Sánchez lanza un aluvión de medidas para controlar los medios sin detallar su alcance

Entre esas iniciativas, constan proposiciones de ley en el Congreso o reformas del Código Penal, y que no afectará sólo a los medios, sino también a la información gubernamental y a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Loreg, así como a las normas que desde hace cuarenta años regulan el derecho al honor o a la rectificación por injurias o falsedades publicadas en los medios. O a la regulación de los Lobbies, con una ley específica. Además de la reforma de la ley de secretos oficiales, que data de los años sesenta y que grupos como el PNV llevan tiempo reclamando reformar en profundidad. Nada, sin embargo, sobre la regulación de la actividad de los altos cargos, ni sobre sus cónyuges. También pretende regular el Gobierno la obligatoriedad de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación, que Sánchez no celebró en 2021, o la obligatoriedad para los candidatos de acudir a debates electorales en televisión.

En cuanto a los medios, Bolaños ha dicho que la Unión Europea (UE) mandata para que haya «medios transparentes», lo que a su juicio incluye conocer a sus propietarios y regular la publicidad institucional que reciben. Sobre esto, ha sido Urtasun quien ha explicado que se regulará para que haya «transparencia, proporcionalidad y no discriminación». Aunque sí existirá, ha explicado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, una discriminación positiva para los medios que publiquen en lenguas cooficiales, por ejemplo en catalán, donde existe un gran número de publicaciones digitales, muchas de ellas de marcada tendencia independentista.

Aunque es solo el primer paso, que Urtasun ha tildado de «histórico» porque por primer vez incorpora «la necesidad de hacer política mediática», lo que sí ha anunciado el Ejecutivo es la creación de un registro de medios de comunicación que pretende, como han venido reiterando en los últimos meses, que los ciudadanos dispongan de información sobre la propiedad de estos y la inversión publicitaria que reciben. Será elaborado, según ha destacado, por un organismo independiente como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que van a reformar para que pueda asumir estas competencias.

El reparto de la publicidad institucional estará condicionada, han explicado ambos, a las mediciones de audiencia para que estos «pseudomedios» no puedan falsear sus balances. Esto se hará a través de dos reformas de la ley de publicidad institucional, que permitirán, ha señalado, hacer «más justo» el reparto de los fondos y «evitar que con dinero público se financien pseudomedios». En este ámbito, pretenden establecer nuevos límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no dependan únicamente de estas. Así, la intención del Gobierno es que las administraciones publiquen anualmente su inversión publicitaria de forma obligatoria. Además, prevén desde el Ejecutivo incluir una nueva regulación, que no han sabido especificar.

También en lo relativo a los medios de comunicación, Urtasun ha asegurado que impulsará una ley de secreto profesional de los periodistas «como garantía jurídica para la protección de fuentes». Esto significa, ha apuntado, regular lo que ya se prevé en el artículo 20 de la Constitución y que pretende «blindar el trabajo de la profesión periodística», si bien no ha llegado a concretar ni qué regulará en lo relativo a la protección de las fuentes ni qué alcance jurídico tendrá la norma. También se pretende establecer la obligatoriedad para la empresas demoscópicas de dar a conocer los microdatos de sus encuetas cuando las publiquen en periodo electoral.

Además, el Gobierno impulsará la reforma «integral» del Código Penal para acabar con los llamados delitos de opinión contra las instituciones públicas, bien se trate de delitos contra los sentimientos religiosos, de escarnio público u otros supuestos, y acabar así con condenas recibidas en los últimos años por cantantes o artistas. Bolaños no ha especificado, a una pregunta concreta, si se acabará con el delito de injurias a la Corona, aunque fuentes de Sumar aseguran a este diario que la reforma del Código Penal sí incluirá su supresión.

Lo que sí ha detallado con más profundidad el ministro de Presidencia es la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, dos normas que considera «claramente obsoletas». «Es evidente que en 1982 y 1984 -cuando se publicaron ambas leyes- no se podía prever el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y la formas en las que se producen las difamaciones y publicaciones no veraces», ha indicado en rueda de prensa. Trata el Gobierno, ha explicado Bolaños, de garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta «rápida y efectiva» a la informaciones que se publiquen en estos «pseudomedios», un calificativo que ha utilizado no en pocas ocasiones durante la presentación del llamado plan de acción por la democracia.