Sánchez usará las fisuras sobre la financiación autonómica en el PP para contentar a sus socios

Los estrategas gubernamentales creen que el separatismo, en su versión de derechas (Junts) o en la de izquierdas (ERC) se bajará pronto de sus máximos, singularmente del referéndum de independencia, que el presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, ha vuelto a poner sobre la mesa esta misma semana. La consulta de autodeterminación, como la amnistía, «no cabe en la Constitución», como han repetido desde las elecciones dirigentes de peso de la parte socialista del Ejecutivo, como la portavoz, Isabel Rodríguez, o la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero.

A cambio, especulan, habrá que hacer un esfuerzo para realizar cambios sustanciales en el modelo de Estado, un mantra comunicativo que los socialistas ya han puesto en circulación, con cierto éxito de acogida mediática. Y eso podría pasar, en primer lugar al menos, por una reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde el último que aprobó en 2009 José Luis Rodríguez Zapatero. La propia Montero señaló el martes en una entrevista en La Hora de la Uno, de RTVE, que esa reforma es «urgente» y explicó que para abordarla «no sólo se habla de los recursos que entran en el sistema, también se habla de la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas y de lo que llamamos el esfuerzo fiscal, con la vuelta de las reglas fiscales».

Ocurre, sin embargo, que ese camino o vía compensatoria de cara a las fuerzas independentistas y nacionalistas tiene varios problemas, agravados además por el veredicto dictado por los españoles en las urnas en los últimos tres meses, tanto en las autonómicas y municipales del 28 de mayo como en las generales del 23 de julio. En primer lugar, de carácter histórico. Los nacionalistas nunca han creído en el 'café para todos' que acuñó en la Transición el primer presidente de la democracia, Adolfo Súarez. Por eso, sin ir más lejos, Aragonès insistió en su comparecencia de este martes en un acuerdo bilateral de financiación entre su Gabinete y el Gobierno central. Y en cuanto a los aliados vascos de Sánchez, Bildu y el PNV, ya gozan de un sistema fiscal distinto (como ocurre también en Navarra) y por tanto el margen para contentarles por esa vía es escaso, sobre todo en comparación a los partidos radicados en Cataluña. Y en segundo y muy importante lugar, el mapa político que deja el 28M, con el PP presidiendo ya el gobierno de once de las diecisiete comunidades autónomas, y con participación en alguno más, como el de Canarias, hace inviable que se puedan acometer cambios de calado sin el acuerdo de los de Alberto Núñez Feijóo, que además tienen una importante posición de fuerza en las Cortes, con el mayor grupo del Congreso, 137 escaños, y la mayoría absoluta en el Senado.

Por eso, la vía que le queda al Gobierno para garantizar su propia supervivencia es la de hacer de la necesidad virtud y buscar fisuras en los gobiernos autonómicos del PP (varios de ellos en coalición con Vox) de cara a una negociación de ese sistema de financiación autonómica, una materia además de la que Feijóo es buen conocedor como antiguo presidente de la Xunta de Galicia. Parece seguro que el PSOE podría encontrar esas grietas, dado lo disímil de esos territorios con ejecutivos de los populares. El PP gobierna tanto en comunidades donde pesa mucho el factor demográfico –por ejemplo Andalucía, la región con más habitantes de España– como en otras donde la población es escasa y/o dispersa, caso de la mencionada Galicia, de Extremadura, donde María Guardiola ha tomado ya el relevo del socialista Guillermo Fernández Vara, o de Castilla y León. Y también hay presidentes populares en autonomías con un fuerte peso en el Producto Interior Bruto (PIB) de todo el país, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid o del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Esta última comunidad, además, lleva tiempo protestando, de manera bastante transversal en el arco parlamentario, por estar infrafinanciada. Y no parece que la nueva Generalitat controlada por el PP y Vox vaya a soltar prenda de esa reclamación.

Los populares no han querido aclarar a ABC si van a dar libertad de voto a sus presidentes en esta cuestión o si marcarán algunas líneas comunes para evitar la confrontación y se remiten a su programa electoral. Un epígrafe en el que se aboga por la reforma de la financiación autonómica actual, «buscando los consensos necesarios para su aprobación». Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, reconocía la necesidad de abordar este cambio de manera común. «Llama la atención escuchar a la ministra de Hacienda ofrecer de manera bilateral propuestas en materia de deuda a cambio de votos. Esa no es la fórmula. Se debe trabajar en un sistema que debe ser un instrumento de unión entre territorios y personas. No un sistema para confrontar a unos frente a otros», señaló.

Uno de los posibles socios de Sánchez, Coalición Canaria, pidió que «si se abre para Cataluña (la negociación bilateral), se debe abrir también para otros». «Si su voto es importante, el nuestro también y tendrá un precio», aseveró Cristina Valido, nueva diputada del partido insular en el Congreso, que reivindicó la singularidad de su autonomía.

Abordar una reforma de financiación autonómica es un asunto espinoso en el que resulta imposible dar gusto a todos. Son tan variopintas las comunidades de España que centrar el reparto de fondos en uno o dos criterios es imposible. Incluso aunque los gobiernos regionales sean del mismo color. Porque no son lo mismo las reivindicaciones del PP en Madrid o Valencia, que en Galicia.

Presidentes como Díaz Ayuso se alinean en este asunto con algunos que están alejados ideológicamente, pero que comparten que el criterio principal para llevar a cabo el reparto de fondos económicos en las autonomías debe ser el Producto Interior Bruto (PIB). O lo que es lo mismo, que los que más generan sean los que más recauden.

Una idea que pregona Madrid, pero que también gusta en Cataluña o en la Comunidad Valenciana y que, según otros presidentes, golpearía el principio de solidaridad autonómico, por el que esas comunidades ayudan a sostener a las que menos generan. Cataluña, que tiene una deuda acumulada de más de 85.000 millones, es la que más dinero ha recibido en 2023 del Fondo de Financiación, con algo más de 24.000 millones.

La Comunidad Valenciana, que preside desde hace solo unas semanas el popular Carlos Mazón, es otra de las que querría ponderar el PIB, pero también la quita de deuda. Son, junto a Cataluña, la región que más dinero debe –55.000 millones– y verían con buenos ojos una rebaja.

Según el Ejecutivo, buena parte de esa deuda viene provocada por la infrafinanciación histórica de la región, una de las más pobladas y de mayor motor económico, pero más castigadas en el reparto. «Tiene que haber un concepto de compensación por estos años tan lamentables y es algo irrenunciable e indiscutible» para el nuevo modelo, señala Mazón.

El popular aboga también porque el debate no se convierta en una «partida de esgrima entre presidentes autonómicos», en una búsqueda por evitar el enfrentamiento entre territorios. Discrepancias que son evidentes, pues en pleno debate, Madrid ya advierte que reducir la deuda «sería lanzar una señal muy grave al mercado sobre la solvencia que una determinada administración española puede tener en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en esta materia».

Además de Cataluña, Andalucía es otra de las comunidades con mayor deuda acumulada (más de 36.000 millones), aunque en este caso, la región gobernada por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla prefiere exhibir su potencia demográfica para exigir una mejora en el reparto de fondos en la posible reforma en lugar de buscar una quita, como piden los separatistas. «Hay que estar en contra de la condonación de la deuda, porque sería un trato de favor que no se debe consentir. Los ciudadanos de Andalucía no pueden ser tratados de peor forma que una persona que viva en Cataluña», apunta Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta. La «infrafinanciación» de la comunidad, según el PP, la reconocía en su día también María Jesús Montero cuando era consejera de la Junta. Entonces, la socialista hablaba de «800 millones menos» de los que merecía Andalucía, la región más poblada de España. Como ella, Madrid, Valencia o Cataluña entienden que para dar servicio a más ciudadanos deben recibir más fondos con los que poder atender las necesidades en educación, sanidad y servicios sociales.

Tan acuciante puede ser tener mucha población a la que ofrecer servicios públicos, caso de comunidades autonómas muy pobladas como Andalucía, Madrid o Cataluña, como tener que ofrecer esos mismos servicios en una región con pocos habitantes, muy envejecidos y dispersos por su territorio. Es lo que algunas comunidades como Galicia, Asturias o Castilla-La Mancha ponen sobre el tablero al hablar de financiación autonómica. Llevar a los niños al colegio o acudir a un ambulatorio puede ser una tarea hercúlea en esas autonomías, que reclaman fondos desde hace tiempo para mitigar ese problema. En noviembre de 2021, en Santiago de Compostela, y bajo el auspicio del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ocho comunidades firmaron un acuerdo de 35 puntos sobre demografía, medio rural y financiación. Feijóo reunió entonces a los presidentes de Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León, que reclamaron, entre otras cosas, que se habiliten nuevas plazas de médicos para reforzar pediatría y medicina de familia, ante las jubilaciones previstas en el sector sanitario.

Con información de: Manu Moguer, José Luis Fernández, David Maroto, Mayte Amorós y Jesús Hierro