Auge de la prostitución en Madrid: ya son más de 800 pisos burdeles

No son solo valoraciones. Según la Fiscalía General del Estado, durante el último ejercicio completo (2021), los delitos asociados a la trata aumentaron un 37,5%. De ellos, el 67,2% son relativos a la explotación sexual (277 víctimas constatadas), de las que el 98,5% eran mujeres o niñas; la esclavitud laboral (en la que están muy presentes las nicaragüenses) suma el 16,36% de los procedimientos llegados al Ministerio Público.

Una de las tendencias en el último año es el crecimiento del número de mujeres traídas desde Honduras hasta aquí. El propio Gobierno y organizaciones de este país se han hecho eco de las «desapariciones de mujeres y niñas». La asociación Calidad de Vida contabiliza que de enero hasta julio de 2022 se registraron 52 (32 de ellas, menores de edad). La cifra real, desde luego, sería mucho mayor. Se trata de una de las nacionalidades emergentes, como ocurre en menor medida con las salvadoreñas, explican fuentes del Instituto Armado. A la par, se está produciendo una subida de la ya de por sí importante llegada de colombianas, acuciadas por la pésima situación que se está viviendo en su país.

Bogota, Cali, Pereira, el Valle… Son los puntos de origen de estas mujeres que, en su caso, aunque directamente son conocedoras de a lo que vienen, son tan víctimas como las que lo hacen engañadas: «Utilizar el desamparo en que se encuentran, su extrema vulnerabilidad, es también trata», explica un experto en la lucha contra este tipo de sometimiento. Lo mismo pasa con las venezolanas, que no paran de llegar, muchas como peticionarias de asilo, pero que tienen a paisanos como cancerberos en pisos de la capital y localidades de los alrededores.

Precisamente, cada vez son más las viviendas donde se esconde este infierno. Hay menos en las calles y en los mal llamados clubes. La Ley de Seguridad Ciudadana (que pena la prostitución cercana a viviendas y a entornos escolares e infantiles) ha hecho mella en zonas como el polígono Marconi, en Villaverde; pero el hecho fundamental hay que buscarlo en resquicios como que esos lugares son considerados legalmente como moradas, aunque no lo sean, por lo que es necesario contar con una orden judicial para entrar en ellos: «Y para lo cual hay que constatar que hay menores o personas sometidas, siendo fundamental, sobre todo, el testimonio o denuncia de las propias víctimas, lo que sucede muy poco porque están amenazadas», precisa una fuente policial.

Un ejemplo muy ilustrativo. La primera vez que se desmantelaron los edificios burdeles del paseo de las Delicias, dos bloques enteros con viviendas exclusivamente dedicadas a la trata, se detuvo a varios proxenetas. Era principios de diciembre. Los arrestados entraron en prisión preventiva y, el 3 de enero siguiente, ya estaban en la calle. Tras varias operaciones en esos mismos pisos, continúan operativos. La rueda sigue, con los anuncios ('flyers') en los coches allí aparcados, con fotos de mujeres semidesnudas como reclamo.

Desde Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), llevan treinta años acompañando a las víctimas y a los Cuerpos de Seguridad cuando acuden a intentar rescatar a las víctimas. Les ofrecen salidas para su situación terrible y apoyo legal. Una de sus mediadoras, Ana Estévez, explica a ABC que, en los periódicos recuentos que realizan, actualmente queda reflejada la existencia de más de 800 viviendas-prostíbulos en la Comunidad de Madrid. Son las que ellas conocen, pero seguramente superan el millar. Hace unos meses, eran 600. «Y de ellas, una veintena son exclusivamente de mujeres hondureñas, que son una población emergente»»en cuanto a las víctimas de las tratas. Se multiplican por Parla, Ciudad Lineal, Carabanchel, Arganzuela, Vallecas, el eje Plaza de Castilla-Bravo Murillo-Cuatro Caminos, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Móstoles…

La reciente operación Nicki, llevada a cabo por el Grupo Operativo VII de la Brigada Provincial y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ha dado buena cuenta de cómo funcionan estas organizaciones criminales. Se han desmantelado tres viviendas, en Alcalá de Henares y Madrid, donde tenían encerradas a mujeres de este país centroamericano. Se ha detenido a 11 personas que, entre otras cosas, grababan con cámaras a las infortunadas, a las que tenían sometidas las 24 horas del día. Hay dos de ellas que han pasado a tener calidad de testigos protegidas. «También les daban sustancias [estupefacientes]», indica Ana Estévez.

El trabajo proactivo de asociaciones como estas es fundamental, por el trabajo de campo que hacen, que en algunas veces llega donde no pueden los agentes policiales por las trabas legales ya mencionadas y por la desconfianza larvada desde su país de origen, donde los niveles de corrupción de los Cuerpos de Seguridad son muy altos. De los más de 800 pisos detectados, Apramp ha podido acceder a unos 260. En este año han optado por el dispositivo de ayuda de la asociación 78 mujeres.

Reconoce un mando policial que «el número de teléfono contra la trata» (900 10 50 90), que es anónimo como el de violencia de género, «podría recibir más llamadas». No se refiere solo a las víctimas, sino a los propios vecinos de estos edificios, que ven entrar y salir hombres continuamente, «pero por miedo no avisan a la Policía».

Fuentes policiales coinciden en que lo habitual es que las capten en regiones muy pobres, «donde se multiplican los feminicidios y la violencia contra las mujeres está a la orden del día». Les ofrecen venir a España solo por unos meses, para trabajar en el servicio doméstico o a cuidar a ancianos, y luego regresar con sus familias habiendo ahorrado un buen dinero. Falso. En algunos casos son vendidas por sus propios parientes «o las captan personas muy cercanas a ellas».

Desde Apramp establecen distintas rutas por las que traen a estas esclavas a Madrid, siempre realizando una escala 'obligatoria' en París, quizá porque los controles son menores. Una vez en territorio Schengen, hacen un último vuelo hasta Barajas o llegan vía terrestre. Tegucigalpa, Comayagua, Ciudad de Panamá, París, Madrid es la ruta más común en las mafias hondureñas. «Les dicen al principio que tienen que pagar entre 4.000 y 6.000 euros por los gastos del billete de avión y el papeleo, pero al final las retienen y acumulan 'deudas' que hasta cuadruplican esas cantidades, amenazadas con su propia integridad física o de sus familias», indican desde la Guardia Civil. Incluso hay ocasiones en que las utilizan primero como mulas de la droga y, una vez aquí, las prostituyen. «Se dan situaciones en las que, por la pésima situación que tienen en su país, algunas hondureñas se sienten agradecidas a sus 'patronas', que es como las llaman, y no quieren denunciarlas», detalla Ana Estévez.

«Todo ha crecido muchísimo desde el fin del encierro por el Covid, es un asunto muy complicado. Y nada es comparable con los años que llevamos recibiendo a venezolanas y colombianas. Estas últimas han subido muchísimo últimamente», insisten en la Benemérita.

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