Prestige. Un naufragio de consecuencias fatales para el PP

Todo sucedió como si una mano negra, y nunca mejor dicho, hubiera guiado los acontecimientos para provocar un desastre que desencadenó consecuencias fatales para el Gobierno de Aznar. El Prestige carecía de condiciones de navegabilidad, sus tanques estaban llenos, la tripulación era poco experta, las condiciones climáticas, pavorosas. Nadie tenía un guión para afrontar una crisis que ya había tenido precedentes como la del petrolero Mar Egeo cuando naufragó frente a La Coruña en 1992.

El dilema se le planteó al Gobierno desde el primer momento. Sólo cabían dos opciones: intentar acercar el buque a un puerto cercano para embalsar las fugas de crudo o adentrar el Prestige en alta mar para que se hundiera lo más lejos posible. Pronto se impuso la segunda de las opciones. Le leyenda dice que Francisco Álvarez Cascos, a la sazón ministro de Fomento, exclamó al ser informado: «Que se vayan al quinto pino». Lo cierto es que su subordinado José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante, ordenó el alejamiento del Prestige de las costas gallegas. Las autoridades españolas temían que el buque pudiera partirse en dos antes de llegar a puerto. Y además nadie quería correr el riesgo de acoger un gigante de 240 metros de eslora, cargado de petróleo.

López Sors transmitió por radio al capitán Apostolos Mangouras, un veterano marino griego de 67 años, la orden de alejar el buque de las costas y, al mismo tiempo, ordenó la evacuación de la tripulación, en su gran mayoría filipina, en helicóptero. Mangouras, que quería salvar su barco, se negó. Y el armador contrató un remolque para poder llevar a puerto el Prestige. El Gobierno se reafirmó en su decisión y envió a un inspector, llamado Serafín Díaz, para asegurarse de que el capitán cumplía la instrucción de adentrar el navío hacia alta mar. Así fue. El Prestige fue remolcado durante seis días hasta que finalmente se partió.

Cuatro días después del hundimiento, la mancha negra, el chapapote, había contaminado ya casi 300 kilómetros de litoral gallego. El vertido se siguió extendiendo en los siguientes meses hasta tocar el norte de Portugal, toda la cornisa cantábrica y el sur de Francia. Unos 2.000 kilómetros de costa quedaron afectados por la gigantesca marea negra. Un desastre ecológico y pesquero sin precedentes en la historia de España.

A pesar de que los efectos de la contaminación eran ya visibles en los primeros días, la reacción de las autoridades fue negar el impacto del desastre. El actor Luis Tosar, miembro de la plataforma Nunca Mais, dijo gráficamente que los gallegos observaban la mancha por una ventana de su casa mientras veían los telediarios de TVE en los que se negaba que el accidente fuera a tener consecuencias graves para el medio ambiente.

Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, declaró: «La rápida reacción de las autoridades españolas ha evitado una catástrofe ecológica y pesquera». Al mismo tiempo, Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia y jefe del operativo, comparecía ante los medios con un puntero y un mapa para explicar que el vertido se alejaba de la costa contra toda evidencia.

Muchos medios cuestionaron la versión gubernamental tras enviar a sus periodistas a la zona. El escándalo aumentó cuando se supo que Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, se había ido de cacería ese fin de semana. Fraga volvió inmediatamente a Santiago cuando fue informado de las dimensiones del vertido.

Tras el hundimiento, el Gobierno colocó al vicepresidente Mariano Rajoy al frente de las tareas de limpieza, de sellado del buque y de reconstrucción de la zona. Fue entonces cuando Rajoy declaró que de los tanques del Prestige emanaban «unos hilitos», minimizando el impacto del desastre. El Gobierno confiaba que el petróleo se solidificaría a las bajas temperaturas de las profundidades del océano, pero eso no sucedió. Mangouras había sido detenido tras evacuar el barco y así estuvo 86 días hasta que el juez ordenó su puesta en libertad. Años más tarde, sería condenado por desobedecer a las autoridades.

Las movilizaciones de la población local y de los pescadores empezaron en los primeros días del desastre. Todavía el Prestige vagaba sin rumbo por el Atlántico, ya que Portugal y Francia se negaron desde el primer momento a que el petrolero navegara hacia sus costas. El Gobierno no sabía cómo afrontar el problema y llegó a barajar soluciones tan descabelladas como bombardear el barco desde un avión del Ejército, lo cual fue desechado porque sólo hubiera contribuido a agravar la catástrofe. Al mismo tiempo, sus portavoces seguían restando importancia al accidente. Dos días después del hundimiento del Prestige, nació la plataforma Nunca Mais.

El 1 de diciembre de 2002, dos semanas más tarde, Nunca Mais reunió a más de 200.00 ciudadanos en Santiago para protestar por la mala gestión del Gobierno y de la Xunta y para instar la declaración de zona catastrófica. Las protestas y movilizaciones continuaron hasta febrero de 2003 en la que una marcha hacia Madrid exigió soluciones urgentes para el desastre. Aznar, que tardó un mes en desplazarse a Galicia, había designado ya a Rodolfo Martín Villa como comisionado especial para hacer frente a las reparaciones. Poco después, el Consejo de Ministros aprobó un plan con una inversión de 12.000 millones de euros para impulsar la economía gallega.

Aznar admitió en su visita a la zona que «habían faltado medios», pero el daño estaba hecho. Muchas de las tareas de limpieza fueron acometidas por voluntarios. El coste político para el Ejecutivo fue enorme y la oposición, liderada por el PSOE, el Bloque e IU, se movilizó para protestar por la mala gestión. El portavoz socialista en la Asamblea gallega pidió la dimisión de Fraga, mientras la izquierda reprobaba la inacción del Ejecutivo de Madrid. Como todo es susceptible de empeorar, José Cuiña, consejero de Política Territorial de la Xunta y delfín de Fraga, tuvo que dimitir tras publicarse la noticia de que su empresa familiar había vendido materiales a la compañía pública que limpiaba el vertido.

Apenas cuatro meses después del desastre, la coalición encabezada por Estados Unidos decidió invadir Irak para acabar con el régimen de Sadam Hussein. Aunque la acción no tuvo el aval de la ONU, George Bush emprendió la ofensiva con el pretexto de la existencia de unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Aznar apoyó la guerra tras desplazarse a las Azores donde se hizo la famosa foto con Bush y con Blair. Francia y Alemania se distanciaron de la invasión. Y las calles de Madrid y de otras ciudades españolas se llenaron de manifestantes. Al igual que había sucedido con el Prestige, la oposición censuró la posición de Aznar y exigió la retirada inmediata de su apoyo a Estados Unidos. José Luis Rodríguez Zapatero prometió sacar las tropas españolas que el Gobierno había enviado a Irak tras la caída de Sadam, como así llevó a cabo después.

Cuando la crisis del Prestige parecía pasar a segundo plano, el 26 de mayo de 2003, seis meses después del hundimiento, el avión que transportaba a 62 militares que regresaban de Afganistán se estrelló en Turquía. La oposición acusó al Gobierno de haber contratado un aparato de bajo coste, alquilado en Ucrania, para ahorrar dinero, mientras Federico Trillo, ministro de Defensa, supervisaba una evacuación de los cadáveres que se realizó de forma caótica e incontrolada.

Si en algún momento de la legislatura había habido diálogo y pactos, sobre todo, en materia antiterrorista, el consenso quedó arruinado tras el Prestige y la guerra de Irak. El clima político se enrareció y las descalificaciones mutuas fueron in crescendo. Pero todavía el liderazgo de Aznar y la buena situación económica parecían asegurar al PP su tercer triunfo electoral con Rajoy de candidato.

Todo se fue al traste el 11 de marzo de 2004 con los atentados de Madrid, cuatro días antes de las elecciones generales. Las bombas que estallaron en los trenes mataron a 191 personas. Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba acusaron al Gobierno de ser responsable político de la masacre por su respaldo a la invasión de Irak. En vísperas de la jornada electoral del domingo, miles de personas se concentraron ante la sede del PP en la madrileña calle Génova para culpar al ejecutivo y acusar a Aznar de estar ocultando la verdad. «España no merece un Gobierno que nos mienta», dijo Rubalcaba.

Rajoy perdió las elecciones pese a que las encuestas realizadas diez días antes del 11 de marzo le daban una ventaja de más de seis puntos. Los atentados precipitaron el cambio. El voto de castigo fue implacable. Pero, año y medio antes, el estado de gracia del Ejecutivo había sufrido un duro castigo por la gestión del Prestige. Es imposible cuantificar lo que este desastre pudo influir en el voto, pero no hay duda de que la suerte del PP empezó a cambiar aquel 13 de noviembre cuando Mangouras lanzó su SOS por la vía de agua que preludió el final de un ciclo político.