Moncloa lanza su maquinaria contra Ayuso en el aniversario del Covid
La presidenta madrileña pedirá amparo a la Justicia ante los ataques «gravísimos» de la izquierda
Editorial | Covid: lecciones y manipulación
El PP de Madrid rompe relaciones con el delegado del Gobierno por utilizar los muertos de la pandemia contra Ayuso

El quinto aniversario de la pandemia, una efeméride redonda que se conmemora en todo el mundo, tiene para el Gobierno un foco más concreto, que ni siquiera es España, sino la Comunidad de Madrid y la presidenta de la misma, Isabel Díaz Ayuso. La ... maquinaria de Moncloa intenta convertir el primer lustro transcurrido tras el confinamiento de 2020, decretado con el estado de alarma, en algo casi monográfico sobre la gestión realizada entonces por una Ayuso que apenas llevaba meses en el cargo y que gobernaba en una turbulenta y muy mal avenida coalición con Ciudadanos (CS), con Ignacio Aguado como vicepresidente. Y mucho más en concreto, sobre lo ocurrido en residencias de mayores, donde en toda España murieron miles de ancianos en penosas situaciones de soledad y sin poder ser asistidos en el último aliento por sus familiares, como también ocurrió con muchas otras víctimas mortales de la pandemia.
«Sólo en Madrid hubo un protocolo de la vergüenza que prohibió derivar pacientes de residencias a hospitales», es el mantra elegido para esa campaña, y pronunciado este viernes mismo por el ministro para la Transformación Digital y flamante líder del PSOE madrileño, Óscar López, aunque repetido por muchos otros portavoces gubernamentales o del partido. Para López, se trata de algo «que va a perseguir a Ayuso hasta el final de los días».
La emisión el pasado jueves en Televisión Española del documental '7291', la cifra de ancianos fallecidos en los asilos, que las autoridades madrileñas rebajan hasta algo más de cuatro mil, ha ayudado a poner el foco en esta cuestión, que protagonizó ese mismo día la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Ese día fue cuando la exministra y actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, llegó a asegurar que estas personas habían sido «asesinadas», un término por el que se tuvo que retractar este viernes mismo, tras haber anunciado la propia Ayuso una querella en su contra.
La ofensiva de la izquierda madrileña contra Ayuso no es nueva, pero se ha recrudecido hasta el punto de culpar de forma directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la muerte de los miles de mayores que murieron en las residencias de esta región. De los fallecidos en otras comunidades no dicen nada, a pesar de que el ejecutivo regional recuerda que la tasa de mortalidad en las residencias fue mayor en otras cuatro comunidades: Cataluña, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha.
Hasta esta misma semana, el Gobierno de Ayuso había optado por ignorar casi por completo la campaña de la izquierda. Los populares siempre se han sentido avalados en su gestión por los madrileños, con dos elecciones autonómicas de por medio que desembocaron en una mayoría absoluta para Ayuso en 2023. Además, esgrimen que la Justicia les está dando la razón sobre lo realizado en la pandemia y en las residencias, con más de sesenta judiciales a favor y ni una sola en contra.
En los últimos meses, en coincidencia con el aterrizaje de Óscar López al frente del PSOE de Madrid, los socialistas han disparado la presión contra Ayuso por los muertos en las residencias, con una orden directa desde la ejecutiva socialista al grupo parlamentario en la Asamblea para que arrinconen a la presidenta regional al máximo. El Gobierno regional ha reaccionado esta semana con una respuesta directa a las acusaciones vertidas contra Ayuso, en coincidencia con la emisión del documental '7.291' en la televisión pública nacional.
Este viernes, desde Londres, donde se encuentra de viaje institucional hasta el próximo lunes, Ayuso volvió a tachar de falsa la cifra de 7.291 fallecidos, negó la existencia de los 'protocolos de la vergüenza' que denuncia la izquierda y lamentó que el PSOE se dedique a «usar los muertos» para intentar desgastar a un rival político. En esa línea, advirtió de que Pedro Sánchez debería responsabilizarse de las 130.000 muertes estimadas por Covid que hubo en toda España. Además, denunció el «despliegue sin precedentes» de RTVE para «retorcer el dolor de las familias». Ayuso anunció que ante las acusaciones «gravísimas» de la izquierda , acudiría en amparo a la justicia: «No para nosotros, sino para esos profesionales que no tienen por qué seguir escuchando esos ataques».
«Punto de no retorno»
Los ataques contra Ayuso se dirigieron desde el frente parlamentario, en la Asamblea de Madrid, pero también desde el PSOE a todos los niveles y desde el Gobierno, con ministros lanzados contra la presidenta. El delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid, Francisco Martín, apuntó directamente a Ayuso como responsable de las muertes en las residencias y el PP de Madrid dijo basta.
El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, envió una carta al delegado del Gobierno en la que le anuncia la ruptura de relaciones del partido con la Delegación, salvo la coordinación imprescindible para las medidas de seguridad. «Su mensaje en redes sociales culpando directamente a la Presidenta Díaz Ayuso y su Gobierno del drama en las residencias de Madrid, es un punto de no retorno que no vamos a pasar por alto. Es la gota que colma el vaso de la indecencia humana y política», avisó el número dos de Ayuso.
«El nuevo delegado viene directamente desde la Moncloa como comisario, no viene para trabajar ni por la seguridad ni por los problemas de Madrid. Desde el primer día ha buscado la más absoluta confrontación con insultos y con ataques», denunció la presidenta madrileña, quien advirtió de que ya ha pasado límites «inasumibles», cuando les acusa «prácticamente de asesinatos».
En la Asamblea, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ya había denunciado el día anterior que una diputada del PSOE, que se presentó en el Pleno con una camiseta negra donde se leía '7.291 vidas', les había llamado «asesinos». La diputada, cuando escuchó la denuncia, no lo negó.
Quien lo dijo expresamente y ante los micrófonos fue la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, al hablar de «7.291 personas asesinadas». El consejero de Presidencia y portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, anunció una querella contra Maroto. «No todo vale en política», avisó. La portavoz municipal del PSOE se retractó y reconoció su error: «No fueron las palabras más adecuadas. No fue mi intención acusar a nadie de asesinato».
No entonó ese 'mea culpa' cuando el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunció la ruptura de las relaciones con «el grupo municipal sanchista» de Reyes Maroto tras unas declaraciones «inaceptables, nauseabundas e indecentes». «No podemos permitir que sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal. Tenemos que poner un límite. Esto es un delito», añadió Almeida. En la práctica, esto supone que se corta la comunicación y las reuniones con los ediles socialistas, incluso en las Juntas de Distrito, y solo se les invitará a los actos que correspondan como miembros de la corporación municipal. A este 'divorcio' la portavoz del PSOE en el consistorio se limitó a contestar en X: «No se puede romper lo que nunca ha existido». Hay choque para rato.
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