Retomar el pacto del agua que frenó Sánchez a su llegada a La Moncloa, exigencia del PP tras la DANA

El Partido Popular recupera ahora esa idea y exige al Gobierno abordar «de manera urgente» un Pacto Nacional del Agua. Su propuesta incluye la creación de una autoridad nacional que tenga capacidad para gestionar infraestructuras críticas a nivel nacional. Todo ello junto a una importante dotación económica que suponga un incremento hasta los 40.000 millones de euros de la planificación en vigor.

Según publicó ABC, el objetivo de Rajoy en 2017 era acordar una política de Estado hídrica a largo plazo que no dependiera del cambio de color político de las administraciones, lo que implicaba al Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. El reto abarcaba las cuatro grandes áreas que afectan al agua–las inundaciones, la sequía, el cumplimiento de los objetivos medioambientales y la gobernanza–, por lo que su influencia hubiera sido determinante en episodios como la reciente riada provocada por la DANA de Valencia.

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Junto a ello, el Partido Popular reclama «garantizar todas las inversiones necesarias y agilizar la tramitación» de actuaciones en infraestructuras hídricas críticas. El objetivo, de nuevo, «garantizar la adaptación al riesgo y la defensa frente a inundaciones». Esto recuerda por ejemplo a la polémica sobre las actuaciones que se reclama que deberían haber sido realizadas en el barranco del Poyo y que, según algunos expertos, podrían haber cambiado el devenir de los acontecimientos de la trágica noche del 29 de octubre. El Gobierno llegó incluso a rechazar una enmienda de Compromís a los Presupuestos del año 2021 para, precisamente, «mejorar y acondicionar los márgenes del barranco del Poyo a su paso por la localidades de Torrent, Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja». Justo algunas de las localidades que más afectadas resultaron por los efectos del agua.

Todo ello lo defenderá el Grupo Popular esta semana en el Congreso en una moción consecuencia de una interpelación debatida hace siete días. En esa sesión plenaria, el diputado popular reprochó al Gobierno que las ayudas aprobadas en Consejo de Ministros para los afectados por la DANA son «insuficientes y en algunos casos erróneas». Por ello, el PP presenta un decálogo de medidas cuyo fin último es que «lleguen lo antes posible a todos los damnificados».

Para empezar, los populares reclaman que se amplíe el listado de municipios afectados con derecho a solicitar las ayudas. Pero también reclama ampliar las condiciones que permitirán el acceso a esos pagos a autónomos, ciudadanos que hayan perdido el transporte o incluso comunidades autónomas para la realización de obras en infraestructuras afectadas.

«Nosotros hemos aprobado un paquete de medidas que suman más de 10.500 millones de euros y nuestra urgencia es que lleguen ya a las personas damnificadas, a las empresas, a todos aquellos que tienen necesidad de tener recursos para poder rehacer su vida», replicó la pasada semana la vicepresidenta de Hacienda en el Congreso, María Jesús Montero, acusando al PP de intentar «desestabilizar» para tapar su responsabilidad en la gestión de la tragedia. Pero el PP avisa de la trampa de estas cifras. En concreto, dice que los 14.373 millones de euros aprobados por el Gobierno en ayudas no son tales, ya que 5.000 millones son avales de créditos ICO que tendrán que ser devuelves, otros 600 millones son aplazamientos de impuestos y 3.000 van con cargo al Consorcio de Compensación de Seguros.

Los populares señalan con ello a la hasta ayer ministra de Transición Ecológica y futura vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a quien reprochan que culpe al Gobierno de Rajoy cuando ella ha formado parte del Ejecutivo durante seis años y medio «sin hacer absolutamente nada».