«No sólo las presiones a un juez socavan la independencia judicial; también las reformas legislativas»

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pilar Astray ha lamentado que no se hayan hecho avances para mejorar los estándares de independencia judicial de España y en este sentido cree que se ha perdido una oportunidad al no presentar una única propuesta de elección de vocales judiciales en el CGPJ, que, a su juicio, deben ser elegidos por la carrera. Astray considera que la injerencia política en el Poder Judicial es cada vez mayor, como demuestra la reforma con la que el Gobierno quiere modificar el acceso a la judicatura, coartando la libertad de expresión de los jueces o silenciando a los jueces con una nueva causa de abstención o recusación sólo porque le molestaron las concentraciones que se llevaron a cabo en las puertas de audiencias y tribunales contra el pacto de investidura que reconocía el 'lawfare' o la propia amnistía, una cuestión que no es política, sino defensa del Estado de Derecho.

Ha coincidido en el diagnóstico Sergio Oliva, portavoz nacional de la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria. Oliva recuerda que «es evidente que somos independientes pero es innegable que hay un proceso de deslegitimación de los jueces y del poder judicial en los últimos años con señalamientos públicos» incluidos. Y eso, dice, es peligroso porque crea una atmósfera en la que se ve afectada la confianza que el ciudadano tiene que tener en los jueces. A ello se suma el intento de «socavar la independencia judicial a través de reformas legislativas« como la que limita la acusación popular, con el veto a las propias asociaciones judiciales, el acceso al sistema judicial o «la ley de eficiencia del servicio público que convierte al juez en un funcionario».

Oliva se ha referido en concreto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha puesto en marcha el Gobierno y que, a su juicio, desde la exposición de motivos ya «engaña a la sociedad dibujando un tipo de juez que no existe»: hombre, escorado a la derecha y rico. El portavoz ha echado por tierra ese mantra con datos. La edad media de los jueces es de 52 años, en las últimas promociones de togados el 70 por ciento eran ya mujeres, sólo un 6 por ciento de los nuevos jueces tienen un familiar que lo es.

No obstante ha dicho que el anteproyecto también tiene luces «pero las sombras son de tal calado que estamos muy preocupados», ha confesado.

Desde Foro Judicial Independiente Roberto García ve, como sus compañeros, que hay un problema de independencia judicial. «Claro que lo hay. Porque la independencia judicial no es solo recibir una llamada de alguien y recibir presiones, no; desde ese punto de vista está garantizada. La independencia judicial es mucho más, es que no exista ningún tipo de injerencia por parte de otro poder del Estado«, y hay reformas judiciales con las que se socava.

Sin embargo, para el representante de Juezas y Jueces para la Democracia Benjamín Sánchez Fernández, ese problema no existe. «En España no hay un problema de independencia judicial», ha dicho. «España no es Hungría ni Polonia». Tampoco cree que haya ningún proceso de deslegitimación de los jueces. «Lo que hay es mucho ruido por un periodo de inestabilidad política y en medio de la polarización política está el poder judicial«.

Sánchez ha defendido la reforma en el sistema de acceso a la carrera porque pretende incidir en las aptitudes. «La selección de jueces afectará a otras cosas, pero no a la independencia judicial», ha dicho. Justifica también el representante de la JJpD que se pongan límites a la exteriorización de la opinión de los togados sobre determinados asuntos. «No hay que olvidar la necesaria mesura en esa libertad de expresión». «La mesura cede cuando está en juego el Estado de derecho», le ha rebatido Pilar Astray (APM).

Se ha hablado también en el foro de los límites a la acusación popular, otra de las polémicas reformas legislativas en ciernes. Los portavoces se han mostrado muy críticos porque consideran que «no es que se limite esta acción popular: es que se lamina, lo que es inconstitucional«, ha dicho Astray.

Oliva, por su parte, entiende que la reforma está «diseñada para casos concretos» a tenor de su disposición adicional que señala que se aplicará a procedimientos vivos, lo que como informó ABC afecta directamente al caso Begoña o a Puigdemont en su causa en el Supremo.

«La reforma está claramente hecha para crear espacios de impunidad», ha apostillado su compañero de Foro Judicial Independiente, para quien con la actual Fiscalía y si no hay un perjudicado directo, «se generarán» esos espacios de impunidad. Criticó Roberto García que no es que se esté legislando por decreto-ley, es que se está haciendo con «disposiciones transitorias: se hizo con la ley de amnistía y se está haciendo ahora con la acusación popular. Y eso es muy peligroso», advierte.

La imputación del fiscal general también ha ocupado una parte de las intervenciones de los portavoces. La del de Jueces para la Democracia ha irritado especialmente al auditorio al decir «tengo por costumbre no opinar de política», como si la causa lo fuera. Luego ha intentado arreglarlo pensando que se le preguntaba si Álvaro García Ortiz pensaba dimitir. No obstante, aun así tampoco ha querido pronunciarse al estar el caso en instrucción.

Sí se ha aplaudido la reflexión de Sergio Oliva, quien ha considerado «lógico y humano» en un imputado «dudar del sistema para verse beneficiado, pero cuando tienes la condición de fiscal general del Estado y haces determinadas manifestaciones procesales que ponen en duda el sistema no queda otra que asumir responsabilidades y presentar la dimisión«, ha dicho.

En la misma línea desde Foro Judicial Independiente, Roberto García ha enarbolado la presunción de inocencia del imputado, pero «me cuesta trabajo entender qué va a hacer la Fiscalía» cuando llegue el momento de acusar o pedir el sobreseimiento teniendo en cuenta «que el imputado es superior jerárquico».