Portazo del Constitucional a Garzón en su recurso contra el Supremo por anular el ascenso de Dolores Delgado

En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, dictada el pasado día 21, el TC da un portazo al amparo solicitado por el exjuez al no apreciar la «especial trascendencia constitucional» que se requiere para su admisión. Garzón había alegado la vulneración de su derecho a un juez imparcial –intentó recusar sin éxito a uno de los magistrados del Supremo que tenía que decidir sobre su solicitud de personación en el recurso que afectaba a su mujer– y también de su derecho a la tutela judicial efectiva, por no haber sido emplazado pese a su condición de interesado, ya que lo que estaba en juego para ese ascenso era el examen de la posible incompatibilidad laboral del matrimonio.

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Nati Villanueva

El recurso de amparo del exmagistrado se dirigía en concreto contra la decisión de la Sala Tercera del Supremo de no considerarle legitimado para cuestionar la sentencia que dejó sin efecto el nombramiento de Delgado y obligó al Consejo Fiscal a valorar si la ex fiscal general incurría en causa de incompatibilidad por dedicarse su marido a la misma actividad de la Fiscalía para la que fue nombrada jefa.

En ese incidente de nulidad que fue rechazado, el abogado argumentaba que el tribunal debió emplazarle, teniendo en cuenta que se aludía a su desempeño profesional. Argumentaba, además, que uno de los miembros de la Sala, José Luis Requero, debió abstenerse porque, según él, le profesa una «enemistad manifiesta» al haberse referido a Garzón en un artículo de opinión como «lamentable personaje» y «juez estrella».

La Sección Cuarta concluyó que Garzón «ni fue parte» en el procedimiento «ni debió serlo», por lo que no podía recusar a ningún magistrado al carecer de legitimación para hacerlo. Pero, aunque hubiera podido promover este incidente, «la recusación debería ser inadmitida por extemporánea», puesto que la composición de la Sala era de «público conocimiento» desde el 22 de diciembre del año pasado, cuando se publicó en el BOE.

El origen de esta causa se remonta al 7 de mayo, cuando la Sala Tercera del Supremo admitió los recursos de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y de uno de los candidatos a esa plaza, Luis Ibáñez, y ordenó retrotraer el procedimiento al momento en el que la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal —los seis de la AF y el de la APIF— pidieron sin éxito a García Ortiz que se debatiera la posible incompatibilidad que es causa de prohibición en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Según este precepto, los fiscales no podrán ejercer «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función».

En pleno julio, García Ortiz convocó un nuevo Consejo Fiscal en el que, según el fallo del Supremo, los vocales tenían que estudiar esa incompatibilidad, pero seis de la AF y el de la APIF consideraron que la documentación que se llevaba a la reunión era «absolutamente insuficiente», por lo que pidieron completarla con información registral y oficial sobre la actividad y cargos de la fundación de Garzón (Figbar) y la actividad material de su despacho (Ilocad). García Ortiz siguió adelante con la reunión y, con el aval de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la jefa de Inspección y de la teniente fiscal del Supremo, volvió a proponer a Delgado. A principios de mes la AF anunció un recurso contra este segundo nombramiento al entender que se ha incumplido el fallo del Supremo.