Sánchez frena el debate de la cuestión de confianza con una catarata de cesiones

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El tema más relevante por su inmediatez era el que hacía referencia a la proposición no de ley (PNL) sobre la cuestión de confianza al presidente del Ejecutivo presentada por Junts, que debía debatirse este martes y votarse el miércoles, y utilizada por el partido de Carles Puigdemont como toque de atención ante los incumplimientos de los acuerdos pactados y firmados entre los socialistas y los independentistas. Principalmente, la cuestión en la que están encallados es en el encaje legal de la transferencia de la «gestión integral» de la inmigración, una cesión que supondría, entre otras cosas, que el control de las fronteras en Cataluña estuviera en manos de los Mossos d'Esquadra. Junts ha anunciado que retira la PNL haciendo caso a la recomendación presentada el fin de semana por el mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo.

«La ejecutiva de Junts ha debatido la petición y ha decidido corresponder a la petición del negociador. Junts retirará la cuestión de confianza. Retirar la PNL de confianza no es tener confianza en el PSOE. Galindo nos pide un plazo de prórroga y es él el que sabe el tiempo prudencial. No nos fijamos un tiempo [para el cumplimiento de los acuerdos]», ha señalado Jordi Turull, secretario general de Junts, tras la reunión de la ejecutiva que se ha alargado durante dos horas. La decisión se ha adoptado por unanimidad. El número dos del partido de Puigdemont ha elogiado el trabajo de Galindo y también ha confirmado que, hasta la fecha, se han llevado a cabo 12 reuniones entre los emisarios del PSOE y la cúpula de Junts con Galindo como notario y, en principio, porque las tres partes mantienen el máximo secretismo, en suelo suizo.

De todas maneras, Turull ha querido recalcar que la «desconfianza» con el PSOE es total y que para plantear una cuestión de confianza «siempre estamos a tiempo», aunque un segundo intento debería pasar por todo el proceso de registro y de calificación en la Mesa del Congreso, advirtiendo de que la decisión adoptada sobre este asunto solo es un aplazamiento. «Si el PSOE piensa que a partir de la decisión de hoy [por ayer] puede hacer lo que quiera, tendrá un gran disgusto», ha dicho la mano derecha de Puigdemont.

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En las próximas semanas, independentistas y socialistas se volverán a reunir en Suiza y será el momento para hacer balance. Turull ha recordado, por si se hubiera desviado el fin último, que «la razón de ser» de la mesa de negociación con el PSOE es «la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado español, abordar el reconocimiento nacional de Cataluña, la autodeterminación y el proceso de 2017 hacia la independencia de Cataluña».

La aceptación de Junts de la propuesta del mediador internacional ha venido precedida poco antes del anuncio, por parte del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de que el Gobierno asumirá 17.104 millones de euros de la deuda contraída por la Generalitat con la Administración General del Estado a través del FLA. Otra carpeta política que se votará, primero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –con mayoría del PSOE– del miércoles y, después, en principio en unos meses, en la Cámara Baja para su aprobación definitiva. El Gobierno ha vendido la medida en un paquete de quita general a todas las regiones que asciende a 83.252 millones de euros. Una cifra que asumirá la administración central.

La carga simbólica de la confirmación de la condonación de parte de la deuda catalana del FLA (el 22% del total, cuando en el acuerdo de investidura de ERC con Sánchez se señalaba el 20% al fijar 15.000 millones), la ha escenificado Junqueras. Una decisión del Ejecutivo dada a conocer por uno de sus socios de forma solemne y actualizada al poco por el Ministerio, en este caso el de Hacienda, para enmarcarlo en una iniciativa para todas las autonomías. Una pequeña victoria de los de Junqueras, que siguen en la pugna permanente con los de Puigdemont por ver quién consigue más de los socialistas, para que lo gestione Salvador Illa (PSC), en tanto que presidente de la Generalitat.

Junqueras, que el sábado se reunió con Illa y avanzó que esta semana habría buenas noticias para sus intereses, ha sacado pecho este lunes por cumplir con estas expectativas: «Hemos ido más allá de lo que estaba previsto. Estamos satisfechos, pero queremos más. Liberamos a Cataluña de esta injusticia. El FLA no debería haber existido nunca». Y ha añadido que «ERC negocia por Cataluña» y no pensando en el conjunto del país.

Así, ha asegurado que la quita conseguida por los secesionistas para el Govern catalán es «una cifra equivalente a todo lo que la Generalitat tiene previsto invertir en los próximos cuatros años», o lo que «invierte anualmente en salud, educación, universidad o investigación».

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Sin debate sobre la cuestión de confianza y con una condonación general parcial de la deuda para todas las autonomías, la tercera carpeta, la de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias, ha quedado en un mero trámite, tal y como se esperaba. Más de una decena de acuerdos, entre transferencias, cesiones y creación de grupos de trabajo. Los pactos los han escenificado Illa y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un encuentro en el Palacio de la Generalitat, previo a las reuniones de las dos comisiones.

El resultado ha sido muy satisfactorio para la Generalitat. La plantilla de los Mossos d'Esquadra se ampliará hasta los 25.000 efectivos en 2030 (actualmente son casi 20.000), el Govern tendrá bajo su control a los secretarios, los interventores y los tesoreros municipales (como ya ocurre en el País Vasco), se creará un Consorcio de Inversiones del Gobierno en Cataluña, Illa asume la gestión de las becas y, entre otras medidas, consigue también la cesión de varios inmuebles.