La izquierda y Vox arremeten contra Feijóo tras el giro del PP sobre el aborto

El líder de la oposición, que tras respaldar -en un giro histórico de su formación- la ley de plazos que ahora ha avalado el Tribunal Constitucional (TC), señaló el pasado miércoles que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho universal ni constitucional, pero que sí es «un derecho que tiene la mujer de acuerdo con la ley de su país», se llevó las críticas tanto de la izquierda como de Vox. De los primeros porque consideran que el giro del Partido Popular (PP) no es tal, al no salir de su boca la palabra 'derecho', a secas y sin matices, para referirse a la interrupción del embarazo. Así lo manifestó la diputada socialista Laura Berga, quien espetó a la bancada popular: «Que el aborto sea un derecho no depende de ustedes, sino de la mayoría». «El aborto es un derecho, aunque al señor Feijóo no se lo parezca», intentó zanjar, en declaraciones a los medios antes de entrar al Hemiciclo, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Los de Santiago Abascal, por su parte, enfatizaron que «el derecho al aborto en España es la máxima expresión de la barbarie», como dijo desde la tribuna de oradores su diputada Lourdes Méndez. La parlamentaria llegó incluso a calificarlo de un acto de «sadismo» y añadió que «el derecho a la vida del no nacido es un derecho fundamental que no se decide por consenso».

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El propio Abascal ha utilizado este asunto para equiparar al PP con el PSOE, ya que, a su juicio, como dijo con sarcasmo este fin de semana en un mitin, «son lo mismo con diez años de retraso».

En el debate parlamentario, la diputada del PP Marta González Vázquez se centró en las críticas del primer partido de la oposición a los aspectos en los que justifican su voto contrario a la norma, en el que coincidieron con Vox, Ciudadanos (CS) y uno de los cuatro diputados del PDecat, Ferran Bel, mientras que los otros tres parlamentarios de la extinta Convergencia (separados ahora de Junts) se abstuvieron.

Así, la diputada popular citó como una «intromisión en la patria potestad de los padres» la eliminación del necesario permiso de los progenitores para las menores de edad que decidan interrumpir su embarazo.

La socialista Laura Berga, en cambio, presumió de esta modificación que revierte la reforma realizada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. «El PP quitó a las jóvenes de 16 y 17 años su derecho a abortar y en 2015 ya dijimos que repararíamos eso», blasonó desde la tribuna de oradores del Congreso.

Lo mismo sucedió cuando los portavoces abordaron las novedades que incorpora la nueva norma, fundamentalmente la eliminación del periodo de reflexión de tres días que se daba antes de practicar una interrupción del embarazo o el sobre con información que hasta ahora había que entregar a las mujeres en esa situación. Y también la creación de un registro con los médicos que objeten de conciencia, con el propósito de garantizar que el aborto se pueda practicar en toda la red pública de hospitales. «Hay que trabajar para que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para practicar abortos», señaló Irene Montero.

Otro aspecto reseñable es la prohibición de las concentraciones que ante las clínicas abortistas suelen convocar los grupos «provida». La popular González Vázquez recordó que todos estos fueron puntos discutidos en su día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe que redactó al respecto. E incluso acusó al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos de tratar de «manera infantil» a las mujeres por oponerse a que se les proporcione esa información que se incluía en el citado sobre.