El PSE decidirá los terceros grados a etarras en el Gobierno vasco más amplio de la historia

Tal y como ha adelantado El Correo, el Gobierno de coalición regional estará compuesto por 15 consejerías, cuatro más que en la anterior etapa liderada por el ya exlendakari, Íñigo Urkullu. Su distribución, diez para el PNV y cinco para el PSE, trata de hacer justicia al equilibrio de fuerzas que dejaron las elecciones del 21-A (los primeros perdieron cuatro escaños, mientras que los socialistas ganaron dos). Algo criticado por «excesivo» entre los partidos de la oposición, que entienden que el aumento no busca solucionar los problemas de la sociedad vasca.

Este reparto se complementa con dos vicepresidencias, una para cada formación. En el caso del PSE, el elegido para ocuparla es Mikel Torres, hasta ahora alcalde de Portugalete y líder de los socialistas en Vizcaya. Movimiento que establece en la práctica una bicefalia, dado el paso al lado de Andueza para dedicarse a su labor como portavoz en la Cámara vasca.

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Además de la portavocía del Gobierno, los departamentos de Salud, Educación, Seguridad, Hacienda, Cultura, Políticas Sociales, Industria y Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Ciencia e Innovación recaen en los peneuvistas. Por su parte, el PSE gestionará las de Vivienda, Transportes, Turismo, Comercio y Consumo, Memoria y Justicia.

Esta última tiene atribuida la competencia sobre la Administración Penitenciaria, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez la traspasara al País Vasco en junio de 2021. Los socialistas gestionarán del régimen de semilibertad para los presos de ETA, ahora en las tres cárceles de la comunidad autónoma, tras el acercamiento total impulsado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Labor que no será sencilla para los socialistas, dada la alianza necesaria de Pedro Sánchez con Bildu para seguir en la Moncloa. Una política restrictiva en lo relativo a los presos causaría reticencias con los aberzales, que presionan para dar los terceros grados a condenados por su actividad terrorista, y con los que eligió confrontar Andueza en la investidura de este jueves entre críticas del PP, que denunció su falta de coherencia para reprender éticamente a Bildu. Lo contrario, una política laxa como la actual, provocaría el agravio de las víctimas, que ya han venido denunciando la línea seguida por la anterior coalición.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha señalado en los últimos tiempos la estrategia «deliberada y cada vez más acelerada» en la concesión de terceros grados. Muchos de ellos revocados en última instancia por la Audiencia Nacional al entender que no se cumplían las condiciones necesarias para concederlos. Antes, esta responsabilidad recaía sobre el PNV, ahora lo hará sobre los socialistas, pero el plan de Gobierno presentado conjuntamente esta semana no hace pensar en un giro drástico.

Según figura en el apartado dedicado a 'Convivencia, Memoria y Derechos Humanos', la función del sistema penitenciario «no debe limitarse a castigar a las y los infractores, sino que precisa contemplar también la rehabilitación y la reintegración social de las personas que han cometido delitos». Y concreta este punto con una iniciativa: «Fortalecer las políticas resocializadoras del sistema [...], fomentando en las y los internos la revisión crítica del pasado y el reconocimiento del daño causado».

En cuanto a que el PSE asuma las políticas de memoria, es otro de los puntos que más sospechas levanta entre la oposición. No sólo en el País Vasco, sino en otros puntos de España como Aragón, donde el Gobierno regional del Partido Popular mantiene un choque legislativo con el nacional que tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional. En la arena vasca, fuentes de Vox trasladan a ABC que se trata de una «pésima noticia» para quienes rechazan «la construcción de memorias parciales e interesadas».

PNV y PSE se han comprometido, más allá de «deslegitimar la violencia» de ETA, a «la construcción de una memoria inclusiva, crítica y ética». Algo que explican en su plan de bases con una «revisión y resignificación de la historia desde múltiples perspectivas, dando voz a aquellos grupos que históricamente han sido marginados o silenciados« y que llevarán a cabo con la gestión del Instituto Gogora.