La ley de Memoria pactada por el PSOE con los radicales no cita ni una vez al terrorismo
Sus 48 páginas ignoran a las víctimas de atentados de la Transición, los años en los que más mató ETA
El proyecto de Ley de Memoria Democrática pactado por el PSOE con Bildu –entre otros– no cita ni una sola vez al terrorismo, que constituyó una amenaza directa a la consolidación de la democracia tras la dictadura. La Transición tuvo que sortear el gran ... foco de desestabilización que supuso el terrorismo, protagonizado desde la ultraizquierda independentista por ETA, pero también por el Grapo de inspiración comunista, junto a otros grupúsculos minoritarios, caso del terrorismo de ultraderecha. Su objetivo era combatir el proceso democrático para imponer tesis totalitarias.
La estrategia de ETA fue acumular el mayor número posible de atentados y víctimas. Sus años más sanguinarios fueron precisamente los de la Transición. En el sexenio 1978-1983, ETA asesinó a 359 personas. Su macabro récord lo alcanzó en 1980, con un total de 98 muertos, a una cruel media de dos por semana. Y a ellos se suma la larga lista de heridos y de vidas rotas –huérfanos, viudas, exiliados por el miedo...–.
Los datos de ese sexenio son especialmente relevantes, porque justo esos años son los que Bildu, la heredera política de ETA, ha conseguido que la ley de memoria ponga en tela de juicio por una pretendida 'deficiencia' democrática derivada de supuestas reminiscencias franquistas. Es un argumento que también usaba ETA para justificar su terror. Ahora, el PSOE ha abierto la puerta a ese revisionismo reclamado por Bildu. Sin embargo, obvia a las víctimas del terrorismo.
Hace escasos días, la ponencia constituida en el Congreso para impulsar la ley de Memoria culminaba su trabajo e incluía esas concesiones del PSOE a Bildu. El texto que sigue ahora su tramitación parlamentaria suma un total 48 páginas, pero en ninguna se cita las palabras ETA, terrorismo o terroristas. En el relato de la ley de memoria no hay ni rastro de las acciones etarras ni de la sangre que derramaron. Ni una sola referencia a sus víctimas. Tampoco al Grapo. Es como si el terrorismo no hubiera existido en aquellos años, en los que a sangre y fuego intentó dinamitar la Transición, la democracia.
En el relato sobre el que se sustenta el proyecto de ley no hay ni rastro de las acciones etarras ni de la sangre que derramaron
En este proyecto de ley, tal y como ha quedado redactado, aparece veinte veces la palabra «violencia», pero ni una sola ligada al terrorismo. Eso a pesar de que los atentados etarras cundieron especialmente entre 1978 y 1983, los años a los que Bildu ha logrado extender la ley de Memoria.
En 1983 ya se habían celebrado tres elecciones generales –además de las citas con las urnas municipales y autonómicas–, la Constitución llevaba cinco años en vigor y hacía seis que España había promulgado una Ley de Amnistía que incluyó, entre sus beneficiarios, a los etarras que quisieron abandonar la banda y abrazar la democracia. En ETA, sin embargo, se impuso la línea dura, la apuesta por el terror contra la democracia que había logrado abrirse paso tras la dictadura.
Las tesis del terror etarra
En 1982, las tesis de la asamblea celebrada por ETA dejaban clara su batalla contra el régimen constitucional. En la documentación que quedó de aquel cónclave se insiste en la «violencia revolucionaria» contra lo que calificaba, despectivamente, como «democracia burguesa». Censuraba la «política de derechización» del PSOE y apostaba por «acumular a lo largo del proceso revolucionario el nivel de violencia necesario en cada fase del mismo», con un «dispositivo político-militar para ejercerlo». ETA mató aquel año a 40 personas. Al siguiente, en 1983, acabó con otras 41 vidas.
La ley de Memoria pactada por el PSOE esquiva a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, a propuesta de Bildu, prevé que una «comisión técnica» identifique «los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». Esa extensión temporal permitirá poner el foco en las acciones de los GAL, la guerra sucia contra ETA.