El «paraíso okupa» de Parla: 800 viviendas municipales usurpadas

Desde hace una década, el problema de la okupación se ha enquistado en la localidad de Parla , que se ha convertido en una especie de «paraíso» para las mafias de la usurpación encargadas de abrir viviendas municipales que, a priori, no tienen inquilinos. El limbo legal, la quiebra de empresas gestoras o la titularidad de los edificios en manos de bancos son algunos de los factores que impiden poner fin a este escenario. La situación se da, al menos, en tres bloques: Toledo, 15, Fuente Arenosa, 1, y Fuenlabrada, 75. Según cifras de la oposición en el Ayuntamiento, en solo estas tres urbanizaciones hay 800 pisos okupados. Sin embargo, desde el Ejecutivo –liderado por PSOE y Unidas Podemos– aseguran que actualmente están trabajando para poder «clarificar los datos relativos a viviendas en situación irregular , números que en estos momentos no están claros, si bien no apuntan a datos alarmantes según las estimaciones».

Los tres bloques pertenecen al Plan Municipal de Vivienda del Consistorio, una iniciativa que pretendía dar salida al problema de acceso a la vivienda digna que había –y hay– en esta localidad de 130.000 habitantes. Las promociones se adjudicaron a empresas diferentes que eran las encargadas de la construcción y los alquileres, pero quebraron , dejando a los solicitantes en «stand by». Los bancos entraron en escena. Y también las mafias. Actualmente, el bloque de la calle de Toledo, con 270 viviendas , no tiene adjudicado el derecho de la superficie, algo que se dirime en los tribunales; Fuente Arenosa está gestionado por Solvia, con el derecho de superficie a manos de la Sareb ; y Fuenlabrada pertenece al BBVA.

En este último, la mayoría de vecinos ilegales son de origen magrebí. «Mi marido fue el que se metió y consiguió las llaves . No sé cómo lo hizo», cuenta una de las residentes, que prefiere no dar su nombre. Ella, su esposo y su hija llegaron hace un año tras quedarse sin trabajo y vencer el alquiler de 400 euros que pagaban, según indica. «Ahora no pagamos nada, ni agua ni luz . Es un piso muy pequeño, con un dormitorio, un baño y cocina», continúa mientras observa cómo su hija juega con otros niños. «Las inmobiliarias piden tener sueldos altos, ¿cómo lo hacemos sin trabajo ? No podemos pagar», termina.

A su lado hay otra mujer. En este caso, entró hace solo seis meses. « Nos dijeron que un piso se había quedado libre y que si queríamos las llaves. Mi marido dijo que sí y nos vinimos a vivir aquí», dice ella, de nacionalidad marroquí. La joven explica que cuando llegaron no había ningún suministro y que tuvieron que «arreglarlo y engancharse».

«En la actualidad, en las promociones aludidas vive un alto porcentaje de familias en graves situaciones de vulnerabilidad , dispuestas a regularizar su situación», inciden desde el Ayuntamiento, que manifiestan estar manteniendo «reuniones periódicas» con ellas para «conocer de primera mano las necesidades y situaciones sobre las que actuar para mejorar su situación».

En este sentido, dejan también claro que es función de los bancos realizar un mantenimiento adecuado de los edificios y de la gestión de los alquileres. «La responsabilidad de la situación de las promociones les corresponde a estas entidades y ha sido la pésima gestión la que ha llevado a la situación actual de las mismas», argumentan, entre críticas. La Sareb, en lo que concierne al edificio que ellos gestionan, ya ha iniciado los trámites para legalizar mediante alquiler a algunas familias (menos de una treintena de 260 casas estaban legales) y el BBVA, por su parte, intentó varios desalojos de los pisos de la calle de Fuenlabrada, el último hace dos años y paralizado por la presencia de menores .

«Hay un grave problema de okupación en la ciudad», afirman tajantes desde el PP: «Esto es el limbo para los okupas, damos una imagen muy mala y la sensación de que todo vale». Para ellos, la única solución es el desalojo masivo que no llega. «Salen hoy unos y mañana entran otros», continúan.

Fadua vive en el bloque 8A de Toledo, 15. «Teníamos un contrato con una fundación social, pero se cerró. Ahora solo pagamos agua cada dos meses y luz cada mes», dice ella, desde la ventana del primero. Said llegó al enclave en el año 2012. «Nadie nos ha reclamado dinero. Antes había mucha gente problemática, que tomaba droga, pero todo eso ha cambiado, solo hay familias con niños», dice.

Él es vecino de Fidel, español que perdió su casa tras el cierre de su negocio. «Alguien me dijo que había un piso vacío. Entré y desde entonces solo pago agua y luz», explica. Los vecinos de los chalés cercanos coinciden en que desde que se regularizaron los suministros los problemas han menguado .

Pero las okupaciones no se dan solo en pisos gestionados por bancos. En Ernesto Sabato los vecinos pagaron 800 euros a dos personas para que abandonasen uno de los chalés, propiedad de un ciudadano chino. «Vimos cómo llegaron con una furgoneta y empezaron a descargar cosas. Los que los acompañaban dieron una patada a la puerta, rompieron el bombín y entraron », sostiene uno de los moradores. A ellos les explicaron que habían pagado 500 euros por la casa y les exigieron más dinero para irse. «Sacamos los 800 euros de la cuenta de la comunidad, como una derrama», continúa: «Después de darles el dinero volvieron a llamar a los de la furgoneta y se marcharon. Nunca nos había pasado esto, estamos alerta. Parece que tienen impunidad para okupar».