El juez pide datos a Microsoft sobre el presunto hackeo a los abogados del novio de Ayuso

En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, el juez solicita a la compañía, por un lado, el registro de todos los procesos registrados entre los días 2 y 3 de abril de 2024, los días del presunto ciberataque, en las cuentas del despacho afectadas -la del abogado penalista Carlos Neira y su asesor fiscalista, Juan de Dios Nieto-, «mostrando además de las transacciones la identificación de los accesos a dichas cuentas (incluyendo dirección IP y cualquier otro dato identificativo albergado en el servidor)».

Por otro, el instructor también ha pedido información «sobre las reglas concretas del Agente ZAP» -un mecanismo de seguridad que detecta y elimina de forma retroactiva mensajes de correo electrónico maliciosos- «que hubieran causado la supuesta desaparición» de los mencionados correos.

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Adriana Cabezas

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La resolución, dictada por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid -quien igualmente dirige la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-, tiene fecha de 18 de diciembre, si bien no había trascendido hasta ahora.

Por su parte, Microsoft respondió al requerimiento del juzgado con una serie de indicaciones. Lo hizo en un escrito, fechado el 12 de febrero y al que también ha tenido acceso este diario, en el que su letrada explicaba que los datos de los usuarios que utilizan sus servicios de correo electrónico «no se encuentran en territorio español, ni bajo posesión, control o capacidad de acceso por parte de ninguna entidad ubicada en España».

Por ello, argumentaba la abogada, para poder gestionar la petición judicial «resulta imprescindible» que los requerimientos del juzgado «estén en inglés o adjunten una traducción literal». Y se haga constar, además, «con el mayor detalle posible la información que se solicita, el tipo delictivo investigado y el domicilio social completo de la compañía», encontrándose éste en Dublín (Irlanda).

Asimismo ha solicitado que los oficios que se dirijan a Microsoft se realicen a través del portal que la compañía tiene habilitado, Law Enforcement, y recomienda su tramitación a través de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «con el fin de agilizar la gestión de los mandamientos judiciales».

Fue el 16 de abril de 2024 cuando Peinado abrió diligencias de investigación, tras recibir por reparto la denuncia de los abogados de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por un posible delito de revelación de secretos, al entender que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido» era «procedente» practicar «aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias» del suceso, así como sus posibles autores.

En la denuncia presentada por Neira y Nieto sólo unos días antes, el 5 de abril de 2024, exponían que «en el marco de su asesoramiento profesional» ambos tenían en sus cuentas de correo electrónicas corporativas comunicaciones «para el intercambio de información y documentación» con González Amador, a quien defienden en la causa que sigue contra él el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por un fraude a Hacienda de 350.000 euros. En aquellas fechas, además, la pareja de la presidenta regional se querellaba contra la fiscal jefa de Madrid por la difusión de una nota de prensa sobre su caso que, posteriormente, ha acabado también con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Las dos cuentas de correo -expone la denuncia- «recibieron en la mañana del día 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, un correo electrónico enviado desde el correo personal» de Ayuso, «correo que fue respondido» por el asesor fiscalista. Horas después, relata, «durante la tarde del día 2 de abril esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas ya el día 3 de abril a las 00 horas y 09 minutos», en el caso de la dirección de correo de Neira «y a las 00 horas y 11 minutos» en el caso de la cuenta de Nieto.

La denuncia recogía las conclusiones de un perito de parte que, tras analizar preliminarmente los sistemas del despacho de abogados determinó, según el escrito, que los abogados habían sido víctimas de un ciberataque que «habría consistido en retirar la información (los correos electrónicos) de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas».

Este tipo de técnicas, prosigue el escrito, «son comúnmente utilizadas cuando un tercero quiere acceder a determinada información hackeando un sistema y dejando el mínimo rastro técnico posible del acceso, y por ello acceden, trasladan la información para su consulta y la vuelven a dejar en el sistema». El perito de dicho informe ya ratificó sus conclusiones ante el juez Peinado, según las fuentes jurídicas consultadas. Mientras que los abogados de González Amador dieron su versión de los hechos el pasado 1 de julio.

Cabe recordar que la pareja de Ayuso está imputado en otro juzgado de Madrid por falsedad documental y dos delitos contra el impuesto de sociedades por haber defraudado a Hacienda 350.000 euros, según reconoció su defensa por escrito.

Además, la instructora le ha citado el próximo 10 de abril para que responda también por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal a raíz de la apertura de una nueva línea de investigación relacionada con Quirón Prevención.