ley 2/2023 que prevé instalar en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, para la Audiencia de Cuentas se trata de un “compromiso de futuro”. Hasta ahora “no se ha demostrado que el mismo esté en funcionamiento ni se haya implantado, aunque sí aparece ya dicho canal en el registro de actividades de tratamiento”.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ya ha iniciado las gestiones para implantar el sistema de información mediante una “normativa interna”, como paso previo, aunque “no dispone de un canal” de acuerdo con las condiciones fijadas por la normativa. En el trámite de alegaciones, esta corporación insular también defendió que ya disponía de un buzón antifraudes ligado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, obteniendo la misma respuesta que Tenerife.

La Audiencia de Cuentas ha constatado, no obstante, que el Cabildo de Gran Canaria ya ha culminado los trámites para contratar el sistema de información, con una duración de tres años más dos de prórroga y un valor estimado de 724.736,67 euros, “con posibilidad de dar cobertura a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes”, motivo por el que el órgano fiscalizador considera que ya “ha iniciado el camino” para implantar el canal para denunciantes de corrupción.

El Cabildo de La Palma, por su parte, ha informado de que existe un contrato menor para implementar el sistema y que se está elaborando “la propuesta de acuerdo de gobierno para su implantación, próximamente”.

El informe también destaca que no ha habido ninguna acción para difundir la existencia de esos sistemas de información interno más que una nota en la página web del Cabildo de Fuerteventura.