El Gobierno desprecia el apoyo del PP para salvar sus decretos

Para alcanzar la mayoría simple requerida, el Ejecutivo necesitaría al más díscolo y rocoso de sus aliados de la investidura, Junts per Catalunya, que se ha desmarcado, o en su defecto al Partido Popular (PP). En el caso del primer partido de la oposición, el mayoritario del Parlamento con 137 escaños, bastaría incluso con una abstención para sacar adelante los tres decretos, o alguno de ellos.

Pero el Gobierno, lejos de distender las relaciones con los de Alberto Núñez Feijóo, a los que se telefoneó hasta en tres ocasiones y al más alto nivel –Félix Bolaños llamó dos veces a la número dos popular, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hizo lo propio con el vicesecretario popular, Borja Sémper– entre el fin de semana de Reyes y el lunes, decidió ayer seguir despreciando a los populares y su apoyo. Y hacerlo, además, desde la sala de prensa de La Moncloa, con motivo de la primera comparecencia posterior al primer Consejo de Ministros del año. La portavoz, Pilar Alegría, flanqueada en esta ocasión por el flamante ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y por el titular de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, no dio tregua a los populares cada vez que las preguntas de los informadores se lo permitieron.

Así, señaló que «sería deseable por parte del Partido Popular que si quiere trabajar en beneficio de los ciudadanos de este país por una vez tuvieran un comportamiento corresponsable, una actitud constructiva»; se refirió a la propuesta del PP de llevar algunas medidas de los decretos a otras iniciativas legislativas para darles su respaldo como «un capricho» y en tono casi paternalista deslizó que en Génova «deberían acostumbrarse al diálogo». Todo ello mientras cantaba la buena nueva de algunas de las medidas, como el aumento de 52 euros al mes para los pensionistas o las ayudas al transporte. Sobre esto último puso un ejemplo tipo, el de una familia con dos hijos mayores de 14 años que viva en la periferia de Madrid, que con la gratuidad y las ayudas al Cercanías y otros transportes se ahorra al año, según sus cálculos, 3.290 euros.

Alegría, en cambio, puso buen cuidado en no incomodar a Junts, cuyos previsibles siete noes son la principal causa de los desvelos del Ejecutivo ante la votación de hoy. Los de Carles Puigdemont no recibieron desde Moncloa lecciones sobre diálogo, ni se afeó ninguno de sus planteamientos, ni se puso el ejemplo de lo que sufriría una familia del extrarradio de Barcelona si no sale adelante la renovación de las ayudas al transporte. El ejemplo de marras se refirió a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.

De hecho, se evitó en todo momento un pronunciamiento claro sobre la medida con la que se descolgaron los independentistas de derechas a cambio de su apoyo, la de sancionar a las empresas que en su día, y como consecuencia del 'procés', retiraron su sede social en Cataluña. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario dijeron a varias preguntas (y repreguntas pidiendo más concreción) Alegría y el debutante Cuerpo, que se limitaron a subrayar la importancia de la «seguridad jurídica». No era una actitud casual, sino un intento de no soliviantar aún más a uno de los grupos clave en el devenir de la legislatura, como dejan entrever fuentes gubernamentales.

Tampoco hablaron Alegría y Cuerpo de la postura de Podemos, otro de los socios díscolos que, en este caso, no ha querido especificar su voto, aunque la formación amenaza con votar en contra del decreto de empleo, por considerar que supondrá recortes en las pensiones de los mayores de 52 años, algo que Trabajo niega. En realidad, la postura de fuerza de los de Ione Belarra busca que el Gobierno inicie con ellos un diálogo que no se ha producido desde su escisión de Sumar, allá por el mes de diciembre. En definitiva, que les habilite de facto como socios necesarios de la legislatura.

La respuesta del PP la ofreció el propio Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó el Comité Ejecutivo Nacional para reiterar la posición de su partido antes de la votación de hoy. «Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios. No nos pueden pedir pactos de Estado para seguir desmantelando el Estado desde el Gobierno», señaló el líder de la oposición, quien dejó entrever que el PP presentará iniciativas en el Congreso para tratar de paliar los posibles perjuicios a los ciudadanos si no se aprueban algunas de las medidas.

«No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses. Si caen los decretos por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello que hemos pedido y estamos de acuerdo», puntualizó, al tiempo que puso de relieve la debilidad del Ejecutivo. «Es Junts, desde Bruselas o desde Ginebra el que decide lo que se aprueba. Es la imagen de la debilidad y de la división y lo que consiga el Gobierno tendrá sin duda un precio exorbitado; se entregará medio gobierno de Barcelona para que se apoye un decreto; se entregarán amnistías e indultos para aprobar unos presupuestos; es decir, se hará lo que sea necesario para seguir en la Moncloa», espetó Feijóo ante los barones territoriales del partido y varios de los alcaldes.